Un aluvión golpeó San Carlos de Apoquindo la tarde del jueves y dejó seis lesionados, ningún fallecido reportado y unas 2.000 viviendas con barro. El Gobierno de Kast decretó zona de catástrofe para toda la comuna. La respuesta fue rápida. La pregunta incómoda es por qué las defensas no estaban.

Qué pasó

Hacia las 17:00 del jueves 8 de octubre, el desborde de la Quebrada Honda y de canales del sector arrastró barro, rocas, troncos, autos y buses por San Carlos de Apoquindo. La alcaldesa Catalina San Martín informó de más de 2.000 viviendas con problemas por barro en antejardines o interiores, 55 de ellas anegadas. Hay seis lesionados; el más grave, según la alcaldesa, un menor con fractura en una pierna. El delegado presidencial Germán Codina precisó que no hay denuncias oficiales de desaparecidos.

La emergencia alcanzó también a la Clínica U. Andes, la Clínica UC Christus y el Duoc San Carlos de Apoquindo. Casi 200 hectáreas quedaron obstruidas por el barro. Diez comunas pasaron a Alerta Roja y suspendieron las clases del viernes. Trabajaron Bomberos, Carabineros, PDI, el Ejército y equipos municipales. Una advertencia sobre las redes: la Clínica U. Andes desmintió imágenes virales de pabellones inundados.

La causa, por ahora una hipótesis

Las autoridades apuntan a mucha agua en poco tiempo sobre una ladera debilitada por el incendio de fines de diciembre, que según Conaf consumió 1.012 hectáreas. Sin vegetación que sujetara el suelo, el escurrimiento bajó sin freno. Codina presume además el bloqueo de ductos de drenaje en General Blanche. Es una explicación preliminar, y falta el informe técnico que la confirme o la corrija.

Lo que ya se sabía

El 31 de enero la zona sufrió un aluvión previo. En febrero, un informe técnico pedido por Senapred calificó el área como de “alto peligro por flujos de detritos e inundaciones” y recomendó señalética, informar a la comunidad, planes de evacuación y limpieza periódica de cauces. El 26 de marzo, la alcaldesa pidió instalar mallas dinámicas. El 7 de agosto se anunció el convenio del MOP para cinco barreras, con $754 millones y un plazo estimado de 90 días. Al jueves, no estaban listas.

La alerta

Senapred emitió un SAE pidiendo permanecer en pisos superiores, no un mensaje de evacuación. Las autoridades explican que el evento fue súbito, que la región estaba en Alerta Amarilla y que en Chile no existe monitoreo en tiempo real de remociones en masa. La senadora Fabiola Campillai anunció que oficiará a Senapred. La explicación del Gobierno es razonable; lo prudente es esperar los antecedentes antes de dar el asunto por cerrado.

Lectura editorial

Hay cosas que se hicieron bien, y conviene decirlas: el Presidente instruyó la zona de catástrofe esa misma noche, el despliegue en terreno fue amplio y la alcaldesa estuvo en la zona. Eso no es menor ante un evento de este tipo.

Pero el relato no se agota ahí. El primer aluvión y el informe técnico son anteriores al Gobierno de Kast. Siete meses después, con la administración actual y el municipio ya a cargo, las barreras tampoco estaban. La responsabilidad se reparte entre varios, y nadie tiene que esperar a las comisiones para reconocerlo.

Habrá quienes quieran usar la emergencia como munición política. Mejor sería exigir tres cosas: un cronograma público de cada obra comprometida, el informe técnico completo y una explicación clara de por qué no hubo evacuación. Chile responde bien a las emergencias. Prevenirlas, otra cosa.

Si el barro se seca antes de que se corrijan los plazos, la próxima lluvia nos encontrará igual.