La Contraloría General de la República publicó el Informe Final N°80 de 2026, resultado de una auditoría al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento de la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Es decir, el año completo de la administración Boric en su etapa final. Lo que encontró la Contraloría no es un error administrativo aislado ni una falla técnica menor. Es el retrato fiel de cómo la izquierda chilena administra el Estado cuando nadie la mira: con los fondos públicos destinados a los agricultores más pobres del país fluyendo hacia cultivadores de marihuana, propietarios de automóviles de más de $128 millones y personas que ni siquiera pueden acreditar que tienen tierra.

Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la realidad chilena con la distancia que permite ver con claridad lo que quienes están adentro normalizan, este informe de Contraloría es una pieza más en el rompecabezas que venimos documentando desde hace meses: el gobierno de Boric no fue solo ideológicamente equivocado. Fue administrativamente negligente de forma sistemática, con consecuencias reales sobre los recursos de todos los chilenos y sobre los agricultores más vulnerables del país, que son precisamente quienes debían recibir estos créditos.

Los números que no tienen defensa posible

El Informe Final N°80 de la CGR es un documento técnico. Seco, preciso y demoledor. Sus hallazgos no admiten interpretación ni matiz. Son cifras y hechos.

El primer hallazgo golpea directamente la lógica más básica del programa. INDAP no realizó acciones de fiscalización respecto de tres beneficiarios de créditos de fomento que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios. Dos de esos casos correspondían a existencia y cultivo de plantas de marihuana. El tercero, a usurpación de aguas. Traducido al lenguaje directo que este tipo de hallazgos merece: el Estado chileno, durante el gobierno de Boric, prestó dinero de todos los chilenos a personas cuyos predios tenían plantaciones de marihuana, y nadie en el INDAP consideró pertinente revisar eso antes de aprobar los créditos.

El segundo hallazgo es igualmente indefendible. Diez personas beneficiadas con créditos de fomento — recursos destinados por definición a los agricultores más pequeños y vulnerables del país — registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF, equivalentes a más de $128 millones al valor actual. No es una moto ni una camioneta de trabajo. Son autos valorados en más de $128 millones. Y el INDAP los calificó como beneficiarios elegibles del programa de crédito rural para pequeños agricultores. Además, dos personas presentaban un capital propio tributario superior a ese mismo umbral, lo que también contraviene directamente las condiciones de elegibilidad del programa.

El tercer hallazgo suma $51.950.000 en créditos entregados a 16 personas que mostraban ingresos de actividades completamente distintas a la explotación agrícola: remuneraciones de empleos, honorarios profesionales y arriendos. El requisito del programa establece con claridad que la principal fuente de ingresos del beneficiario debe ser la actividad agrícola. No lo era. No importó.

Hay más. Veintitrés personas recibieron créditos por un total de $62.155.496 sin poder acreditar una forma de tenencia legítima de los predios que declaraban. Figuraban en su mayoría como meros "ocupantes" o bajo categorías indefinidas, sin que el INDAP estableciera criterios claros para descartar irregularidades. En términos simples: prestaron dinero público a personas que no podían demostrar que tenían tierra.

Los $503 millones que se fueron sin control socioeconómico

El informe agrega una dimensión adicional que revela la magnitud del problema de control. En ocho casos, beneficiarios que recibieron créditos por $51 millones no cumplían el requisito de encontrarse entre el 0% y el 70% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Y 95 personas que recibieron en total más de $503 millones tenían una calificación socioeconómica superior al 70%, es decir, estaban fuera del rango de vulnerabilidad que justifica el acceso al programa.

Para ponerlo en perspectiva: más de $503 millones de recursos públicos destinados a apoyar a los agricultores más pobres de Chile fueron a parar a personas que, según el propio Registro Social de Hogares del Estado, no se encuentran entre los más vulnerables del país. Eso no es una distorsión marginal del programa. Es la captura sistemática de beneficios públicos por personas que no los necesitan ni los merecen, mientras los que sí los necesitan se quedan afuera.

El 6% que desnuda la negligencia institucional

Quizás el dato más revelador de la auditoría, en términos de negligencia institucional comprobada, es el siguiente: de 566 créditos de corto plazo otorgados durante 2024, el INDAP realizó apenas 36 supervisiones en terreno. Eso equivale al 6% del total. La normativa interna de la propia institución exige un mínimo del 10%. Es decir, el INDAP no solo incumplió las normas de elegibilidad al otorgar los créditos. También incumplió sus propias normas de supervisión posterior. Entregó el dinero y se desentendió. Así, con esa simpleza escandalosa.

Cuatrocientos ochenta y un créditos fueron otorgados a personas individualizadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin que mediara ningún proceso de actualización o reevaluación periódica de su condición. La institución simplemente siguió depositándoles los beneficios sin preguntarse si seguían siendo elegibles. No hubo revisión. No hubo control. No hubo responsabilidad.

El patrón que ya conocemos: el Caso Convenios era el síntoma, esto es la enfermedad

Cuando desde VDI Global documentamos el Caso Convenios — los $90 mil millones en cuestionamiento que involucran a la administración Boric en el uso irregular de fondos públicos canalizados a organizaciones ideológicamente afines — lo presentamos como un síntoma de algo más profundo y estructural. Lo que revela el INDAP confirma esa lectura.

No es que algunos funcionarios hayan cometido irregularidades aisladas mientras el resto de la administración operaba con rigor. El patrón que emerge de la auditoría de Contraloría al INDAP es el de una institución que durante 2024 operó sin controles reales, sin supervisión efectiva, sin verificación de requisitos y sin mecanismos de rendición de cuentas funcionales. Eso no se construye en un mes ni es producto de descuido accidental. Es el resultado de una cultura institucional que, bajo el gobierno de Boric, consideró que los controles eran obstáculos para la distribución ideológica de recursos, no herramientas de protección del dinero público.

Los créditos del INDAP no son cifras abstractas. Son recursos que el Estado chileno destina específicamente a los agricultores más pequeños y vulnerables del país, para que puedan mantener sus cultivos, pagar sus deudas de temporada y sostener sus familias. Cada peso que fue a parar a alguien con un auto de $128 millones, a un cultivador de marihuana o a un empleado con contrato que no tenía nada que ver con la agricultura, fue un peso que no llegó al pequeño agricultor que lo necesitaba. Eso tiene un costo humano real que la frialdad de los números no puede capturar completamente.

Lo que viene y lo que el gobierno Kast debe hacer

La Contraloría instruyó al INDAP revisar todos los casos observados, evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios y ejecutar los ajustes respectivos. También dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos constatados.

Eso es el mínimo. El gobierno de Kast tiene ante sí una oportunidad y una obligación. La oportunidad: demostrar que la promesa de "administren y no roben" no es un eslogan de campaña sino una política de gestión con consecuencias reales para quienes no cumplieron. La obligación: que los procedimientos disciplinarios instructados por Contraloría lleguen a sus consecuencias lógicas, que los funcionarios responsables de haber aprobado créditos a personas con plantaciones de marihuana y autos de $128 millones enfrenten las responsabilidades que corresponden, y que el dinero mal entregado sea recuperado en la medida de lo posible.

La izquierda chilena habla permanentemente de justicia social, de redistribución y de protección de los más vulnerables. El INDAP bajo su gobierno le prestó dinero público destinado a los más vulnerables a personas con autos de $128 millones y a cultivadores de marihuana. Eso no es justicia social. Es la estafa más cínica que puede cometerse en nombre de los pobres: administrar sus programas de apoyo en beneficio de quienes no los necesitan.

Suma y sigue. El legado de Boric y su séquito no termina de revelar su verdadero tamaño.

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