Una auditoría interna de Codelco reveló una presunta desviación de 20.000 toneladas en los resultados productivos de 2025. La producción habría sido inflada para cumplir metas y pagar bonos a ejecutivos. El proyecto Rajo Inca pasó de US$1.200 a más de US$2.500 millones sin alcanzar sus niveles proyectados. Los diputados republicanos Jéldrez, Arqueros y Urcullú piden una comisión investigadora. Y Máximo Pacheco — el presidente del directorio que supervisó todo esto — dice que no sabe nada.

Codelco es la empresa más importante del Estado chileno. El principal activo estratégico de Chile. La que produce el cobre que financia el presupuesto nacional, que paga los sueldos de los funcionarios públicos, que sostiene el gasto social que la izquierda tanto pregona. Y según una auditoría interna de la propia empresa, en 2025 desaparecieron 20.000 toneladas de producción que no fueron registradas correctamente.

Veinte mil toneladas de cobre. No es una diferencia contable menor. No es un error de redondeo. Es una cantidad que, a precios actuales de mercado, representa cientos de millones de dólares en producción que no se puede explicar con los registros oficiales de la compañía.

La comisión de Minería de la Cámara de Diputados abordó esta semana los hallazgos de esa auditoría interna. El resultado fue una arremetida de los diputados republicanos Stephanie Jéldrez, Carlo Arqueros e Ignacio Urcullú — todos miembros de la comisión — que anunciaron la solicitud formal de una comisión investigadora sobre Codelco.

LO QUE LA AUDITORÍA REVELÓ

La propia revisión interna de la cuprífera detectó la diferencia en los rendimientos operativos. No fue una auditoría externa. No fue la Contraloría. Fue la propia Codelco la que encontró en sus números que algo no cuadra — y que ese algo asciende a aproximadamente 20.000 toneladas de producción del año 2025.

El mecanismo que se investiga es sencillo en su maldad: inflación artificial de los números de producción para cumplir las metas fijadas a los ejecutivos — metas cuyo cumplimiento activa el pago de bonos millonarios. En otras palabras, si la acusación se confirma, los ejecutivos de Codelco habrían cocinado los libros de producción para poder cobrarse los bonos que el directorio les fijó como incentivo.

La diputada Jéldrez lo dijo con precisión: "estamos hablando de cifras que pudieron haber inflado la producción y, con ello, los bonos y beneficios de la plana ejecutiva."

Ese escenario — si se confirma — no es solo una irregularidad contable. Es un fraude a los chilenos. Codelco es de todos los chilenos. Sus utilidades van al Estado. Sus metas las fija un directorio nombrado por el gobierno. Y si esos números fueron inflados para que los ejecutivos se cobren sus bonos, el perjudicado no es un accionista privado — es el erario público.

RAJO INCA: DE US$1.200 A US$2.500 MILLONES SIN RESULTADOS

La desviación de las 20.000 toneladas no es el único problema que Codelco tiene encima. Jéldrez también apuntó al proyecto Rajo Inca — uno de los proyectos de desarrollo minero más importantes de la empresa — que pasó de un presupuesto original de US$1.200 millones a más de US$2.500 millones. El doble. Sin haber alcanzado aún sus niveles productivos proyectados.

Un sobrecosto de más de US$1.300 millones en un solo proyecto. Sin que nadie haya dado explicaciones satisfactorias. Sin que el directorio haya rendido cuentas públicas sobre cómo ocurrió esa duplicación. Sin que los funcionarios que aprobaron y supervisaron ese presupuesto hayan respondido ante el Congreso o ante los chilenos.

Eso es exactamente el tipo de gestión que una comisión investigadora debe escrutar. No como ejercicio de persecución política — sino como ejercicio elemental de fiscalización del uso de los recursos del Estado.

EL SINDICATO DE VENTANAS Y LAS 100 TONELADAS QUE NO LLEGARON

El problema se extiende también al frente laboral. El Sindicato N°1 de Ventanas cuestionó el incumplimiento de la ley que obliga al abastecimiento de la fundición. El informe anual de la compañía reconoce 100 toneladas que debían llegar a la fundición y no llegaron — una violación directa de las obligaciones legales de la empresa.

Eso no es un problema menor. La Fundición Ventanas tiene una historia larga y compleja en Chile — con comunidades afectadas por la contaminación, con trabajadores que dependen de ella, con compromisos estatales de largo plazo sobre su operación. Que Codelco no cumpla con sus propias obligaciones legales de abastecimiento — y que lo reconozca en su informe anual — añade una dimensión de incumplimiento normativo al cuadro de irregularidades.

MÁXIMO "TIRA LAS MANOS" PACHECO — EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Y aquí llegamos al personaje central de esta historia. Máximo Pacheco Matte fue presidente del directorio de Codelco durante el gobierno de Boric. El hombre que presidió el órgano de supervisión máxima de la empresa durante el período en que se habrían producido estas irregularidades. El mismo Pacheco que viene de una larga trayectoria en el mundo político y empresarial chileno — fue ministro de Energía de Bachelet, es abogado de larga data vinculado al PS, y ocupó la presidencia del directorio de la empresa más importante del Estado durante cuatro años.

En Chile existe una expresión popular para describir a quienes nunca se hacen responsables de lo que ocurre bajo su supervisión: "tira las manos." El que estaba a cargo cuando ocurrieron las cosas pero que luego dice que no sabía, que no vio, que no participó, que no corresponde preguntarle a él.

Pacheco presidió el directorio de Codelco durante los años en que el proyecto Rajo Inca pasó de US$1.200 a US$2.500 millones. Durante los años en que se habrían fijado las metas cuyos números ahora la auditoría interna cuestiona. Durante los años en que el directorio aprobó los sistemas de incentivos a ejecutivos que ahora se investigan como posible mecanismo de inflación de producción.

El directorio no es un órgano decorativo. Es el máximo órgano de gobierno de la empresa. Supervisa la gestión, aprueba los presupuestos, fija las metas, diseña los sistemas de incentivos. Si los ejecutivos inflaron la producción para cobrar sus bonos, esos bonos los aprobó el directorio. Si Rajo Inca se duplicó en costo, esa duplicación pasó por el directorio.

¿Qué sabía Pacheco? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué hizo con lo que sabía? Son las preguntas que la comisión investigadora que piden los republicanos tiene la obligación de formular.

LA COMISIÓN INVESTIGADORA — POR QUÉ ES NECESARIA Y QUÉ DEBE HACER

Los diputados Jéldrez, Arqueros y Urcullú tienen razón en pedir una comisión investigadora. No como herramienta de persecución política — sino como el ejercicio básico de fiscalización que el Congreso tiene la obligación de hacer sobre el uso de los recursos del Estado.

Codelco produce aproximadamente el 10% del cobre mundial. Sus utilidades financian una parte significativa del presupuesto chileno. Su gestión afecta directamente a decenas de miles de trabajadores y a las comunidades donde opera. Que una auditoría interna revele 20.000 toneladas de producción no registradas correctamente, que un proyecto se duplique en costo sin explicaciones y que la empresa incumpla sus obligaciones legales de abastecimiento merece mucho más que un comunicado corporativo.

Merece el escrutinio del Congreso. Merece que los directivos y ejecutivos responsables comparezcan y respondan. Merece que los chilenos sepan exactamente qué pasó con su empresa y qué pasó con su cobre.

La comisión investigadora es el instrumento correcto. Que funcione con la rigurosidad que el caso exige. Y que Pacheco — el presidente del directorio que supervisó todo esto — sea el primero en comparecer.

Análisis elaborado por el equipo de VDI Global desde Israel y Chile. Suscríbete , solo información que vale la pena leer.