Un dictamen de la Contraloría General de la República contra la exministra Andrea Steinert reabrió el debate sobre una eventual acusación constitucional en su contra, apenas días después de que el Senado rechazara los cuatro capítulos del libelo que la propia oposición había impulsado contra el exministro Nicolás Grau.

Parlamentarios de oposición, entre ellos los diputados Marcos Ilabaca, Daniel Manouchehri y Emilia Schneider, evalúan el margen político para una nueva acusación, apoyándose en las conclusiones del organismo contralor. El diputado Jaime Naranjo fue explícito al establecer el paralelo con el caso anterior: sostuvo que "por mucho menos se acusó al ministro Grau", en referencia a la magnitud de las irregularidades detectadas por Contraloría en el caso Steinert.

No todas las voces de oposición comparten el mismo entusiasmo. Otros parlamentarios consultados llamaron a la cautela, considerando el desgaste político que implicó la fallida acusación contra Grau y el riesgo de que una nueva AC sea leída como una represalia política más que como una herramienta de fiscalización genuina.

Académicos constitucionalistas consultados coincidieron en que el dictamen de Contraloría, por sí solo, no constituye necesariamente una causal suficiente para sostener una acusación constitucional, y que la decisión final dependerá de una evaluación política tanto como jurídica por parte de los sectores que la impulsen.

Hasta el cierre de esta nota, ningún bloque de oposición ha formalizado el ingreso de un libelo en contra de la exministra.