Tres años después de que estallara el caso Convenios, los tribunales civiles de Antofagasta ordenaron a tres fundaciones devolver al fisco más de mil millones de pesos que recibieron de la Seremi de Vivienda de esa región. Las sentencias acogieron las demandas del Consejo de Defensa del Estado contra la Fundación Cultural TomArte, el Movimiento Fibra y la Asociación Campamento de Ideas. Es un avance real en un caso que marcó la política chilena. Pero no es el final: las tres organizaciones apelaron, y el dinero todavía no ha vuelto a las arcas públicas.

Lo que ordenaron los tribunales

El Tercer y el Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta fijaron una restitución total de $1.012.225.000, más reajustes e intereses según las condiciones de cada fallo:

• Fundación Cultural TomArte: $456 millones.
• Movimiento Fibra: $352,6 millones.
• Asociación Campamento de Ideas: $203,6 millones.

TomArte y Campamento de Ideas fueron condenadas además al pago de las costas del juicio. En el caso de Fibra, ambas partes quedaron eximidas de ese pago.

Por qué deben devolver los recursos

Los fallos revisaron el cumplimiento de los proyectos comprometidos, el avance real de las intervenciones y la documentación presentada para justificar el uso de los fondos. Lo que encontraron es un patrón de incumplimientos.

TomArte. Sus proyectos registraban avances de entre 15% y 19%. No tenía aprobados sus planes de trabajo, cronogramas ni presupuestos. Las rendiciones financieras presentadas hasta junio de 2023 habían sido rechazadas, y desde julio de ese año no entregó ninguna. Tampoco presentó los informes técnicos semestrales.

Campamento de Ideas. El tribunal constató modificaciones presupuestarias en gastos de personal sin una justificación clara, falta de informes técnicos y preventivos, y la ausencia de rendiciones financieras de uno de sus convenios.

Fibra. El Consejo de Defensa del Estado había pedido la restitución de $430 millones. El tribunal reconoció un avance de 18%, equivalente a $77,4 millones, y ordenó devolver el resto: $352,6 millones. Consideró problemas en las rendiciones, la falta de informes técnicos y la ausencia de antecedentes que acreditaran el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Lo que todavía falta

Las sentencias no están firmes. Las tres fundaciones presentaron recursos ante la Corte de Apelaciones para revertirlas. Si los fallos se confirman, el Estado todavía deberá cobrar, y no está claro que estas organizaciones tengan patrimonio suficiente para responder.

Conviene precisar también la naturaleza de estos juicios. Son procesos civiles de restitución, no causas penales. Determinan si los recursos se usaron conforme a los convenios y si deben devolverse, pero no establecen responsabilidades criminales de personas. Esas responsabilidades se discuten en otras causas, donde rige plenamente la presunción de inocencia.

El caso que cambió la discusión

El caso Convenios estalló a mediados de 2023, cuando se conoció que la fundación Democracia Viva había recibido cientos de millones de pesos de la misma Seremi de Vivienda de Antofagasta mediante convenios directos, sin licitación. A partir de ahí, las investigaciones se extendieron a decenas de fundaciones en varias regiones y a distintos organismos del Estado. El caso afectó la credibilidad del gobierno de la época, golpeó a varios partidos y obligó a revisar las reglas sobre transferencias a entidades privadas.

Tres años después, estos fallos son de las primeras respuestas concretas de la justicia civil sobre la restitución de recursos en Antofagasta.

Lectura editorial

Los fallos son una buena noticia. Confirman lo que el país sospechó desde el primer día: hubo organizaciones que recibieron dinero público para proyectos sociales y no los ejecutaron, ni rindieron cuentas de cómo usaron los recursos. Avances de 15% o 18% en proyectos pagados casi por completo no son errores administrativos. Son una forma de relación con el Estado que no puede repetirse.

Pero la buena noticia llega tarde, y todavía incompleta. Tres años para obtener sentencias de primera instancia, con apelaciones pendientes y sin garantía de recuperar el dinero, muestran la distancia entre el escándalo y la reparación. Mientras tanto, los recursos que debían llegar a campamentos y barrios vulnerables de Antofagasta nunca llegaron.

El caso deja lecciones que van más allá de un gobierno o de un sector. La primera es que los convenios directos con fundaciones necesitan controles previos, no solo auditorías después del desastre: requisitos de experiencia, garantías, pagos por avance verificado y rendiciones obligatorias antes de cada transferencia. La segunda es que el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría necesitan herramientas más rápidas para recuperar dinero. La tercera es que la probidad no tiene color político. Las reglas que se exigieron cuando el caso golpeó al gobierno anterior deben exigirse con el mismo rigor a cualquier administración.

La justicia hizo su parte. Ahora falta que el dinero vuelva, y que el Estado aprenda a no entregarlo así otra vez.

Lo que viene

La Corte de Apelaciones de Antofagasta deberá resolver los recursos de las tres fundaciones. Si confirma los fallos, el fisco iniciará el cobro. En paralelo, siguen abiertas otras causas civiles y penales del caso Convenios en distintas regiones del país.