La última encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de junio, profundiza el respaldo ciudadano a endurecer la responsabilidad penal adolescente que esta cobertura ya documentó en su análisis general de ese sondeo. Un 76% de los consultados cree que los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometen homicidios, secuestros o violaciones deben ser juzgados como adultos, frente a solo un 21% que prefiere mantenerlos bajo el régimen especial vigente. Un 62% respalda además la creación de cárceles especiales exclusivas para menores que cometen delitos graves, y un 51% atribuye la principal responsabilidad de la delincuencia juvenil a las propias familias de los adolescentes involucrados.

El contexto: la encerrona de San Bernardo reactivó el debate

Esta encuesta se conoció en el mismo contexto que ya documentó esta cobertura: la reactivación del debate sobre responsabilidad penal adolescente tras la muerte de un niño de 12 años durante la fatal encerrona en San Bernardo, un caso en que dos de los cinco involucrados eran, ellos mismos, menores de edad. Es ese episodio específico el que reabrió, con una intensidad que la propia cifra de 76% confirma, la discusión pública sobre si el sistema chileno de justicia juvenil responde de manera proporcional a los delitos más extremos cometidos por adolescentes.

El núcleo del respaldo: 76% a favor del juicio como adulto para delitos extremos

El dato central del sondeo confirma, con una magnitud que ningún sector político puede ignorar, que un 76% de los consultados considera que los jóvenes de 14 a 17 años que cometen delitos de la gravedad de un homicidio, un secuestro o una violación deben ser juzgados con el mismo estándar que un adulto. Solo un 21% prefiere que esos casos continúen procesándose bajo el régimen especial de responsabilidad penal adolescente vigente en Chile.

Es una proporción de prácticamente cuatro a uno a favor del endurecimiento, lo que confirma que esta no es una demanda marginal ni circunscrita a un sector ideológico específico del electorado, sino un consenso social mayoritario que trasciende ampliamente las fronteras entre oficialismo y oposición.

El debate sobre la edad mínima: opiniones más divididas

Donde el sondeo revela mayor dispersión es en la pregunta sobre la edad mínima de responsabilidad penal, que en Chile se fija actualmente en los 14 años. Un 36% de los consultados cree que esa edad debería reducirse a los 12 años, mientras que un 32% considera que debe mantenerse en los 14 años actuales. Es una diferencia de apenas cuatro puntos entre ambas posiciones, lo que confirma que, a diferencia del consenso amplio sobre juzgar como adultos a quienes cometen los delitos más graves, la pregunta específica sobre dónde fijar el umbral mínimo de responsabilidad penal no cuenta con una mayoría tan clara en ningún sentido.

Un dato adicional, que merece leerse junto al anterior, es que un 42% sostiene que la edad mínima para que un adolescente pueda ser juzgado como adulto —es decir, no la edad de responsabilidad penal general, sino el umbral específico para el régimen de adultos— debería fijarse precisamente en los 14 años, la misma edad que hoy marca el inicio de la responsabilidad penal adolescente en el sistema chileno.

Apoyo mayoritario a cárceles especiales para menores

El sondeo consultó también sobre el lugar físico donde deberían cumplir condena los adolescentes responsables de delitos graves. Un 62% se manifestó a favor de la existencia de cárceles especiales exclusivas para menores de edad, mientras que un 34% considera que deberían permanecer en recintos penitenciarios junto a la población adulta.

Es un resultado que matiza, de manera importante, el respaldo al endurecimiento general que el propio sondeo documenta: la ciudadanía respalda mayoritariamente que los adolescentes que cometen delitos graves enfrenten un estándar de juicio equivalente al de un adulto, pero al mismo tiempo prefiere que el cumplimiento de esa condena ocurra en infraestructura separada y específica para menores, no en convivencia directa con la población penal adulta. Es una posición que combina firmeza punitiva con un criterio de separación física que, en términos de política penitenciaria, busca evitar los riesgos adicionales que la convivencia entre adolescentes y adultos condenados podría generar dentro de los recintos.

Las causas: 51% culpa a las familias, 29% pide intervención temprana

El sondeo aborda además las causas que, a juicio de los consultados, explican el fenómeno de la delincuencia juvenil grave. Un 51% atribuye la principal responsabilidad a las familias de los adolescentes involucrados en delitos graves, una cifra que supera ampliamente a cualquier otra explicación alternativa que el propio sondeo haya medido.

Respecto de las medidas que podrían reducir la participación de menores en hechos delictuales hacia adelante, un 29% identificó la intervención temprana en barrios con alta delincuencia juvenil como la acción más efectiva, mientras que un 27% apuntó a disminuir la edad de responsabilidad penal como la medida prioritaria. Es interesante notar que esta última cifra —27%— es casi idéntica al 36% que, en la pregunta específica sobre la edad mínima, respaldaba bajarla a los 12 años, lo que sugiere una consistencia razonable entre ambas mediciones del mismo sondeo.

Lo que este desglose confirma, sumado al panorama ya documentado

Este informe complementa, con un nivel de detalle considerablemente mayor, el panorama que esta cobertura ya había presentado al analizar el resultado general de la encuesta Cadem de esta semana. Lo que ambos informes confirman, en conjunto, es que la demanda ciudadana por endurecer la responsabilidad penal adolescente frente a los delitos más graves no es un fenómeno superficial ni efímero ligado únicamente a la indignación inmediata por el caso de San Bernardo: se sostiene sobre una mayoría de casi cuatro a uno, se complementa con un respaldo mayoritario a la infraestructura especializada para el cumplimiento de condenas, y convive con una atribución de responsabilidad hacia las familias que sugiere que la ciudadanía no concibe este problema únicamente como una falla del sistema judicial, sino como un fenómeno con raíces sociales y familiares que ninguna reforma legal, por sí sola, podría resolver completamente.