El apodo ya circula sin filtro en la conversación pública: "el violador de La Moneda". Así ha quedado marcado Manuel Monsalve, extitular de la subsecretaría del Interior del gobierno de Gabriel Boric, tras la acusación formal que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ingresó en su contra por violación y abuso sexual, solicitando 14 años y dos días de cárcel. La lista de 89 testigos que la Fiscalía pretende llevar a juicio la encabezan nada menos que el propio expresidente Boric y su entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, junto con altos mandos de la PDI y la víctima, una asesora de su propio gabinete.

Cómo se ganó ese apodo: la reconstrucción de la Fiscalía

Según la acusación revisada por BioBioChile, la noche del 22 de septiembre de 2024 Monsalve se reunió con la víctima en el restaurante Ají Seco Místico, en el centro de Santiago. Ambos comieron y bebieron alcohol. Horas después, con la mujer gravemente afectada por la ingesta, el entonces subsecretario la habría trasladado hasta el Hotel Panamericano, donde residía durante sus estadías en la capital.

La Fiscalía sostiene que, durante la madrugada del 23 de septiembre, Monsalve cometió el primer delito mientras la víctima se encontraba privada de sentido e incapacitada para oponerse. A la mañana siguiente, en la habitación 719, la mujer despertó semidesnuda, desorientada y con fuertes dolores, sin recuerdos de las horas anteriores. Según la acusación, en ese momento se habría cometido el segundo delito. Por el primer episodio, el Ministerio Público solicita 10 años y un día de cárcel por violación; por el segundo, 4 años y un día por abuso sexual. La Fiscalía invoca como agravante que Monsalve era una alta autoridad pública y superior jerárquico directo de la denunciante.

Boric, testigo de su propia decisión de expulsarlo del gabinete

El expresidente Gabriel Boric encabeza, junto a la víctima, la lista de comparecientes más relevantes citados por la Fiscalía. Su declaración del 29 de octubre de 2024, incluida en el expediente, confirma que la decisión de separar a Monsalve del cargo fue prácticamente inmediata: "Le dije que me contara toda la verdad del hecho, y me dijo que lo haría con lo que se acordaba... Yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo... era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo".

Junto a Boric, la Fiscalía busca citar a Carolina Tohá, al exministro Luis Cordero, a la exjefa de gabinete Ana Lya Uriarte y al exjefe de gabinete del propio Monsalve, Gabriel de la Fuente, para interrogarlos sobre la relación profesional con el acusado y sobre lo ocurrido dentro del Gobierno cuando el caso comenzó a conocerse.

El flanco que agrava todo: Inteligencia de la PDI movilizada a su pedido

Uno de los antecedentes más comprometedores de la acusación involucra a la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, cuyo testimonio del 28 de octubre de 2024 describe cómo el propio Monsalve habría utilizado su poder para intentar cubrir sus pasos: "Se trató de una orden realizada por el exsubsecretario directamente a Cristina Vilches, exjefa nacional de Inteligencia... Me señaló solo el hotel, el restaurante y el departamento de la víctima... sobre el hotel y restaurante, referidos a la búsqueda de cámaras de seguridad". Peña agregó que "había ido un funcionario con un delivery a verificar si la funcionaria estaba bien, a pedido de Monsalve".

Es decir, según la propia investigación, quien hoy carga con el apodo de "violador de La Moneda" habría usado el aparato de Inteligencia del Estado —diseñado para la seguridad nacional— para gestiones personales destinadas a monitorear el entorno de su propia víctima en los días posteriores a los hechos denunciados.

Una batería probatoria extensa

La Fiscalía ofrece 21 peritos y una montaña de evidencia: 106 documentos, 49 grupos de evidencias materiales y 65 conjuntos de fotografías, videos y registros, incluidas 436 capturas de un informe policial y 136 imágenes de dispositivos digitales, además de informes sexológicos, pericias de ADN, fichas clínicas y evaluaciones psicológicas forenses. También se citará al taxista que trasladó a ambos, garzones, cajeros, recepcionistas y camareras del hotel.

Lo que viene: audiencia el 5 de octubre

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el 5 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral. La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, valoró la celeridad de la fecha, pero advirtió sobre el riesgo de dilaciones: "esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar".

Lectura editorial

Desde VDI Global entendemos por qué el apodo "violador de La Moneda" se instaló con tanta fuerza en la conversación pública: pocos casos condensan mejor el abuso de poder que la ciudadanía sospecha, y con razón, en las estructuras del Estado. Un subsecretario del Interior —uno de los cargos con mayor acceso a información sensible y capacidad operativa del país— acusado de agredir sexualmente a su propia subordinada, y que además habría utilizado recursos de Inteligencia policial para monitorear el entorno de la víctima tras los hechos, es exactamente el tipo de episodio que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones que hemos documentado extensamente, desde el Poder Judicial hasta el uso de recursos públicos por autoridades de gobierno.

Valoramos que el propio expresidente Boric haya actuado con relativa rapidez para separar a Monsalve de su cargo apenas conoció la denuncia, un gesto de responsabilidad política que contrasta con la lentitud y opacidad que hemos criticado en otras áreas de esa misma administración. Pero ese gesto no exime al Gobierno de entonces de rendir cuentas más amplias sobre cómo se gestionó el caso puertas adentro, incluyendo el uso del aparato de Inteligencia estatal para fines personales de una autoridad bajo investigación.

Con todo, y pese a la fuerza del apodo instalado públicamente, es imprescindible reiterar: Manuel Monsalve mantiene plena presunción de inocencia hasta que exista sentencia firme. La acusación de la Fiscalía, por extensa y grave que sea, es solo eso: una acusación. Corresponderá al tribunal de juicio oral determinar, con el estándar probatorio que exige la ley, si los hechos imputados resultan efectivamente acreditados.

Lo que corresponde exigir

• Que la audiencia del 5 de octubre se desarrolle sin dilaciones injustificadas.
• Que se investigue de manera independiente el uso de recursos de Inteligencia de la PDI reportado por Consuelo Peña, más allá del resultado específico del juicio por los delitos sexuales.
• Que se transparente si existieron otras gestiones de poder o influencia política de Monsalve orientadas a encubrir los hechos denunciados.
• Que el proceso se desarrolle con las garantías del debido proceso tanto para la víctima como para el acusado, pese a la enorme carga simbólica que el caso ya adquirió en la opinión pública.

Conclusión

El caso que la opinión pública bautizó como "el violador de La Moneda" entra en su etapa decisiva, con una acusación fiscal robusta y una lista de testigos que incluye al expresidente de la República. Más allá del desenlace judicial, el episodio ya dejó una marca indeleble sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric, que debió enfrentar la denuncia de violación contra uno de sus subsecretarios más próximos al poder, y el uso indebido, según la propia investigación, del aparato de Inteligencia del Estado. VDI Global seguirá de cerca este proceso hasta su resolución final.