El juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se extiende ya por casi siete años y que muchos de sus seguidores han calificado abiertamente como una cacería política sin precedentes contra un líder democráticamente electo, se reanudó el domingo con un calendario intensivo de aproximadamente 20 audiencias programadas hasta la elección general de finales de octubre. El proceso llega a un punto crítico, con la defensa de Netanyahu buscando citar como testigos a figuras de máxima relevancia institucional, incluido el propio exfiscal general que impulsó la acusación original en su contra.

Un proceso que se ha extendido más que cualquier estándar razonable de justicia

Pocas veces en la historia judicial de cualquier democracia occidental un proceso penal contra un jefe de Estado en ejercicio se ha extendido por tanto tiempo sin llegar a un veredicto. Iniciado en 2020, el juicio de Netanyahu acumula ya siete años de tramitación, con el propio primer ministro completando su fase de testimonio recién en junio de este año, tras 98 audiencias distribuidas a lo largo de 18 meses. Es un plazo que, para cualquier observador imparcial del sistema judicial, plantea legítimas dudas sobre si la maquinaria procesal israelí ha sido utilizada, más que para impartir justicia con celeridad, para mantener indefinidamente bajo sospecha pública a un líder que ha sido reelegido democráticamente en múltiples ocasiones por el pueblo israelí, incluso mientras el proceso seguía su curso.

Netanyahu completó su fase de testimonio con una defensa vehemente de su propia inocencia, calificando la investigación, la acusación y el juicio completo como "10 años de infierno" impulsados por lo que describió como una venganza política orquestada en su contra. Sus palabras textuales resuenan con la frustración de quien siente que ha sido sometido a un escrutinio desproporcionado: "el objetivo era ir con peine fino, buscar algo; no encontraron nada. Interrogaron a todos mis parientes y familia, métodos de interrogación que son inconcebibles. Destruyeron familias. No estaban buscando un crimen, estaban buscando a una persona y no encontraron nada".

Los tres casos, y por qué merecen escrutinio crítico

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza distribuidos en tres causas distintas conocidas como Casos 1000, 2000 y 4000. El Caso 4000, centrado en el llamado asunto Bezeq-Walla, es considerado por la propia fiscalía como el más grave de los tres, al incluir el único cargo de soborno propiamente dicho. Sin embargo, es precisamente en ese caso donde la defensa de Netanyahu ha concentrado sus esfuerzos más intensos durante la fase de contrainterrogatorio, buscando desmontar la narrativa acusatoria pieza por pieza.

Un antecedente que merece particular atención, y que hemos documentado en coberturas anteriores, es que los propios jueces del tribunal formularon en su momento una recomendación —cuyo fundamento no explicaron públicamente— que fue formalmente rechazada por la fiscal general, quien insistió en que la evidencia de soborno era sólida, pese a que no toda esa evidencia había sido presentada antes de que Netanyahu comenzara a testificar. Ese antecedente procesal, poco habitual en cualquier sistema judicial serio, alimenta las dudas legítimas sobre la solidez real del caso más grave que se le imputa.

La estrategia de la defensa: citar a quienes lo acusaron

La defensa de Netanyahu ha decidido llevar la batalla judicial al terreno de quienes originaron el proceso completo. Sus abogados buscan citar como testigos al exfiscal general Avichai Mandelblit, quien presentó formalmente la acusación en 2019; al excomisionado de Policía Roni Alsheikh; y al exfiscal del Estado Shai Nitzan. Es una estrategia legítima y jurídicamente sólida: si existen dudas fundadas sobre el proceso que llevó a la formulación de cargos, poner en el banquillo a quienes tomaron esas decisiones es exactamente el tipo de escrutinio que cualquier sistema judicial democrático debe permitir, sin que ello se interprete como un intento de obstruir la justicia, sino como el ejercicio legítimo del derecho a defensa que corresponde a cualquier acusado, incluido un primer ministro en ejercicio.

El cálculo político que revela Haaretz

Según reveló el propio diario Haaretz, el desenlace político del juicio depende directamente del resultado electoral de octubre, en una dinámica que confirma hasta qué punto este proceso judicial se ha entrelazado, quizás inevitablemente, con la política electoral israelí. Si Netanyahu gana la elección y se mantiene en el cargo, buscaría reemplazar a la fiscal general Gali Baharav-Miara —una funcionaria que sus seguidores acusan reiteradamente de sesgo político en su contra— en un intento por lograr que la acusación sea finalmente retirada. Si, en cambio, pierde la elección, podría negociar con la fiscalía un acuerdo bajo el cual se retiraría definitivamente de la vida política a cambio de una reducción sustancial de la pena.

Este escenario dual confirma que, para una parte significativa del electorado israelí, la elección de octubre no es solo una decisión sobre políticas públicas, seguridad nacional o gestión económica: es, en los hechos, un referéndum directo sobre si Netanyahu debe seguir enfrentando este proceso judicial desde el poder, con todas las herramientas institucionales que ese cargo le otorga, o si debe hacerlo como ciudadano privado.

El uso del estrado como plataforma electoral

Un elemento adicional que merece atención es la expectativa, ya anticipada por diversos analistas, de que Netanyahu utilizará las audiencias de los próximos dos meses —donde ministros y colaboradores cercanos testificarán— como una plataforma efectiva de campaña electoral. Esta dinámica, aunque puede generar críticas desde sectores opositores que la califican de instrumentalización del proceso judicial, también puede leerse como la contracara legítima de un juicio que sus propios seguidores consideran políticamente motivado desde su origen: si el proceso se ha convertido en un escenario político, es razonable que el propio acusado ejerza su derecho a comunicar su versión de los hechos ante la opinión pública que, en definitiva, deberá decidir su futuro en las urnas.

Conclusión

El juicio de Netanyahu entra en su fase más decisiva, con un calendario de audiencias que coincide casi exactamente con la campaña electoral de octubre, en un proceso que ya acumula siete años sin resolución definitiva y que su propia defensa ha caracterizado, con fundamentos que merecen ser evaluados con seriedad, como una persecución política extendida artificialmente en el tiempo. VDI Global seguirá de cerca este proceso judicial, respetando en todo momento la presunción de inocencia que corresponde a Netanyahu hasta que exista una resolución final firme.