El cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago, decidió esta semana salir públicamente a criticar una de las indicaciones más sensibles del gobierno de José Antonio Kast en materia migratoria: la propuesta que busca permitir que hospitales, colegios y organismos de salud entreguen antecedentes de migrantes en situación irregular a las autoridades, en el marco del proyecto que perfecciona el sistema de expulsiones administrativas.

En entrevista con CNN Chile, Chomali fue explícito y sin rodeos: "Esa indicación no es adecuada, va en contra del juramento hipocrático y genera serios problemas desde el punto de vista sanitario." Añadió que "a una persona enferma no se le pregunta ni su nacionalidad, ni cómo llegó, ni qué es lo que pasó", y que "la dignidad del ser humano es anterior a su nacionalidad." Y remató con la frase que generó mayor ruido mediático: "Estoy seguro de que muchos de los que son más duros con los migrantes sucede que tienen a su mamá que la está cuidando una persona de otro país."

Desde Israel, donde VDI Global opera y analiza la política chilena con la perspectiva que da la distancia y el análisis riguroso, esta intervención del cardenal merece un examen cuidadoso que los medios convencionales no harán. No porque Chomali sea necesariamente un adversario del gobierno Kast ni porque su preocupación por los migrantes sea ilegítima — no lo es —, sino porque los argumentos que utilizó mezclan principios genuinamente válidos con falacias lógicas que deben ser identificadas como tales.

Lo que el gobierno propone y lo que el cardenal entiende

Antes de analizar los argumentos de Chomali, conviene precisar qué es lo que efectivamente propone el gobierno. La indicación no establece una obligación de denuncia — el propio subsecretario del Interior Máximo Pavez lo aclaró explícitamente, señalando que existía una "mala comprensión" del contenido —. Lo que plantea es que organismos públicos y privados de salud, educación y previsión puedan entregar datos de extranjeros que estén siendo objeto de procedimientos migratorios ya en curso. Es decir, no es una orden de delatar a quien llega a urgencias con fiebre. Es un mecanismo de coordinación institucional para personas que ya están en procesos administrativos migratorios activos.

Esa distinción importa. Y Chomali, con toda su autoridad moral y pastoral, la difuminó en su intervención pública de una manera que le hace un flaco favor al debate serio que esta política merece.

El argumento médico: válido en su núcleo, exagerado en su aplicación

El argumento más sólido de Chomali es el sanitario. Cuando los migrantes irregulares temen acudir al sistema de salud, no se tratan. Y cuando no se tratan, no solo afectan su propia salud sino que potencialmente generan riesgos de contagio para el resto de la población. "Pasaría que mucha gente por temor no iría y moriría, contagiaría a otro y se generaría un centro de salud paralelo sin control sanitario", dijo el cardenal.

Este argumento tiene sustento en la experiencia internacional. En países donde se han implementado mecanismos de reporte obligatorio en hospitales, se ha documentado efectivamente una reducción en la utilización de servicios de salud por parte de migrantes irregulares, con consecuencias epidemiológicas que van más allá de esa población específica. Es un argumento legítimo que el gobierno debe considerar con seriedad al diseñar la implementación de esta política.

Sin embargo, el argumento tiene un límite que Chomali no señala: Chile tiene un problema real, documentado y creciente de migración irregular que genera costos concretos sobre el sistema de salud, el sistema educacional y el erario público. Reconocer que la política debe ser diseñada con inteligencia para no generar efectos no deseados no es lo mismo que decir que la política no debe existir. El cardenal hizo lo segundo cuando debería haber hecho lo primero.

"Los que son duros con los migrantes tienen a su mamá cuidada por extranjeros": la falacia que no debería venir de un purpurado

La frase más difundida de Chomali es también la más problemática en términos de rigor argumental. "Estoy seguro de que muchos de los que son más duros con los migrantes sucede que tienen a su mamá que la está cuidando una persona de otro país."

Este tipo de argumento tiene un nombre en lógica: argumentum ad hominem circunstancial. No refuta la posición que critica — la política migratoria del gobierno — sino que apunta a una supuesta inconsistencia personal de quienes la defienden. Y lo hace, además, con una generalización sin sustento empírico: Chomali "está seguro" de algo que no puede verificar sobre las circunstancias personales de millones de chilenos.

Más importante aún: aunque la premisa fuera verdadera — aunque efectivamente muchos críticos de la migración irregular empleen migrantes en sus hogares —, eso no dice nada sobre la validez o invalidez de una política migratoria. El argumento implica que quien se beneficia personalmente de algo no puede criticar sus efectos sistémicos. Esa lógica, llevada a sus consecuencias, invalidaría cualquier debate sobre política pública basándose en las circunstancias personales de los participantes en lugar de en los méritos de los argumentos.

Del cardenal de Santiago esperamos argumentos de mayor rigor intelectual. Especialmente en un debate tan sensible y tan real como el de la migración irregular en Chile.

El argumento demográfico: interesante, descontextualizado

Chomali también planteó un argumento de largo plazo que merece ser tomado más en serio: Chile tiene una tasa de natalidad inferior a uno — es decir, la población no se reproduce suficientemente para mantenerse en el tiempo — y eso hace que la migración sea necesaria para sostener el sistema previsional, el sistema de salud y la economía productiva del país en las próximas décadas.

Este es un argumento demográfico real y válido como marco de política migratoria de largo plazo. El problema es que no distingue entre migración legal y ordenada — que Chile efectivamente necesita y debería facilitar — y migración irregular que evade los controles del Estado. Son dos fenómenos completamente distintos. El primero es una necesidad. El segundo es un problema de gobernanza que ningún Estado serio puede ignorar.

El cardenal tiene razón en que Chile necesitará migrantes en el futuro. No tiene razón en que esa necesidad justifique no controlar quién entra, en qué condiciones y con qué documentación.

Lo que esta intervención dice sobre la Iglesia Católica y la política chilena

La intervención de Chomali no ocurre en el vacío. Ocurre en el contexto de un gobierno de centroderecha conservador que tiene una relación históricamente cercana con la Iglesia Católica y que debería poder contar con su respaldo en materias de orden público y seguridad. Que el cardenal de Santiago salga a criticar públicamente una política del gobierno Kast en materia migratoria — en lugar de hacer sus observaciones por canales institucionales — es una señal política que va más allá del debate específico sobre hospitales y migrantes.

La Iglesia Católica tiene una larga tradición de defensa de los migrantes y los más vulnerables que es genuinamente consistente con sus valores. Eso es respetable y VDI Global lo reconoce. Lo que es discutible es el método: la crítica pública en medios de comunicación, con argumentos que mezclan principios válidos con falacias ad hominem, en lugar del diálogo institucional que la relación entre la Iglesia y un gobierno democrático debería privilegiar.

El gobierno Kast tiene el mandato de controlar la migración irregular. Ese mandato viene de las urnas de noviembre de 2025 con una claridad que no admite interpretación. Que el cardenal Chomali discrepe con la forma en que ese mandato se implementa es su derecho. Que lo haga con el argumento de que los críticos de la migración irregular tienen a sus mamás cuidadas por extranjeros es, con todo el respeto que el cardenal merece, una rareza argumental que no lo favorece.

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