El almirante en retiro Jorge Arancibia, comandante en jefe de la Armada entre 1997 y 2001, rechazó la idea de que un buque de guerra chileno escolte al Danstar en su viaje a las Malvinas. A su juicio, sería una sobredimensión que podría escalar la tensión con Argentina. Pero su advertencia tiene una segunda parte, más exigente: Chile debe obtener, por la vía política, la derogación de los dos decretos argentinos que ponen en duda el régimen del Estrecho de Magallanes. Mientras tanto, el Danstar ya zarpó de Valparaíso rumbo a Punta Arenas.

No a la escolta

En entrevista con el medio especializado PortalPortuario, Arancibia fue tajante. Explicó que la respuesta frente a una eventual interceptación del Danstar no le corresponde a la Armada sino al Gobierno de Chile, y que la Armada actuará conforme a lo que resuelva el Ejecutivo. Por eso, insistió, es el Gobierno el que debe tomar las medidas para que algo así no ocurra.

Sobre la escolta militar, su posición es clara. Sostuvo que no es necesaria y que Chile se saldría de las normas. Lo que corresponde es cumplir los tratados y los acuerdos internacionales. Frente a comentarios de algunas figuras argentinas, mandar un buque de guerra sería desproporcionado. Y se preguntó qué haría esa escolta si se produjera una actitud sorpresiva del lado argentino. La pregunta no tiene una buena respuesta, y ese es justamente su punto: la escalada podría tener consecuencias muy críticas.

Sí a derogar los decretos

El exjefe naval puso nombre y número al problema. Se trata del decreto 457 de 2021, firmado por el gobierno de Alberto Fernández, que aprobó una directiva de defensa que plantea el control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. Y del decreto 256 de 2010, del gobierno de Cristina Fernández, que condiciona la navegación de buques que se dirigen a las Malvinas a través de aguas jurisdiccionales argentinas.

Para Arancibia, el régimen del Estrecho, sus accesos y la libre navegación están perfectamente definidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. El asunto está zanjado. Los dos decretos son normas internas, de menor jerarquía que un tratado internacional, y por lo mismo serían fáciles de eliminar. Con eso, dijo, todo quedaría resuelto.

Su llamado es a que ambos gobiernos aborden el tema de manera responsable. No a dejarlo pendiente ni en silencio, sino a resolverlo entre gobiernos, porque se trata de una relación política e internacional y no de una relación entre marinas.

Separar las voces de las instituciones

Arancibia aportó un matiz que no conviene pasar por alto. Recordó que durante su mando la Armada chilena forjó una relación muy estrecha con la Armada argentina, que de algún modo se mantiene hasta hoy. Hizo notar que las declaraciones polémicas no han venido de la Marina argentina ni de sus jefes. Vinieron de un excomandante de la Fuerza Aérea, de un exministro y de un exoficial vinculado al ámbito marítimo.

El dato es relevante. En agosto, el jefe de la Armada argentina, almirante Juan Carlos Romay, reconoció públicamente que el Estrecho pertenece a Chile. Las voces que hablan de vigilancia o control provienen de otros sectores. Pero, como advierte el propio Arancibia, esas declaraciones van generando una inquietud que podría complicar seriamente la relación si alguien, haciendo una interpretación particular, actúa por su cuenta.

Y hay voces que preocupan. Desde Argentina, el presidente de la Liga Naval advirtió sobre una posible detención del buque chileno. Un dirigente llegó a decir que todo buque que abastezca al proyecto petrolero Sea Lion tendrá problemas.

Comercio sí, geopolítica también

Arancibia distinguió dos planos que suelen mezclarse. Uno es la relación comercial entre ambos países, que calificó de fantástica y que debe seguir profundizándose. El otro es la defensa de los intereses geopolíticos de Chile, que son históricos y trascienden a cualquier gobierno.

Consultado sobre por qué la tensión surge con un buque chileno y no con el que viaja al menos una vez al mes desde Montevideo a las islas, prefirió no especular sobre la política interna argentina.

El Danstar ya navega

El calendario aprieta. El 29 de octubre, el Danstar zarpó del puerto de Valparaíso rumbo a Magallanes. Desde Punta Arenas iniciará, la primera semana de diciembre, la ruta comercial hacia las Malvinas que no operaba desde 2011. Al mismo tiempo, en Buenos Aires, el Congreso discutirá el 12 de noviembre la Ley Malvinas. El proyecto se suavizó tras las objeciones de Estados Unidos, pero sigue contemplando sanciones contra proveedores de las empresas que operan en las islas.

Lectura editorial

Arancibia tiene razón, y conviene subrayarlo porque su posición es más exigente de lo que parece.

En lo inmediato, la escolta militar sería un error. Convertiría un viaje comercial entre privados en un despliegue naval y transformaría un problema diplomático en un riesgo de incidente. Chile no gana nada mostrando los dientes en el mar cuando tiene un tratado de su lado. Como escribimos antes en VDI Global, la escolta debe ser el último recurso, no la primera señal.

Pero la prudencia en el mar solo funciona si va acompañada de firmeza en la mesa. Arancibia no pide silencio: pide resolver. Y resolver significa que la Cancillería exija, por escrito y con plazo, la derogación de los decretos 457 y 256. No es una petición extravagante. Son normas internas que contradicen un tratado que Argentina misma declara definitivo.

La oportunidad existe. El gobierno de Milei acaba de mostrar que puede modificar una ley sobre Malvinas en días cuando un aliado se lo pide con claridad. Chile es su principal socio en el Cono Sur. Si no lo pide ahora, con el Danstar navegando hacia Punta Arenas y la Ley Malvinas a punto de votarse, no tendrá una mejor ocasión.

La lección del almirante es simple: los conflictos que se dejan en silencio terminan resolviéndose en el peor lugar posible. En este caso, el peor lugar sería la boca oriental del Estrecho, con un carguero chileno de un lado y una patrulla argentina del otro.

Lo que viene

El Danstar llegará a Punta Arenas en los próximos días. La Ley Malvinas se debatiría en la Cámara de Diputados argentina el 12 de noviembre. Y el primer zarpe hacia las islas está previsto para comienzos de diciembre.

Entre esas fechas, La Moneda tiene que decidir si sigue la recomendación de Arancibia completa, o solo la mitad cómoda.