Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) anunciaron este domingo la muerte del terrorista Ismail Abu Pul, comandante de un sitio de producción de armas dentro de la estructura de mando de Hamás, en un ataque contra la zona de Al-Maghazi, en Gaza. Según el comunicado militar, Abu Pul participaba en la fabricación de cargas explosivas y misiles antitanque para la organización terrorista.

Para VDI Global, esta operación se enmarca en el legítimo derecho de Israel a neutralizar capacidades militares de Hamás, particularmente cuando —como denuncia el propio Ejército israelí en este caso— esas capacidades se desarrollan deliberadamente en las inmediaciones de infraestructura humanitaria.

La denuncia central: producción de armas junto a un centro de ayuda

Según el comunicado de las FDI, el mismo sitio de producción atacado había sido establecido cerca de un punto de distribución de ayuda humanitaria de una organización internacional. El Ejército israelí calificó esto como un ejemplo del uso sistemático que Hamás hace de infraestructura civil para promover y ejecutar planes terroristas contra las fuerzas de las FDI que operan en el área de la Línea Amarilla y contra ciudadanos israelíes. Las FDI también acusaron a Hamás de violar sistemáticamente el alto el fuego vigente, mientras intenta reconstruir sus capacidades militares.

La versión de las autoridades de salud de Gaza

Previamente, este mismo domingo, funcionarios de salud de Hamás informaron que dos personas murieron en ataques de las FDI, entre ellas un niño de 4 años, identificado como Mohammad Abdel-Salam Taha. Según esa misma fuente, esquirlas y escombros dispersos en un radio de decenas de metros habrían herido al menos a seis personas, incluido el menor, quien posteriormente fue declarado muerto en un hospital. Un segundo ataque aéreo, según los mismos funcionarios, se produjo en el cercano campo de refugiados de Nuseirat.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, la muerte de un niño de 4 años, reportada por las autoridades de salud de Gaza, es una tragedia que este medio no minimiza bajo ninguna circunstancia. Al mismo tiempo, este medio ha sostenido consistentemente que la responsabilidad primaria por las víctimas civiles en este tipo de escenarios recae en quien, como denuncian las propias FDI en este caso, decide instalar infraestructura militar de producción de armamento junto a un centro de distribución de ayuda humanitaria. Esa práctica —si se confirma, como parece ser el patrón documentado repetidamente por Israel a lo largo de este conflicto— constituye el uso deliberado de población civil e infraestructura humanitaria como escudo para actividades militares, una violación grave del derecho internacional humanitario que corresponde a Hamás, no a Israel.

Este medio respalda el derecho de Israel a neutralizar comandantes y capacidades militares de una organización terrorista que, según denuncia el propio Ejército israelí, continúa violando sistemáticamente el alto el fuego vigente. Al mismo tiempo, la magnitud de las consecuencias civiles de este tipo de operaciones exige que Israel mantenga los más altos estándares posibles de precisión de inteligencia y minimización de daño colateral, precisamente para no darle a Hamás el resultado que busca al camuflar sus operaciones entre la población civil: la instrumentalización política de cada víctima civil.

Lo que corresponde exigir

• Que Hamás cese de manera verificable el uso de infraestructura civil y humanitaria para fines militares, práctica que —de confirmarse en este caso— pone en riesgo directo a la población de Gaza que depende de esa ayuda.
• Que Israel mantenga y perfeccione sus protocolos de inteligencia y minimización de daño colateral en operaciones cercanas a infraestructura humanitaria, dado el costo humano que este tipo de ataques puede generar incluso cuando el objetivo militar es legítimo.
• Que organismos humanitarios internacionales investiguen y denuncien públicamente cualquier uso de sus instalaciones o proximidades para fines militares por parte de cualquier actor armado en la zona.
• Que se mantenga la vigencia del alto el fuego, y que cualquier violación de sus términos —por cualquiera de las partes— sea documentada y comunicada con transparencia a la comunidad internacional.

Conclusión

El ataque de este domingo en Al-Maghazi vuelve a exponer la naturaleza del conflicto en Gaza: por un lado, la legítima necesidad de Israel de neutralizar comandantes y capacidades militares de una organización terrorista que continúa operando pese al alto el fuego; por otro, el costo humano devastador que esa dinámica genera cuando esas capacidades se despliegan deliberadamente entre la población civil e infraestructura humanitaria. Para VDI Global, la responsabilidad última de ese costo humano recae en quien decide instalar armamento junto a un centro de ayuda, no en quien se ve obligado a neutralizar esa amenaza.