El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que desde este jueves bajan los precios de los combustibles: cerca de $100 por litro en bencina y $150 en diésel. La noticia llega el mismo día en que se confirma algo que debería avergonzar a cualquier equipo económico: Chile ya es el cuarto país con la bencina más cara de toda Latinoamérica y el Caribe, solo detrás de Uruguay, Cuba y Costa Rica, con un precio promedio de US$6,1 por galón. La secuencia de los hechos importa, y no favorece al Gobierno: primero se dejó que el país escalara al podio de los más caros de la región, y solo después —cuando el dato ya era público y bochornoso— llegó el anuncio de alivio.

El origen de este problema no es la guerra en Ormuz: es una decisión de marzo

Es cierto que el conflicto en Medio Oriente y la escalada en el estrecho de Ormuz —que esta misma semana ha vuelto a intensificarse— presiona al alza el precio internacional del petróleo. Pero atribuir el problema completo a un factor externo es una simplificación que no resiste el análisis de las propias decisiones del Ejecutivo.

En marzo de este año, el propio ministro Quiroz decidió debilitar deliberadamente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) —la herramienta que existe precisamente para amortiguar shocks externos como este—. Calificó el mecanismo de "regresivo", amplió por decreto la ventana de cálculo de paridad de dos a cuatro semanas —lo que en la práctica traspasa más del alza internacional directamente al bolsillo del consumidor—, y autorizó el alza histórica de $370 por litro en bencina y $580 en diésel, argumentando un costo fiscal semanal de hasta US$140 millones que, según sus palabras, "no estoy aquí para ser popular" no estaba dispuesto a seguir sosteniendo.

Esa decisión de marzo es la que explica, en gran medida, por qué Chile llegó a este podio regional en julio. No es solo que el petróleo subió en el mundo: es que el Gobierno decidió, por una opción de política fiscal propia, trasladar una porción mayor de esa alza a los consumidores de lo que el diseño original del Mepco habría permitido.

La alerta llegó desde el propio oficialismo, y el Gobierno tardó en escucharla

Lo más revelador es que esta corrección no nace de una autocrítica espontánea del equipo económico. El 1 de julio —una semana antes del anuncio de baja, y con la escalada del conflicto en Ormuz ya en curso— la senadora de RN y jefa de bancada, María José Gatica, envió un oficio formal al ministro Quiroz pidiéndole activar todas las herramientas disponibles del Mepco para frenar el alza, advirtiendo que "el bolsillo de las familias no da para más" en un contexto de 9,4% de desempleo nacional. Es decir: la propia coalición de gobierno tuvo que salir a exigirle a Hacienda, por escrito, que hiciera lo que finalmente anunció esta semana —después de que el ranking regional ya había dejado a Chile en una posición vergonzosa.

Economistas consultados en la prensa especializada ya habían advertido, además, que el rediseño de marzo tenía un costo concreto: ampliar la ventana de cálculo "lleva a que se traspase un mayor porcentaje del alza al usuario final", en palabras del académico Gonzalo Escobar. El propio Gobierno reconoció esa lógica cuando anunció el ajuste actual: si el mecanismo permite trasladar alzas con rapidez, debería permitir trasladar bajas con la misma rapidez. La pregunta que el Ejecutivo no ha respondido con la misma franqueza es por qué, sabiendo desde marzo que su propio rediseño encarecería más los combustibles de lo necesario, esperó hasta llegar al cuarto lugar del ranking regional para actuar.

El criterio que faltó

Nadie exige al Gobierno controlar el precio internacional del petróleo ni el desenlace de una guerra en Medio Oriente. Pero sí es razonable exigir que la política fiscal chilena no amplifique, por decisión propia, el impacto de un shock externo sobre el que no tiene control, y que cuando la propia coalición de gobierno advierte por escrito que la medida está golpeando a las familias, la respuesta no tarde una semana adicional en llegar —tiempo suficiente para que el país quedara marcado, con datos duros y comparables, como uno de los lugares más caros de la región para llenar el estanque.

El anuncio de esta semana es, en sí mismo, una corrección correcta. Lo que falta —y lo que el Gobierno todavía no ha explicado con suficiente autocrítica— es reconocer que la secuencia pudo haber sido distinta: escuchar la advertencia de su propia bancada a comienzos de julio, en lugar de esperar a que el ranking regional hiciera pública la magnitud del problema.