Han pasado 18 días desde que la oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y todavía no la presenta. La razón no es solo política: es jurídica. Según Ex-Ante, los dos principales constitucionalistas del Partido Socialista, Francisco Zúñiga y Gabriel Osorio, no están respaldando el libelo. El exministro de Justicia del gobierno de Boric, Luis Cordero, declinó participar. Y el académico de la Democracia Cristiana Tomás Jordán advirtió que, en esta acusación, «lo político se comió lo jurídico». La redacción quedó en manos de abogados de menor peso. VDI Global lo ha sostenido desde el comienzo, aun criticando con dureza la conducción política de la crisis: un error de gestión, por grave que sea, no es una infracción constitucional. Ahora lo dicen también los juristas más respetados de la propia izquierda.

Los que se bajan

Francisco Zúñiga (PS), académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, no ha participado en la elaboración del libelo ni ha sido consultado por sus redactores, según Ex-Ante. Personas de su entorno sostienen que mantiene distancia porque considera que un error político grave no constituye necesariamente un ilícito constitucional. En una entrevista radial, Zúñiga explicó que no basta con enunciar que se infringieron los principios de probidad o transparencia: hay que probar que esa infracción efectivamente ocurrió. También recordó que desde junio existía una interpretación judicial mayoritaria sobre la norma en cuestión.

Gabriel Osorio (PS), el otro gran constitucionalista socialista, asistió a la reunión de la oposición con los abogados, pero permaneció apenas unos 15 minutos, se retiró y no participa en la redacción.

Luis Cordero, exministro de Justicia del gobierno anterior, fue invitado por dirigentes opositores para explicar cómo funcionan las rebajas de condena, pero descartó apoyar la acusación. Ha insistido en que faltan antecedentes para evaluar sus fundamentos, sobre todo porque no se han transparentado todos los decretos firmados por Rabat.

Tomás Jordán (DC), constitucionalista que en un principio había dicho que los decretos dejaban al ministro en una situación expuesta, advirtió esta semana que en la acusación lo político se impuso sobre lo jurídico, y que un libelo no puede construirse sobre elementos abstractos.

El temor de los juristas: el efecto en cadena

Hay una razón adicional para la distancia de algunos abogados, y es de fondo. En la reunión de la oposición, uno de los asistentes preguntó si los argumentos contra Rabat podrían usarse también contra los jueces.

La pregunta es pertinente. Los decretos de rebaja de condena se firmaron en un contexto en que los tribunales, incluida la Corte Suprema, habían fijado un criterio mayoritario que favorecía la concesión del beneficio. Si se sostiene que el ministro infringió la ley al aplicar ese criterio, la misma lógica alcanzaría a los magistrados que lo establecieron. Ningún jurista serio quiere abrir esa puerta.

Qué dice la acusación

Según los antecedentes conocidos, el libelo se estructura en tres capítulos. El primero sostiene que Rabat dejó sin aplicación una prohibición legal vigente de la ley 19.856, que regula la reducción de condenas por comportamiento sobresaliente, infringiendo los artículos 6 y 7 de la Constitución, que obligan a los órganos del Estado a actuar conforme a la ley. El tercero apunta a una eventual infracción al principio de probidad, por las explicaciones entregadas por el ministro al Congreso.

En la reunión con los abogados, el abogado del PPD José Antonio Ramírez recordó que una acusación constitucional es un instrumento jurídico cuya resolución, finalmente, es política. La frase lo resume todo: la oposición sabe que el fundamento jurídico es débil, pero apuesta a que los votos lo compensen.

La voz de Longueira

Desde la derecha, el exministro y exsenador Pablo Longueira fue claro. Calificó la actuación de Rabat como un grave error político, pero cuestionó los fundamentos de la acusación. Advirtió a los diputados de la UDI que pueden tener libertad para criticar al ministro e incluso pedir su renuncia, pero no para votar a favor del libelo. Sostuvo que juristas de distintos signos, junto con las resoluciones mayoritarias de la Corte Suprema, han dejado claro que no hubo actos del ministro que infringieran la Constitución o la ley. Y concluyó: «No podemos seguir normalizando la AC como un instrumento político y no jurídico».

La espera y el conteo de votos

Mientras tanto, la acusación sigue sin fecha. El presidente de la DC, Álvaro Ortiz, aseguró que sería presentada esta semana. La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, defendió que se ha trabajado de manera seria y estimó razonable que más de un diputado oficialista vote a favor. Desde Roma, el Presidente Kast emplazó a la oposición a presentarla de una vez.

El conteo es difícil. La oposición necesita 78 votos en la Cámara, por lo que depende de los diputados del Partido de la Gente y de eventuales votos oficialistas. El cónclave oficialista del lunes, sin embargo, cerró filas en torno a un apoyo «indiscutible» a Rabat. Y si la acusación pierde respaldo jurídico, a los indecisos les será más difícil justificar su voto.

Un elemento adicional complica el escenario: según BioBioChile, los ministros de la Corte Suprema cambiaron de criterio y comenzaron a rechazar las rebajas de condena a pederastas. Eso confirma que el problema venía de una interpretación judicial que ahora se revierte, no de una decisión arbitraria del ministro.

Lo que la crisis sí deja

Que la acusación carezca de fundamentos no significa que el gobierno haya hecho bien las cosas. VDI Global ha sido crítico con la conducción política de esta crisis: la falta de anticipación ante las advertencias internas, las explicaciones tardías, la falta de transparencia sobre los decretos y la incapacidad de recuperar la agenda durante casi tres semanas.

Esa responsabilidad es política, y se juzga en las encuestas, en el Congreso y en las urnas. No es constitucional. Confundir ambas cosas es exactamente lo que critican los juristas de la propia oposición.

Lectura editorial

VDI Global siempre ha sostenido que la acusación constitucional contra Rabat no tiene fundamento jurídico. Hoy lo confirman Francisco Zúñiga, Gabriel Osorio, Luis Cordero y Tomás Jordán, juristas que nadie podría acusar de simpatizar con el gobierno de Kast. Cuando los mejores constitucionalistas de la izquierda se niegan a respaldar un libelo, el mensaje es inequívoco: se trata de una maniobra política disfrazada de juicio constitucional.

La acusación constitucional es un instrumento grave, pensado para sancionar infracciones a la Constitución y las leyes. Su abuso, que se ha vuelto costumbre en los últimos años, ha erosionado su valor y lo ha convertido en un arma de desgaste. La oposición tiene todo el derecho a criticar a Rabat, a pedir su renuncia y a exigir transparencia. Lo que no debería hacer es usar un juicio político para fines que nada tienen que ver con el derecho.

Al mismo tiempo, el gobierno no debería celebrar demasiado. Que la acusación sea débil no borra el daño político de la crisis ni la desaprobación del 68 %. La respuesta adecuada no es el triunfalismo, sino la transparencia: entregar todos los decretos, explicar qué falló y acelerar las leyes que impidan nuevas rebajas para condenados por delitos contra menores. Si el gobierno hace eso, la acusación perderá el poco sentido que le queda.

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Lo que viene

La oposición asegura que presentará la acusación esta semana. Una vez ingresada, se sorteará una comisión revisora en la Cámara, que tendrá plazos para revisar el libelo y escuchar la defensa del ministro. Luego vendrá la votación en la sala, donde se requieren 78 votos. Y si fuera aprobada, el Senado actuaría como jurado.