A las 05:59 de la madrugada del domingo 5 de julio, personal de la Subcomisaría de Carabineros de Providencia Sur llegó hasta el domicilio registrado por la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en avenida Los Leones, para fiscalizar el cumplimiento de su arresto domiciliario total. Tocaron el citófono en reiteradas ocasiones, hicieron cuatro llamadas al celular registrado por la exmagistrada y utilizaron un aparato sonoro. Nadie respondió. Los funcionarios remitieron los antecedentes al 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en un oficio firmado el mismo día por el teniente Francisco Cabezas Andrade, informando un posible incumplimiento de la medida cautelar.

Es apenas el episodio más reciente de una causa que, desde que estalló, ha mostrado un patrón consistente: una exjueza que operó desde su propia casa para beneficiar a privados en un litigio contra el Estado, y que desde entonces ha usado cada herramienta legal disponible para evitar las consecuencias más severas de esa conducta.

Cómo la Tercera Sala falló un litigio de $12.000 millones el mismo día que se le pagó a la jueza

El caso —conocido como "Trama Bielorrusa"— se origina en 2021, cuando la empresa chilena Movitec, junto a la estatal bielorrusa Belaz, se adjudicó un contrato con Codelco por US$242 millones para el proyecto Rajo Inca, en la División El Salvador. Tras incumplimientos reiterados, retrasos y la muerte accidental de un trabajador, Codelco puso fin al contrato el 1 de febrero de 2023 y cobró boletas de garantía por más de $11.400 millones.

El 28 de junio de 2023, los abogados del consorcio —Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber— presentaron un recurso de protección contra Codelco. Dos días después, la causa fue asignada a la Tercera Sala de la Corte Suprema, que Vivanco presidía como subrogante. Pese a que el expediente de primera instancia superaba las 300 páginas, la sala acogió el recurso y falló en contra de Codelco ese mismo día. La sentencia, publicada el 4 de julio, ordenó a la estatal restituir de inmediato garantías y maquinaria.

Según estableció la investigación, esa misma tarde Vivanco habría concurrido a la oficina de Lagos y Vargas, donde recibió un pago de US$15.600. Los registros telefónicos ubicaron a ambos abogados en el domicilio de Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, esa noche; el recurso de reposición posterior fue redactado y firmado digitalmente desde esa misma casa, a las 23:44 horas. Meses después, Codelco transfirió al consorcio $4.415 millones, de los cuales la oficina de los abogados recibió $198,7 millones por "honorarios". En total, la Fiscalía sostiene que Vivanco y Migueles recibieron al menos $90 millones en sobornos, mientras Codelco terminó pagando cerca de $12.000 millones al consorcio.

De la Suprema a la cárcel, y de la cárcel a la casa

Vivanco ya había sido suspendida de la Corte Suprema en septiembre de 2024 por irregularidades detectadas en el llamado "caso Audios". El 25 de enero de 2026, tras acoger la Corte Suprema una querella de capítulos que la despojó de su fuero, fue detenida por el OS-7 de Carabineros en su domicilio de Las Condes y, al día siguiente, formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos. Se convirtió así en la primera integrante de la Corte Suprema en quedar recluida en una cárcel común durante una investigación penal, en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos permanecen en prisión preventiva desde noviembre de 2025. Vivanco, en cambio, tras más de cuatro meses recluida, obtuvo el 12 de junio de 2026 que la Corte de Apelaciones de Santiago —por unanimidad— revocara su prisión preventiva y la sustituyera por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contactar a los demás imputados. Los argumentos de su defensa fueron, principalmente, su historial de salud —incluyendo un cáncer de mama tratado con radioterapia y cirugías— y su rol como única cuidadora de su madre de 85 años, que padece demencia.

Menos de un mes después de obtener ese beneficio, Carabineros no logró contacto con ella durante una fiscalización de rutina a las seis de la mañana.

Por qué esto es más que un simple malentendido de citófono

Es importante no adelantar conclusiones que la investigación aún no ha establecido: un citófono sin respuesta a las 05:59 de un domingo no equivale, por sí solo, a una fuga o a un incumplimiento deliberado, y corresponde al tribunal determinar si hubo una infracción real de la medida cautelar. Pero el contexto en el que ocurre este episodio no es neutro. Se trata de una imputada que, según la propia investigación, coordinó desde su domicilio particular una maniobra judicial para favorecer a privados en perjuicio del Estado, cobrando por ello; que fue la primera ministra de la Corte Suprema en la historia reciente en ser encarcelada por corrupción; y que obtuvo su salida de la cárcel apelando, una y otra vez, a circunstancias personales para reducir el rigor de las medidas en su contra.

Que apenas semanas después de conseguir el beneficio más liviano disponible dentro del proceso —el arresto domiciliario, en lugar de la cárcel— no responda a una fiscalización de Carabineros, alimenta una pregunta legítima sobre si la exmagistrada sigue operando bajo la misma lógica que la llevó a esta causa: la convicción de que las reglas que rigen al resto de los ciudadanos, y que ella misma debió aplicar como jueza de la Corte Suprema, no terminan de aplicársele a ella con el mismo rigor.