En medio de la conmoción nacional por la muerte del cabo primero Marco Cosme —baleado en el rostro durante el operativo de Valdivia para capturar al prófugo

por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín—, y con otros tres funcionarios policiales baleados durante julio, el Partido Comunista confirmó que no retirará el proyecto de ley que busca derogar parte de la Ley Nain-Retamal, la misma norma que lleva el nombre de la víctima cuyo crimen sigue cobrando vidas seis años después. Esta columna considera que la insistencia del PC en avanzar con esta iniciativa, precisamente en el momento de mayor sensibilidad pública por la violencia contra Carabineros, es un ejemplo de la desconexión persistente de ese sector con la realidad que hoy enfrentan las policías chilenas.

Lo que el proyecto busca derogar

La iniciativa, ingresada el mes pasado por parlamentarios del PC, tiene por objeto derogar las disposiciones incorporadas en la Ley Nain-Retamal que establecen una presunción especial de concurrencia de la legítima defensa en favor de los funcionarios encargados del orden público. Según explican sus propios impulsores, el proyecto no elimina ni restringe la legítima defensa consagrada en el ordenamiento jurídico chileno, sino que busca restablecer el régimen general aplicable a todas las personas, eliminando lo que consideran un estatuto excepcional que altera los principios de igualdad ante la ley, responsabilidad penal individual y control jurisdiccional del uso de la fuerza.

"No vamos a retirar nuestro proyecto"

Consultadas por Emol, fuentes del entorno de los patrocinantes del proyecto fueron categóricas, bajo reserva: "no vamos a retirar nuestro proyecto", argumentando que no creen que se deba dar marcha atrás en una discusión legislativa por un hecho puntual. La jefa de la bancada de diputados del PC, Daniela Serrano, encuadró el tema como un debate legítimo que corresponde al Congreso: "es un debate que tiene que dar el Congreso Nacional".

El contexto que el PC decide ignorar

Esta columna ya documentó en detalle, en coberturas anteriores, la seguidilla de ataques armados contra Carabineros registrada en las últimas semanas: el cabo Cosme Barquero murió tras recibir un disparo en el rostro durante la captura del prófugo por el crimen del cabo Naín, mientras que otros carabineros fueron baleados en Lo Espejo durante una fiscalización de rutina. Es precisamente en honor a la memoria del cabo Naín —cuyo asesinato en 2020 motivó la promulgación de la propia ley que el PC hoy busca desmantelar parcialmente— que el nombre de esa normativa perdura en el debate público. Que el partido insista en avanzar con la derogación justo cuando el país todavía procesa el luto por una nueva muerte vinculada al mismo caso, revela una insensibilidad política que raya en la provocación.

Por qué esto es jugar con fuego

La Ley Nain-Retamal fue una respuesta legislativa directa a una demanda ciudadana transversal: dotar a los funcionarios policiales de un marco de protección jurídica adecuado frente al uso legítimo de la fuerza en el ejercicio de su deber, en un contexto de creciente violencia armada contra la autoridad. Que el PC elija este momento específico —con un carabinero recién fallecido y una ola de ataques documentada semana a semana— para insistir en derogar parte de esa protección, envía una señal que esta columna no puede interpretar sino como una muestra de que ese sector no ha aprendido la lección de los últimos años: cada vez que la izquierda chilena ha intentado debilitar las herramientas legales de protección a las policías, el costo político ha sido alto, y el costo humano, medido en carabineros heridos o muertos, ha sido más alto todavía.

Conclusión: la política no puede ser sorda a la realidad de la calle

Esta columna respalda la necesidad de que cualquier legislación sobre uso de la fuerza policial sea revisada con rigor técnico y jurídico, y no niega el derecho legítimo de cualquier bancada a presentar los proyectos de ley que considere pertinentes. Pero la insistencia del PC en avanzar con esta iniciativa específica, en el momento exacto en que Chile despide a un nuevo carabinero caído en cumplimiento de su deber, confirma que ese sector sigue prefiriendo el debate ideológico abstracto sobre el "control jurisdiccional del uso de la fuerza" por sobre la urgencia real que enfrentan hoy miles de funcionarios policiales expuestos a la violencia armada en las calles de Chile. Jugar con fuego en un momento así no es valentía política: es, sencillamente, no aprender de la propia historia reciente.