Tras la aprobación en general de la megarreforma de Kast en el Senado, por el estrecho margen de 26 votos a favor y 23 en contra, las reacciones del Congreso se dividieron entre la indignación de la oposición de izquierda y la cautela del oficialismo, que reconoció que el resultado fue más ajustado de lo esperado. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, acusó que "ha ganado la tozudez, ha ganado la obsesión y no el diálogo con quien piensa distinto", y sostuvo que el proyecto "solo está pensado en las grandes empresas". El senador republicano Rodolfo Carter le respondió con un dato que desarma buena parte de esa acusación: lo que el proyecto propone es, en esencia, volver al nivel de impuesto corporativo que existía durante el gobierno de Ricardo Lagos, "cuando las buenas políticas públicas estaban financiadas, cuando no había déficit."

La acusación de Ibáñez: "ha ganado la obsesión del ministro Quiroz"

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, entregó la reacción más dura de la oposición tras conocerse el resultado de la votación. "Ha ganado la tozudez, ha ganado la obsesión y no el diálogo con quien piensa distinto. Nosotros hicimos todos los intentos, entregamos propuestas, queríamos levantar una mesa técnica, se nos negó cualquier espacio de incidencia real frente a un proyecto que le hace mal a la clase media, que solo está pensado en las grandes empresas", declaró.

Ibáñez fue más allá en su crítica al carácter del triunfo legislativo del gobierno: "Es lamentable" que "se ha impuesto una mayoría circunstancial por un voto, por dos votos, pero no hubo ningún tipo de diálogo con quien piensa distinto." Y cerró con la frase que condensa toda su posición: "Aquí ha perdido la familia chilena y ha ganado la obsesión del Ministro Quiroz."

Es una acusación de peso político considerable, pero que merece contrastarse con un hecho que el propio reportaje de la jornada anterior ya documentó: el gobierno sí intentó, hasta último momento, abrir canales de diálogo con sectores de oposición moderada —específicamente con los cuatro senadores del PPD, a través de una gestión encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo—, y fue el propio Partido Socialista quien, según confirmó la senadora Paulina Vodanovic la misma mañana de la votación, decidió unilateralmente romper las conversaciones: "Aquí este proyecto no tiene diálogo, no lo va a tener." La acusación de Ibáñez de que "se nos negó cualquier espacio de incidencia real" coexiste, entonces, con la decisión de su propia coalición de cerrar esa puerta antes de que la negociación pudiera completarse.

Cicardini y "la lógica del chorreo": un argumento histórico que merece matices

La senadora del PS, Daniella Cicardini, sostuvo una posición en la misma línea, calificando el resultado de "malas noticias para Chile, para la gente más vulnerable, para las familias de clase media, para las pymes." Su crítica de fondo apuntó al modelo económico que, a su juicio, sustenta la reforma: "Ha triunfado la imposición de un modelo ideológico y yo creo que eso lo hace muy mal a Chile. Acá se están utilizando recetas de los años 80."

Cicardini fue más específica en su argumento histórico: "La lógica del chorreo ya se implementó en Chile y profundizó la pobreza. Los niveles de desempleo fueron brutales." Es una referencia a las políticas económicas de la dictadura militar, que merece, en honor al rigor que cualquier comparación histórica de esta naturaleza exige, una precisión importante: la megarreforma que el Senado acaba de aprobar en general no es, según el propio detalle que el senador Carter expuso en la misma sesión, una reedición de las políticas económicas de los años ochenta, sino una propuesta que recupera, en uno de sus puntos centrales, el nivel de impuesto corporativo vigente durante el segundo gobierno de la Concertación, bajo la administración de Ricardo Lagos —un período que ningún análisis serio describiría como una repetición del modelo dictatorial al que Cicardini hace referencia.

Carter desarma la comparación: "Volver al país del año 2005"

La intervención del senador republicano Rodolfo Carter fue, de toda la jornada, la que aportó el dato más preciso para evaluar con seriedad la acusación de "imposición ideológica de los años 80" que la oposición de izquierda formuló de manera reiterada. Carter fue explícito: "Lo que estamos hablando es volver al país del año 2005, con un impuesto corporativo incluso más alto que el que dispuso el presidente Lagos, cuando las buenas políticas públicas estaban financiadas, cuando no había déficit, cuando éramos capaces de proteger a nuestros hermanos con un Estado que hacía bien el trabajo."

Es una precisión que cambia sustancialmente los términos del debate. Si la megarreforma propone un impuesto corporativo igual o superior al que existía bajo un gobierno de la propia Concertación —la misma tradición política de la que provienen, en términos históricos, tanto el PS como buena parte del electorado que hoy critica el proyecto como "neoliberal" o propio de "los años 80"—, calificar la iniciativa de receta dictatorial es, cuando menos, una simplificación que no resiste el escrutinio de los propios números que Carter expuso en la misma sesión.

Carter fue también el más cauto en moderar las expectativas sobre lo que esta votación representa: "No se ha terminado esta historia, con suerte estamos terminando el fin del principio de esta historia." Y extendió un gesto de apertura hacia el Socialismo Democrático, reconociendo que las diferencias de fondo no excluyen un afecto compartido por el país: "Estoy seguro que también en el Socialismo Democrático, los une un profundo amor por Chile."

Macaya: la invitación a la centroizquierda a no ser "el vagón de cola" de la extrema izquierda

El senador UDI Javier Macaya entregó la lectura más estratégica de la jornada, reconociendo abiertamente que el resultado fue más estrecho de lo que el oficialismo esperaba: "Nos hubiese gustado que esta aprobación hubiese contado con una mayoría más sustancial." Pero situó el proyecto dentro de un diagnóstico de mediano plazo sobre el estancamiento económico chileno: "Hay un sentimiento muy profundo de que Chile salga de un marasmo de 15 años de la incapacidad de seguir creciendo."

Macaya lanzó además un mensaje directo hacia el sector que terminó rompiendo el diálogo con el gobierno: "La invitación que uno le hace a la centro izquierda sobre todo, es no seguir siendo el vagón de cola de ideas y políticas públicas de la extrema izquierda que le han hecho mal a Chile." Es una formulación que distingue explícitamente entre el Socialismo Democrático —PS, PPD, y otros partidos de la tradición concertacionista— y lo que Macaya describe como "extrema izquierda", en una apuesta política por separar a esos dos sectores de la oposición de cara a la discusión particular del articulado que viene.

Gatica: el desempleo de Boric como argumento de cierre

La senadora RN María José Gatica cerró el cuadro de reacciones oficialistas con un argumento que conecta directamente con el legado económico que esta cobertura ya ha documentado extensamente durante toda la sesión: "Este es el inicio de entregar certezas a nuestro país, el inicio de certezas para inversiones que puedan generar empleos, el inicio de poder entregar estabilidad económica, que tanto nos hace falta, el inicio de poder romper las cifras que nos dejó en desempleo la administración del gobierno de Gabriel Boric."

Es la misma referencia que el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, ya había usado en su comparación con Ghana y Zambia, y que esta cobertura ha rastreado a lo largo de toda la sesión: el legado de empleo y crecimiento del gobierno anterior como justificación de fondo para la urgencia de esta reforma.

Lo que esta jornada de reacciones confirma

El contraste entre las declaraciones de Ibáñez y Cicardini, por un lado, y las de Carter y Macaya, por el otro, expone la misma fractura que ya esta cobertura ha documentado en cada uno de los grandes proyectos legislativos de esta sesión: un oficialismo que defiende la urgencia de reformas estructurales apelando al fracaso económico del gobierno anterior, y una oposición de izquierda que enmarca esas mismas reformas como una repetición ideológica del pasado dictatorial, sin que esa caracterización resista, en este caso específico, la comparación concreta que el propio Carter ofreció con un período histórico —el segundo gobierno de Lagos— que ningún sector político serio asocia con el legado de la dictadura.

La pregunta que queda abierta, de cara a la discusión particular del articulado, es si ese tipo de precisión factual —volver a un nivel de impuesto corporativo igual o mayor al de 2005, no una rebaja extrema al estilo de los años ochenta— logrará desplazar la discusión desde el terreno de las consignas ideológicas hacia el de los números concretos que cada artículo del proyecto efectivamente contempla.