En un Chile donde el debate sobre el abuso de licencias médicas en el sector público lleva meses en los titulares — con el caso del juez Urrutia como símbolo de la impunidad institucional — la Municipalidad de Quilicura acaba de demostrar que la rendición de cuentas es posible cuando hay voluntad política de ejercerla.

La alcaldesa Paulina Bobadilla anunció esta semana los resultados de una serie de sumarios administrativos instruidos durante 2026: 28 medidas disciplinarias en total, de las cuales 12 corresponden a destituciones por faltas graves a la probidad y al cumplimiento de las obligaciones funcionarias.

El desglose es concreto y no admite ambigüedades: cuatro funcionarios destituidos por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica, uno por acoso sexual, uno por acoso laboral, dos por inasistencias reiteradas, dos por responsabilidades en un accidente laboral y dos por compras irregulares de 2021. Adicionalmente, hay casos de funcionarios que fueron a casinos mientras hacían uso de licencias médicas.

La alcaldesa Bobadilla fue directa: "Toda irregularidad debe ser investigada y, cuando corresponde, sancionada. No permitiremos conductas que vulneren la confianza ciudadana ni el correcto uso de los recursos públicos."

Por qué este caso importa más allá de Quilicura

El caso de Quilicura no es notable por la magnitud de los hechos — cuatro funcionarios que viajaron al exterior con licencia médica es un número modesto en el contexto nacional. Es notable por lo que demuestra: que los sumarios administrativos pueden terminar en destituciones reales, en plazos razonables, cuando la autoridad comunal tiene la voluntad de llevarlos hasta sus consecuencias.

Eso no es trivial en el Chile de 2026. La Contraloría reveló hace más de un año que decenas de miles de funcionarios públicos viajaron al exterior mientras estaban con licencia médica. El escándalo fue mayúsculo. La indignación fue transversal. Y sin embargo, en la mayoría de las instituciones, los sumarios se dilatan, las prescripciones llegan antes que las sanciones, y los funcionarios siguen en sus cargos.

El juez Urrutia es el ejemplo más reciente y más visible: viajó dos veces al exterior con licencia médica por estrés, fue absuelto por prescripción gracias a un solo voto de diferencia, y acto seguido denunció a la Corte de Apelaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberlo investigado. Costo final para el juez: cero.

En Quilicura, cuatro funcionarios que hicieron exactamente lo mismo — viajar al exterior con licencia médica — perdieron su trabajo. Esa es la diferencia entre una institución que aplica las reglas y una que las administra hasta que prescriben.

El patrón que se está instalando en los municipios

Quilicura no es el único municipio que ha tomado este camino en 2026. Maipú destituyó a 25 funcionarios por uso irregular de licencias médicas en marzo. Zapallar destituyó a ocho funcionarios por viajes al exterior durante licencias médicas. El patrón que emerge es significativo: son los municipios — las instituciones más cercanas al ciudadano, las más visibles, las más expuestas al escrutinio directo de sus vecinos — quienes están mostrando la velocidad y la determinación en la rendición de cuentas que instituciones de mayor jerarquía no han demostrado.

Eso dice algo sobre los incentivos. Un alcalde o alcaldesa que no sanciona el abuso de sus funcionarios lo paga directamente en credibilidad ante sus vecinos. Un tribunal o una repartición central que no sanciona el abuso de sus funcionarios tiene más espacio para diluir la responsabilidad en el proceso, en los plazos, en las instancias.

Lo que el gobierno de Kast debe replicar a escala nacional

El caso de Quilicura es un modelo que el gobierno de Kast debería replicar con urgencia en el aparato del Estado central. La voluntad política existe — el gobierno llegó con un discurso de orden y probidad que la ciudadanía respaldó. Lo que falta es la traducción de ese discurso en procesos disciplinarios con plazos máximos obligatorios, consecuencias proporcionales al daño causado y publicidad de los resultados.

Tres elementos concretos que el gobierno debería implementar inspirándose en lo que Quilicura demostró esta semana: primero, instrucción a todos los servicios públicos de revisar los registros de viajes al exterior de funcionarios con licencia médica en los últimos tres años y abrir sumarios donde corresponda. Segundo, establecimiento de plazos máximos para la resolución de sumarios administrativos que impidan que la prescripción llegue antes que la sanción. Tercero, publicación sistemática de los resultados de los sumarios para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de la rendición de cuentas en cada institución.

Lo que Quilicura demostró esta semana es simple pero poderoso: cuando la autoridad investiga, procesa y sanciona con determinación, el sistema funciona. La pregunta es si esa determinación puede replicarse a escala en un Estado que ha aprendido a gestionar los escándalos en lugar de resolverlos.