Es un carguero danés de mediados de los años setenta, de 72 metros de eslora, que hasta hace pocas semanas nadie conocía. Hoy el Danstar es el barco más observado del Atlántico Sur. El buque que reabrirá la ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas, interrumpida desde 2011, llega esta semana a la capital de Magallanes para ser reacondicionado en el astillero de Asmar, con el objetivo de zarpar en diciembre. Mientras tanto, los cancilleres de Chile y Argentina activaron lo que en Santiago ya llaman el «teléfono rojo»: un canal directo, por celular y WhatsApp, para bajar la tensión y aplacar las voces más estridentes de ambos lados de la cordillera. La diplomacia está funcionando. Pero hay una pregunta que Chile todavía no ha respondido en público.

El viaje del Danstar

El jueves 29 de octubre, después de los fuertes temporales que golpearon la zona centro-sur, el Danstar zarpó desde el sitio 7 del puerto de Valparaíso rumbo al sur. Su destino inmediato es Punta Arenas, donde entrará al astillero de Asmar para un reacondicionamiento que le permita operar en las exigentes aguas australes.

El buque pertenece a la naviera chilena Easter Island Logistics. Su plan es cubrir los cerca de 900 kilómetros entre Punta Arenas y Puerto Stanley en una travesía de unos dos días y medio, con viajes periódicos, aproximadamente uno al mes.

La carga prevista incluye alimentos, frutas y verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos. Según el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, las islas tienen un poder de compra de unos 20 millones de dólares al año, un mercado relevante para la economía de Magallanes.

La ruta usaría el Estrecho de Magallanes y luego el derecho de paso inocente para cruzar las aguas argentinas, descartando el Mar de Drake. La fecha del primer zarpe ha cambiado varias veces: se habló del 10 de noviembre, luego de mediados de mes, y hoy el objetivo es la primera semana de diciembre.

El «teléfono rojo»

En plena Guerra Fría, el teléfono rojo fue la línea directa entre Washington y Moscú para evitar que un malentendido desatara una guerra. La versión austral es bastante menos dramática, pero cumple una función parecida.

El canciller Francisco Pérez Mackenna y su par argentino, Pablo Quirno, mantienen una relación cercana y se comunican directamente por celular y WhatsApp. Ese canal se activó para calmar los ánimos y evitar que las declaraciones de parlamentarios, gobernadores y militares de ambos países escalaran la controversia.

La estrategia chilena tuvo dos piezas. El ministro de Defensa, Fernando Barros, comunicó la decisión de no escoltar al Danstar con buques de la Armada. Y el canciller se desplegó en Magallanes para explicar la posición del país y moderar las posturas más duras.

La posición chilena

Durante su visita a Punta Arenas, a fines de octubre, Pérez Mackenna descartó medidas especiales para proteger el viaje. Sostuvo que la navegación está garantizada por los tratados firmados por Chile, en particular el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que regula la libre navegación en el Estrecho de Magallanes, y expresó su confianza en que las diferencias se resolverán.

El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, también llamó a bajar la tensión. Afirmó que las relaciones con Argentina son fluidas, confirmó que hubo conversaciones con autoridades argentinas y acusó a algunos actores de intentar sacar provecho político del tema.

La posición argentina

Desde Buenos Aires, las señales han sido mixtas.

El canciller Quirno ha insistido en la libertad de navegación. Durante la reunión de cancilleres del G20, a fines de octubre, publicó en redes que ningún país puede obstruir el tránsito marítimo ni desconocer las reglas internacionales. En octubre había dicho que alguien intentaba enfrentar a ambos países, y descartó una intervención contra el buque si su paso es inocente.

Pero Quirno también reveló algo que el gobierno chileno no ha confirmado. Según sus declaraciones a mediados de octubre, ambos gobiernos conversan para evitar que Chile entregue apoyo logístico a actividades de explotación de recursos naturales en las islas. Y el gobierno de Javier Milei distingue entre el abastecimiento comercial ordinario de los isleños y el suministro de materiales o equipos para el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuyas primeras perforaciones se anuncian para 2027.

Al mismo tiempo, otras voces argentinas fueron más duras. Según fuentes diplomáticas citadas por la prensa chilena, en Buenos Aires se evaluó detener, escoltar y multar al Danstar. Una diputada presentó un proyecto para incautar los buques que abastezcan a las islas. Y la Cámara de Diputados votará el 12 de noviembre la Ley Malvinas, que busca sancionar a las empresas que operen con el archipiélago.

La tensión en Magallanes

En la región, el tema se vive con especial intensidad. Un informe de inteligencia chileno advirtió en octubre sobre la posibilidad de un «evento crítico» con Argentina en torno al zarpe. El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, pidió la intervención preventiva de la Cancillería y llamó a que ambos países resuelvan las diferencias por la vía diplomática.

Parlamentarios de la zona y de la Comisión de Relaciones Exteriores exigieron mayor firmeza al canciller. El exjefe de la Armada y diputado Jorge Arancibia, entre otros, planteó en su momento la discusión sobre la protección naval, que el gobierno finalmente descartó.

Lo que dice el derecho

La posición chilena descansa en dos pilares jurídicos. El primero es el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que reconoce el derecho de paso inocente: el de un buque que cruza las aguas territoriales de otro Estado sin amenazar su paz, su orden o su seguridad. El segundo es el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantiza la libre navegación en el Estrecho de Magallanes para los buques de todas las banderas.

Pero el derecho también tiene matices. Un buque que transporta lechugas y tomates para los isleños realiza, sin duda, un tránsito comercial ordinario. La discusión jurídica se complica si la carga incluye equipos para una actividad que Argentina considera ilegal, como la explotación petrolera en aguas que reclama como propias. Ahí está el verdadero punto de fricción.

El contexto: una semana decisiva

El Danstar no navega solo. En los próximos días convergen varios hitos:

• 10 y 11 de noviembre: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, comienza a escuchar el reclamo argentino contra el proyecto Sea Lion. Entre sus jueces está la chilena María Teresa Infante.
• 12 de noviembre: la Cámara argentina vota la Ley Malvinas.
• Mediados de noviembre: el Presidente Kast viaja a Asia; la relación con Argentina sigue en la agenda.
• Diciembre: el Danstar intentaría su primer viaje desde Punta Arenas.

Lectura editorial

La diplomacia del «teléfono rojo» es una buena noticia. VDI Global ha sostenido que la respuesta chilena debe ser jurídica y diplomática, no militar, y que escoltar al Danstar sería una escalada innecesaria. El gobierno tomó esa decisión, y el canal directo entre los cancilleres muestra que la relación entre Chile y Argentina es más sólida que los titulares. Dos gobiernos ideológicamente cercanos, con una relación económica enorme y una frontera de más de cinco mil kilómetros, tienen todo para administrar sus diferencias sin dramatismo.

Pero la discreción tiene un límite. Hay una pregunta que Chile debe responder en público, y no a través de las entrevistas del canciller argentino: ¿qué acordó el gobierno chileno sobre el apoyo logístico al proyecto petrolero de las islas?

Si Quirno dice la verdad y existe un entendimiento para que Chile no preste logística a la explotación de hidrocarburos, el gobierno debería explicarlo: qué alcance tiene, qué carga queda excluida y en qué se funda la decisión. Puede haber buenas razones. Chile ha respaldado históricamente en los foros regionales el llamado al diálogo entre Argentina y el Reino Unido, y no tiene interés en convertirse en una pieza de la disputa de soberanía. Pero una decisión que limita el comercio de empresas chilenas no puede tomarse por WhatsApp ni conocerse por la prensa argentina.

Y si no existe tal acuerdo, Chile debería desmentirlo con la misma claridad. En ambos casos, el silencio es la peor opción: alimenta la sospecha en Magallanes, debilita la posición negociadora y deja que Buenos Aires fije el relato.

La línea correcta, a juicio de VDI Global, es simple. El comercio civil con los isleños, alimentos, materiales y combustible para su vida diaria, es un derecho que Chile no debe negociar. El paso inocente y la libre navegación en el Estrecho no están en discusión. Lo que sí puede ser objeto de una decisión política soberana es el apoyo logístico a un proyecto petrolero en disputa. Pero esa decisión debe tomarla Chile, explicarla Chile y anunciarla Chile.

La diplomacia discreta sirve para evitar crisis. La transparencia sirve para que no se conviertan en sospechas. Chile necesita ambas.

Lo que viene

El Danstar llega esta semana a Punta Arenas para su reacondicionamiento en Asmar. El 10 y 11 de noviembre comienzan las audiencias en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y el 12 la Cámara argentina vota la Ley Malvinas. El primer zarpe hacia las islas está previsto para la primera semana de diciembre. Y el canal directo entre Pérez Mackenna y Quirno seguirá siendo, por ahora, el principal seguro contra un incidente.