Tras la audiencia de formalización en que se decretó prisión preventiva para dos nuevos imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, la Fiscalía Metropolitana Sur insistió en que fue Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del chavismo, quien ordenó la ejecución del crimen. Según el fiscal Héctor Barros, Cabello habría contratado directamente al Tren de Aragua para secuestrar y asesinar a Ojeda, un disidente que había participado en un intento golpista contra Nicolás Maduro apenas dos meses antes de ser asesinado en Chile.

La tesis de la Fiscalía: un crimen "por encargo", distinto al modus operandi habitual del Tren de Aragua

El fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros, fue enfático al explicar por qué este caso se aparta del patrón habitual de la organización criminal venezolana: "Es este caso, lo hemos venido reiterando desde abril del año 2024, que este hecho tiene una connotación que no son las propias que tiene el Tren de Aragua. El Tren de Aragua actuó prestando un servicio en este caso en particular, no en la forma típica que tiene de actuar".

Como evidencia de esa singularidad, el fiscal señaló un detalle operativo específico: a los miembros de la organización "nunca los hemos visto caracterizados de Policía de Investigaciones, sólo en este caso". Según los antecedentes recopilados por la investigación, la orden provino directamente de Diosdado Cabello: "Se actuó por orden, de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado de la investigación, de Diosdado Cabello, quien encarga el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda".

El móvil: dos intentos golpistas contra Maduro

Barros detalló también el móvil detrás del crimen, vinculándolo directamente a la trayectoria política de la víctima dentro de la disidencia venezolana. "Él era un disidente del gobierno venezolano. Recordemos que él había estado en dos intentos golpistas del gobierno de Nicolás Maduro, y en el último intento, dos meses después, lo terminan secuestrando y asesinando", explicó el fiscal, precisando que Ojeda participó en el segundo intento golpista en diciembre de 2023, y que el 21 de febrero de 2024 fue secuestrado y asesinado en Chile.

Una investigación que ya suma 32 imputados

Sobre el estado general de la indagatoria, el fiscal Barros entregó una cifra que refleja la magnitud del despliegue investigativo: "Llevamos 26 imputados que ya están formalizados hasta ahora dentro de esta organización y en total tenemos, entre órdenes de detención y formalizados, 32 imputados". Barros destacó que esto "habla de una investigación bastante robusta, un buen trabajo policial en este caso de la PDI pero también en un trabajo conjunto con Carabineros de Chile, con el OS9".

La formalización de este viernes, con prisión preventiva decretada para dos nuevos imputados, se suma a la reciente llegada a Chile de "El Turko" y "El Gocho", extraditados desde Estados Unidos y Colombia como los cabecillas más relevantes de la organización criminal vinculada al crimen.

Lectura editorial

Desde VDI Global hemos seguido con especial atención el caso Ojeda, porque representa mucho más que un crimen organizado transnacional común: según la propia tesis de la Fiscalía chilena, estamos frente a un asesinato político ordenado por un alto dirigente del régimen chavista contra un disidente que había desafiado a Nicolás Maduro en un intento golpista. Que el propio fiscal a cargo señale explícitamente que el Tren de Aragua "actuó prestando un servicio" —y no bajo su modus operandi habitual— es una acusación de una gravedad extraordinaria: implica que el aparato represivo del chavismo utilizó a una organización criminal transnacional como brazo ejecutor para perseguir y eliminar a sus opositores incluso fuera de las fronteras de Venezuela.

Esto confirma lo que hemos sostenido reiteradamente sobre la naturaleza del régimen de Maduro: no se trata simplemente de un gobierno autoritario que reprime internamente, sino de una estructura dispuesta a exportar violencia política y asesinatos selectivos a terceros países cuando lo considera necesario para silenciar a sus disidentes. Que esto haya ocurrido en territorio chileno, contra una persona que había buscado refugio precisamente huyendo de esa persecución, es motivo de la máxima preocupación para la soberanía y la seguridad nacional.

Valoramos el trabajo sostenido de la Fiscalía Metropolitana Sur, la PDI y el OS9 de Carabineros, que ya suman 32 imputados en total entre formalizados y con órdenes de detención pendientes. Es imprescindible, no obstante, subrayar que Diosdado Cabello no ha sido formalizado ante tribunales chilenos ni cuenta con una condena en su contra, por lo que la acusación de la Fiscalía —aunque reiterada y sostenida en el tiempo— constituye hasta ahora una imputación de la investigación chilena y no una sentencia. Corresponderá a los tribunales, en su momento, resolver conforme a derecho la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Lo que corresponde exigir

• Que el Gobierno de Chile eleve formalmente ante organismos internacionales la tesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Diosdado Cabello en este crimen.
• Que se evalúe la solicitud de extradición o la activación de mecanismos de cooperación internacional contra Cabello, en la medida que la investigación lo permita.
• Que se mantenga la persecución penal contra los 32 imputados identificados hasta ahora, sin ceder ante presiones diplomáticas del régimen venezolano.
• Que se refuercommercecen los mecanismos de protección para disidentes venezolanos que residen en Chile, dado que este caso demuestra que el régimen de Maduro está dispuesto a perseguirlos incluso fuera de sus fronteras.

Conclusión

El caso Ojeda ha dejado de ser, según la propia Fiscalía chilena, un simple crimen del narcotráfico organizado: es la evidencia de que el chavismo, a través de uno de sus máximos dirigentes, habría contratado a una estructura criminal transnacional para asesinar a un disidente en territorio chileno. Con 32 imputados y una investigación que la propia Fiscalía califica de "robusta", el país enfrenta un caso que trasciende lo judicial y se instala como un asunto de seguridad nacional y política exterior. VDI Global seguirá este proceso de cerca.