Esta columna ya sostuvo, en su cobertura anterior bajo el título "Nadie en Chile sabe qué pasó en octubre 2019", que resultaba increíble que Chile, seis años después del estallido social, siguiera sin una respuesta institucional clara sobre quién planificó, financió y coordinó la violencia organizada de esos meses. Un nuevo reportaje aporta ahora antecedentes adicionales que agravan considerablemente ese diagnóstico: el propio informe de la comisión investigadora no solo omitió identificar a los responsables materiales de la violencia, sino que tampoco mencionó, en ninguna de sus páginas, a los sectores políticos que celebraron y legitimaron esa misma violencia mientras ocurría.

La molestia interna: Karla Rubilar rompe el silencio en Chile Vamos

Esta columna considera revelador que la crítica más dura hacia este informe no haya provenido, esta vez, de la oposición ni de figuras externas al propio sector, sino de la exvocera de Sebastián Piñera, Karla Rubilar. Consultada sobre el documento, fue categórica: "es una conclusión débil, injusta y dolorosa para quienes estuvimos ahí", agregando su expectativa explícita de que "este informe sea rechazado por la Sala". Esta columna considera que el testimonio de Rubilar, como protagonista directa de la gestión gubernamental de aquel período, aporta una legitimidad adicional a la crítica que Chile Vamos ya había formulado en bloque, y que esta columna documentó en su cobertura anterior.

Lo que el informe omitió: la lista de episodios que Chile ya conoce

Esta columna reproduce, con la precisión que exige cualquier reconstrucción histórica seria, la secuencia de hechos que el propio informe de la comisión dejó completamente fuera de su texto final, pese a tratarse de antecedentes públicos y ampliamente documentados. El 12 de diciembre de 2019, mientras la Cámara votaba la acusación constitucional contra Piñera, la entonces diputada Pamela Jiles ingresó encapuchada al hemiciclo, rindiendo homenaje a la denominada "primera línea" y gritando "¡Todos contra Piñera!". El libelo fue derrotado por apenas seis votos. Esta columna considera que ese episodio, ocurrido dentro del propio Congreso Nacional y protagonizado por una parlamentaria en ejercicio, constituye un antecedente de máxima relevancia institucional que ningún informe serio sobre la violencia de ese período debería omitir.

Un mes después, el 24 de enero de 2020, encapuchados de la "primera línea" fueron presentados como "héroes" en el Salón de Honor del entonces Congreso, ante autoridades presentes, durante el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Esta columna considera que la glorificación institucional de encapuchados vinculados a episodios de violencia callejera, ocurrida en un espacio de la máxima solemnidad republicana, es exactamente el tipo de hecho que una comisión investigadora seria sobre el 18-O debería haber incorporado a su análisis, y que este informe, sin embargo, ignoró por completo.

La secuencia, según reconstruye esta columna, culminó en 2022, cuando el propio Presidente Boric indultó a condenados por hechos del estallido, en lo que esta cobertura ya caracterizó, siguiendo la lectura del propio reportaje original, como la conversión definitiva de la violencia en gesta política. Esta columna considera que la omisión de esta secuencia completa —de la deslegitimación institucional de Piñera dentro del propio Congreso, hasta la eventual conversión de la violencia en relato heroico— confirma que el informe aplicó un estándar de escrutinio profundamente desigual: exhaustivo para las fallas del Estado bajo Piñera, inexistente para la responsabilidad política de quienes, según describe el propio reportaje, "deslegitimaban su autoridad y se empeñaban en derribarlo" mientras el país ardía.

El testimonio que la comisión tuvo a su disposición y no incorporó: el fiscal Cooper

Esta columna considera que el hallazgo más revelador de esta ampliación es la existencia de un testimonio judicial ya disponible —aunque prestado en un proceso judicial distinto, no directamente ante la propia comisión— que sí ofrece antecedentes concretos sobre la existencia de estructuras organizadas detrás de parte de la violencia del 18-O. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper —quien en octubre de 2019 era fiscal jefe de la Fiscalía Centro de Justicia—, declaró en julio de 2024 ante la Corte Suprema, en la causa abierta por la fallida petición parlamentaria de remoción contra el entonces fiscal regional Xavier Armendáriz.

Cooper fue explícito sobre la existencia de un trabajo de inteligencia policial real: relató que el entonces comandante Jaime Velasco —hoy general de Carabineros a cargo de toda la parte investigativa de la institución— consiguió autorizaciones judiciales para que funcionarios pudieran infiltrarse en estos grupos. "Establecimos blancos", declaró Cooper, precisando que ese trabajo identificó específicamente a grupos anarquistas que convocaban movilizaciones mediante dinámicas organizadas en redes sociales. Sin embargo, la investigación se vio truncada por la pandemia de 2020: "esos blancos los seguimos y no salían de las casas", explicó, reconociendo que no logró reunir antecedentes suficientes para llevar a los cabecillas identificados a una audiencia de formalización.

El costo institucional que Carabineros pagó, en las propias palabras del fiscal

Esta columna considera indispensable reproducir, por su valor testimonial directo, la descripción que el propio Cooper ofreció sobre el estado de las investigaciones contra quienes atacaron a Carabineros durante ese período: "en términos generales no nos fue bien", admitió, explicando que la mayoría de las querellas se dirigían contra "quienes resultaran responsables" dentro de turbas de "100, 200, 300, 500 personas", sin identificación individual posible. Cooper fue explícito sobre las razones estructurales de ese fracaso: "Carabineros de Chile estaba diezmado en cuanto a concurrir a distintos procedimientos", y "no había cámaras" operativas, dado que "en la mayoría de las comunas estaban todas vandalizadas". Esta columna considera que este testimonio confirma, con la autoridad de quien dirigió directamente esas investigaciones, la magnitud del colapso institucional que impidió, en los hechos, cualquier persecución penal efectiva contra los responsables organizados de la violencia.

Lectura editorial: dos mitades de una misma historia, y solo una fue contada

Esta columna considera que este nuevo reportaje confirma, con evidencia adicional y de primera mano, exactamente el diagnóstico que ya formulamos en nuestra cobertura anterior: Chile sigue sin una respuesta institucional completa sobre el origen de la violencia de octubre de 2019, pero por razones que ahora pueden precisarse con mayor exactitud. No se trata únicamente de que la comisión investigadora fracasara en identificar a los instigadores por falta de colaboración de las autoridades de la época, como reconoció su propio presidente, Hans Marowski. Se trata, además, de que el propio informe final optó por señalar exclusivamente las fallas del aparato estatal bajo Piñera, sin dedicar una sola línea a la responsabilidad política de quienes, desde el propio Congreso Nacional y desde espacios institucionales de la máxima solemnidad, legitimaron activamente esa misma violencia mientras ocurría.

Esta columna respalda la parte del informe que reconoce fallas objetivas de coordinación en el sistema de inteligencia estatal de aquel período —un diagnóstico que el propio testimonio de Cooper confirma, al describir instituciones que "no compartían información entre sí"—. Pero considera que un informe que documenta con detalle esas fallas institucionales, mientras omite por completo el episodio de Jiles ingresando encapuchada al hemiciclo, la glorificación de la "primera línea" en el Salón de Honor del Congreso, y los indultos de 2022, no puede presentarse como una reconstrucción completa ni equilibrada de lo ocurrido en octubre de 2019.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que la Sala de la Cámara, al momento de votar este informe, incorpore formalmente al debate los antecedentes que la propia comisión omitió, incluyendo el testimonio ya disponible del fiscal Cooper sobre la existencia de grupos organizados cuya persecución penal fracasó por razones estructurales verificables, y no por ausencia de evidencia sobre su propia existencia. Exige, además, que cualquier informe futuro sobre este mismo período incorpore, con el mismo nivel de detalle aplicado a las fallas del gobierno de Piñera, la responsabilidad política de quienes legitimaron institucionalmente la violencia desde sectores de oposición de aquel entonces.

Conclusión: la historia sigue incompleta, ahora con más nombres pendientes

Esta columna concluye que este nuevo reportaje no contradice, sino que refuerza con evidencia adicional, el diagnóstico que ya sostuvimos: nadie en Chile sabe, institucionalmente, qué pasó en octubre de 2019, porque ni siquiera el informe parlamentario más reciente sobre esa materia se atrevió a nombrar a todos los responsables, materiales y políticos, de esa crisis. VDI Global seguirá exigiendo que esta investigación no se dé por cerrada con un documento que, según reconoce la propia exvocera de Piñera, resulta "débil, injusta y dolorosa" para quienes vivieron esos hechos desde el propio Estado.