Mientras el megacampamento de San Antonio creció durante años sin que el gobierno anterior lograra frenarlo, el Ejecutivo de José Antonio Kast ya lleva 2,5 hectáreas y 100 viviendas desalojadas en la segunda etapa de una intervención que avanza con un despliegue policial de más de mil efectivos. Lo que durante el gobierno de Boric fue diagnóstico, mesas técnicas y anuncios que no se tradujeron en resultados, hoy es un operativo en terreno, con maquinaria pesada, cifras concretas y un cronograma que se cumple.

Un problema que la izquierda no resolvió

La megatoma de San Antonio no es un fenómeno nuevo. Se trata de uno de los mayores asentamientos irregulares del país, producto de años de crecimiento sostenido en terrenos ocupados de manera ilegal, sin que la autoridad de la época lograra revertir su expansión. El campamento llegó a concentrar miles de familias en condiciones de precariedad, además de convertirse en un foco reiterado de denuncias por delitos conexos a la ocupación irregular de terrenos: usurpación, tráfico de sitios y actividad de organizaciones criminales que operan al amparo de la informalidad territorial.

Ese es el escenario que hereda la actual administración: un problema que se dejó crecer, no uno que se originó bajo su gestión, y que ahora exige un despliegue de recursos y capacidad operativa muy superior al que habría requerido si se hubiese enfrentado a tiempo.

La segunda etapa, en cifras

El operativo que se ejecuta actualmente en San Antonio corresponde a la segunda fase de un plan de desalojo que ya contabiliza avances concretos: 2,5 hectáreas de terreno recuperado y 100 viviendas irregulares removidas del sector. La intervención cuenta con un despliegue de más de mil efectivos policiales, además de maquinaria pesada destinada a la demolición y despeje de las construcciones levantadas de manera ilegal.

Se trata de un operativo de alta complejidad logística: coordinación entre Carabineros, PDI, y equipos municipales y de gobierno, ejecutado en un terreno donde conviven miles de personas, estructuras precarias y, según antecedentes previos, actividad de bandas dedicadas al comercio irregular de sitios.

El cambio de enfoque: de la contención al resultado

La diferencia con la gestión anterior no es solo de magnitud, sino de método. Donde el gobierno de Boric optó por una aproximación centrada en la contención del problema —mesas de diálogo, programas de regularización que no lograron revertir la expansión del campamento— la actual administración ha optado por ejecutar desalojos con metas y cifras verificables, capítulo por capítulo, terreno por terreno.

Es el mismo patrón que ha mostrado el gobierno de Kast en otras materias de seguridad y orden público: fijar objetivos concretos, desplegar los recursos necesarios y mostrar resultados medibles, en contraste con una gestión anterior que priorizó el diagnóstico por sobre la ejecución.

Lo que queda pendiente

El desalojo de San Antonio es, sin embargo, un proceso por etapas, no un hecho consumado. La magnitud del campamento —que llegó a ser catalogado como una de las megatomas más extensas del país— implica que el trabajo de recuperación de terrenos continuará en las próximas semanas, con nuevas fases de despliegue policial y demolición.

Lo relevante, hasta ahora, es que el proceso avanza con cifras verificables y un cronograma que se está cumpliendo, algo que contrasta con años de crecimiento del campamento bajo la administración anterior sin que se lograra revertir la tendencia.