Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo en la mira del Congreso durante la discusión del presupuesto. Pero esta vez el resultado fue distinto. La Comisión Mixta de Presupuestos aprobó la noche del jueves un «rechazo simbólico» a la partida del INDH, un gesto político sin efecto práctico: la Dirección de Presupuestos clasificó los recursos del organismo como gasto de ley permanente, y la Constitución prohíbe al Congreso reducir ese tipo de gastos. La paradoja es evidente: el gobierno de José Antonio Kast terminó protegiendo a una institución que buena parte de su propia coalición quiere recortar. Y lo hizo sin avisar, sin explicar y en el peor momento posible. Es otro error de cálculo de los asesores del Presidente.

Qué pasó

Durante la votación de la partida en la Comisión Mixta, sus integrantes manifestaron su rechazo al presupuesto del INDH. Pero se trató de un gesto simbólico. La Dirección de Presupuestos (Dipres) había establecido que los fondos del organismo corresponden a un gasto de ley permanente.

Según el artículo 67 de la Constitución, el Congreso solo puede reducir los gastos del proyecto de presupuesto, salvo los que estén establecidos por ley permanente. Por eso, el rechazo no puede traducirse en un recorte.

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, explicó durante la sesión que esa clasificación es una declaración que la Dipres ha hecho durante muchos años. En la discusión, algunos parlamentarios argumentaron que solo una parte del gasto, la asociada a la dotación de personal que fija la ley, tiene carácter permanente, y no la totalidad. También hubo llamados a respaldar el criterio del Ejecutivo y a reconocer al INDH como una institución permanente del Estado.

Un blindaje inesperado

El cambio se gestó en el proyecto de presupuesto que presentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Aunque el INDH fue creado por ley y, en teoría, su financiamiento debía considerarse permanente, sus recursos aparecían como una simple asignación dentro de la partida del Tesoro Público. En presupuestos anteriores nunca quedaba claro qué parte era permanente y qué parte variable, lo que dejaba sus fondos expuestos a recortes.

Este año, la Dipres despejó la duda: todo el financiamiento quedó clasificado como permanente. Con ello, las indicaciones para reducirlo se volvieron inadmisibles.

El precedente de 2025

La decisión cobra sentido a la luz de lo que ocurrió hace un año. En la discusión del presupuesto 2025, la Comisión Mixta dejó al INDH con un presupuesto de apenas 1 peso, tras una votación empatada 9 a 9. Los recursos se repusieron después en el Senado, a cambio del compromiso de crear una comisión que propusiera reformas legales a su funcionamiento.

Las críticas al INDH vienen principalmente de la derecha, que lo acusa de haberse convertido en un actor parcial, especialmente por su rol en las querellas contra policías tras el estallido social de 2019.

La crítica desde el oficialismo

El blindaje generó molestia en parte del oficialismo. La diputada del Partido Nacional Libertario Paulina Muñoz calificó la decisión como una muy mala señal política. Sostuvo que el INDH perdió por completo el objetivo para el que fue creado, que ha sido instrumentalizado, y que en este punto el gobierno se equivocó.

Otro error de cálculo

El problema no es la decisión, sino cómo se tomó. Los parlamentarios del oficialismo se enteraron del blindaje cuando ya estaba en el proyecto, sin una explicación previa ni una estrategia para defenderlo. El resultado fue un rechazo simbólico de la Comisión Mixta, críticas abiertas de un partido aliado y una nueva señal de descoordinación entre La Moneda y su coalición.

Y llega en el peor momento. El gobierno enfrenta una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por los decretos que rebajaron condenas a abusadores de menores, otro error originado en una gestión deficiente. Necesita cada voto de su coalición, y la UDI apenas logra ordenar a su bancada. La aprobación del Presidente está en su punto más bajo. En ese escenario, abrir sin aviso un nuevo frente con sus propios aliados, sobre un tema tan sensible para la derecha como el INDH, es exactamente lo que un buen equipo político debería evitar.

No es un hecho aislado. Desde el oficialismo se ha pedido rediseñar el Segundo Piso de La Moneda, y el exsenador Carlos Larraín sostuvo esta semana que al gobierno le falta olfato político. El caso del INDH les da la razón.

Lectura editorial

En el fondo, el gobierno hizo lo correcto, pero la forma fue un error.

El INDH es una institución creada por ley, con funciones que la ley le asigna. Si el Congreso considera que no cumple bien su tarea, el camino es reformar esa ley, no asfixiarla con la Ley de Presupuestos. Usar el presupuesto para desmantelar instituciones permanentes del Estado es un mal precedente: hoy se aplica contra el INDH, pero mañana cualquier mayoría podría usarlo contra organismos que la derecha valora.

Pero en política, tener la razón no basta. Una decisión correcta, mal comunicada y peor coordinada, termina pareciendo una concesión o un descuido. El gobierno debió anunciar el criterio, explicar sus fundamentos jurídicos a su coalición y, sobre todo, acompañarlo de un compromiso claro: proteger el financiamiento a cambio de una reforma profunda al INDH. No hizo nada de eso. Y dejó a sus aliados la sensación de que La Moneda protege a una institución que ellos consideran capturada, mientras les pide lealtad para salvar a un ministro.

Las críticas al INDH tienen fundamento. Tras el estallido de 2019, la institución fue percibida por buena parte de la ciudadanía como un actor alineado con un sector político, más dispuesto a querellarse contra carabineros que a defender a las víctimas de la violencia, sin importar quién la ejerciera. Un organismo de derechos humanos solo tiene legitimidad si defiende a todas las personas por igual, incluidos los policías agredidos y las víctimas del crimen.

El gobierno todavía puede convertir este error en una oportunidad. Ya que protegió el financiamiento, tiene la autoridad para exigir cambios: un gobierno corporativo más plural, criterios objetivos para presentar querellas, transparencia en sus decisiones y una agenda que incluya a todas las víctimas. Esa es la discusión que debe dar, en una ley y no en una glosa, y con su coalición sentada a la mesa desde el principio.

El cambio de gabinete que se anuncia debería tomar nota. Al gobierno no le faltan convicciones; le falta conducción política. Y cada error de cálculo le cuesta capital que ya no tiene.

Lo que viene

La Comisión Mixta continúa votando las partidas del presupuesto 2027, que luego deberán ser ratificadas por ambas cámaras antes del plazo constitucional de fines de noviembre. El debate sobre una reforma legal al INDH sigue pendiente. Y la discusión presupuestaria se cruza con otros frentes del gobierno: la acusación constitucional contra el ministro Rabat y el anunciado cambio de gabinete, que debería incluir ajustes en el equipo político de La Moneda.