A semanas de la segunda vuelta, la Fiscalía peruana solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato izquierdista Roberto Sánchez por financiamiento ilegal de campaña. El patrón se repite en América Latina: la izquierda predica transparencia y practica exactamente lo contrario.

Perú vuelve a ser el escenario de uno de los fenómenos más recurrentes de la política latinoamericana: un candidato de izquierda que se presenta como alternativa ética al establishment político enfrenta una acusación formal de financiamiento ilegal precisamente en el momento en que más necesita proyectar credibilidad ante el electorado.

La Fiscalía de Perú solicitó este martes una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, por presuntos delitos vinculados con la financiación irregular de su campaña entre 2018 y 2020. Además, el Ministerio Público pidió su inhabilitación definitiva como presidente de su partido por falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad documental.

El contexto electoral hace la acusación especialmente significativa: la segunda vuelta presidencial en Perú está convocada para el 7 de junio, y Sánchez aparece como el probable rival de Keiko Fujimori — la hija del expresidente encarcelado, que llega a esta instancia por cuarta vez consecutiva en la historia reciente del país.

LOS HECHOS SEGÚN LA FISCALÍA

La acusación es específica y documentada. Según el Ministerio Público, Sánchez habría declarado datos falsos ante la ONPE — la Organización Nacional de Procesos Electorales — de cara a los comicios de 2018. El partido Juntos por el Perú presentó informes de campaña y estados financieros sin movimientos. Pero la Fiscalía afirma que el partido recibió casi 205.000 soles en aportes — equivalentes a aproximadamente 56 millones de pesos chilenos — depositados en una cuenta a nombre de William Sánchez, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del candidato.

En otras palabras: el candidato habría ocultado aportes de campaña que pasaron por las manos de su propio hermano, presentando al organismo electoral una contabilidad que no reflejaba la realidad financiera de su partido.

La acusación se extiende también a las elecciones de 2020, donde la Fiscalía señala que Sánchez habría vuelto a falsear información sobre gastos e ingresos en la gestión de la campaña y sobre el financiamiento general del partido.

El abogado defensor, Carlos García Asenjo, argumentó que la acusación sobre el uso ilícito de aportes había sido archivada en una instancia superior, y que en ningún momento se acredita en qué gastos personales se usaron los fondos. "A diferencia de lo que dice mi patrocinado, esa plata se usaba para la campaña", sostuvo el abogado.

La distinción que plantea la defensa — que los fondos fueron a la campaña y no al bolsillo de Sánchez — podría ser jurídicamente relevante. Pero políticamente no cambia nada: un candidato que presentó estados financieros sin movimientos cuando en realidad recibió más de 200.000 soles, que canalizó esos fondos a través de la cuenta de su hermano, es un candidato que mintió al organismo electoral. Eso tiene un nombre y ese nombre no es transparencia.

EL PATRÓN LATINOAMERICANO

Lo de Sánchez no es un caso aislado. Es la expresión más reciente de un patrón que se repite con una consistencia notable en toda América Latina: la izquierda populista predica contra la corrupción del establishment, se presenta como la alternativa ética y democrática, llega al poder o a las candidaturas con ese discurso — y luego queda atrapada en exactamente los mismos vicios que denunció.

El caso más emblemático y cercano es el de Pedro Castillo — el maestro rural que llegó a la presidencia del Perú en 2021 con un discurso de cambio radical y fue destituido y encarcelado en 2022 por intentar disolver el Congreso en un golpe de Estado fallido, mientras era investigado por múltiples casos de corrupción durante su propia gestión.

En Chile, el patrón tiene nombre propio: Caso Convenios. $90.000 millones desviados desde el Estado a fundaciones amigas del PC y el Frente Amplio. Giorgio Jackson renunciando. Carlos Montes con sobreprecios documentados. Monsalve formalizado por violación. La diferencia entre el discurso de la izquierda sobre la ética pública y su práctica real cuando tiene el poder es un abismo documentado.

En Argentina, los Kirchner. En Venezuela, el chavismo. En Nicaragua, el sandinismo. En Bolivia, el MAS. En Ecuador, el correísmo — del que fue parte, precisamente, la candidata a la ONU María Fernanda Espinosa. En todos estos casos, el discurso de la izquierda sobre la transparencia, la justicia y los derechos del pueblo contrasta brutalmente con el ejercicio real del poder.

Sánchez no ha llegado al poder todavía. Pero ya tiene una acusación fiscal que sugiere que la brecha entre el discurso y la práctica existe incluso antes de la llegada al gobierno.

EL DILEMA ELECTORAL PERUANO

La segunda vuelta del 7 de junio en Perú plantea a los votantes un dilema que el país ya conoce de memoria: Sánchez vs. Keiko.

Keiko Fujimori llega a esta instancia por cuarta vez. Ha perdido contra Humala, contra Kuczynski y contra Castillo. Cada vez que pierde, sus seguidores atribuyen la derrota a la campaña del miedo que le hacen sus adversarios. Cada vez que pierde, Keiko emerge como candidata del establishment corrupto que el electorado rechaza.

Pero esta vez es Sánchez el que llega con una acusación fiscal encima. Y eso cambia la ecuación que la izquierda peruana quería plantear.

El argumento central de Sánchez sería: "Soy la alternativa a la corrupción fujimorista." Pero la Fiscalía le acaba de decir a los votantes peruanos que Sánchez también mintió al organismo electoral, también canalizó fondos de campaña sin declararlos y también operó a través de familiares cuando no quería que los números aparecieran en los registros oficiales.

Eso no significa que Keiko Fujimori sea inocente de sus propias acusaciones — que son reales y documentadas. Significa que Perú se enfrenta, una vez más, al escenario más disfuncional de la democracia latinoamericana: elegir entre dos candidatos con problemas serios de credibilidad ética.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA LA REGIÓN

Desde VDI Global, que cubre América Latina con la perspectiva de chilenos que operamos en Israel y que hemos documentado el patrón de la izquierda latinoamericana con rigor y sin condescendencia, el caso Sánchez confirma algo que debería ser una advertencia permanente para el electorado de toda la región.

La izquierda latinoamericana no tiene un problema de personas. Tiene un problema de sistema. La combinación de populismo, financiamiento opaco, control de organizaciones y estructuras paralelas al Estado es estructural — no accidental. Es el mismo modelo en Chile, en Perú, en Argentina, en Bolivia.

En Chile, Kast ganó con el 58% de los votos en parte porque ese modelo quedó expuesto durante el gobierno de Boric de una manera que el electorado no perdonó. En Perú, el electorado tiene la oportunidad de sacar las mismas conclusiones — pero enfrenta la dificultad de que la alternativa disponible tampoco inspira confianza irrestricta.

La democracia latinoamericana necesita candidatos que prediquen transparencia y la practiquen. Roberto Sánchez, con esta acusación encima, no parece ser ese candidato.

Análisis elaborado por el equipo de VDI Global desde Israel y Chile.