El diputado del Frente Amplio Jaime Bassa vinculó las rebajas de condena concedidas a 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores con una supuesta red internacional de pedofilia, apuntando al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y al Presidente José Antonio Kast. No presentó una sola prueba. Desde Republicanos hasta la UDI, pasando por académicos que no tienen nada de oficialistas, la reacción fue la misma: o entrega antecedentes a la Fiscalía o se retracta.

Lo que dijo

Bassa, exconvencional y uno de los rostros jurídicos del Frente Amplio, habló el martes en medio de la tormenta por los decretos de rebaja de condena. Su tesis fue que la decisión del ministro no había sido un error. La calificó como “una manifestación más de una red de pedofilia internacional”. Para reforzarla mencionó a Paul Schäfer y a Jeffrey Epstein, y sostuvo que el Presidente tenía la obligación de aclarar las conexiones que, según él, existirían entre esos casos y lo ocurrido en Chile.

Ninguna de esas conexiones fue explicada. No hubo documentos, nombres, fechas ni denuncia ante la Fiscalía. Solo la insinuación.

El problema real que Bassa enturbió

El tema de fondo es serio, y conviene no esquivarlo. Una investigación periodística reveló hace una semana que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, el Ministerio de Justicia firmó 56 decretos que acortaron penas de condenados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación. En febrero de 2022 el Congreso había excluido expresamente a esos condenados del beneficio.

Rabat se defendió con un argumento jurídico. Sostuvo que la exclusión no podía aplicarse a delitos cometidos antes de la reforma y que la jurisprudencia lo obligaba a conceder las rebajas. El argumento tiene problemas. Se conoció un fallo de la Corte Suprema de febrero de este año que validó justamente lo contrario: negar la rebaja aplicando la exclusión de 2022. Y aparecieron decretos que muestran que el propio ministerio rechazó al menos cinco solicitudes de este tipo entre marzo y mayo, dos de ellas con la firma de Rabat.

El Gobierno reaccionó tarde, pero reaccionó. Suspendió la tramitación de todas las rebajas en curso, ingresó proyectos de ley al Senado y el Presidente Kast reconoció públicamente un error, aunque mantuvo al ministro a cargo de la corrección. Una encuesta Cadem mostró que el 77% desaprueba la gestión de Rabat en este episodio. La propia bancada UDI, aliada del Gobierno, pidió evaluar la revocación de los decretos.

Hay aquí materia de sobra para fiscalizar: una interpretación jurídica discutible, decisiones contradictorias dentro del mismo ministerio y un costo político que el Gobierno no ha terminado de pagar. El Partido Comunista anunció una interpelación. Es una herramienta legítima y la oposición tiene todo el derecho a usarla.

Bassa eligió otro camino.

La reacción transversal

Agustín Romero, diputado republicano, le pidió retractarse y advirtió que el ministro tiene derecho a defender su honra en tribunales. Francisco Orrego, de RN, habló de bajeza moral y anunció que, si Bassa no presenta antecedentes ante la Fiscalía, impulsará una querella por injurias y calumnias y pedirá su desafuero. Jorge Guzmán, de Evópoli, fue directo: si tiene pruebas de un delito de esa gravedad, que haga la denuncia, y si no, que asuma la responsabilidad por lo que dijo.

La jefa de bancada UDI, Flor Weisse, y el diputado Eduardo Cretton anunciaron una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara. Reconocieron que la oposición puede criticar al Gobierno con dureza. Pero recordaron que en un tema tan delicado como los abusos contra niños se exige un mínimo de seriedad.

Las críticas más reveladoras vinieron de fuera de la derecha. El constitucionalista Javier Couso, que difícilmente puede ser acusado de oficialista, escribió que la búsqueda de figuración tiene límites y que ya sobran políticos lanzando teorías conspirativas. El analista Alfredo Joignant, de la Universidad Diego Portales, calificó los dichos de inaceptables. Lamentó que Bassa convirtiera un tema letal para el Gobierno en conspiracionismo, un juego que, dijo, creía reservado a la extrema derecha.

Hasta el cierre de esta edición, Bassa no se había retractado ni había presentado antecedentes.

Lectura editorial

Lo de Bassa no fue un exabrupto de redes sociales. Es abogado constitucionalista, profesor de derecho y fue vicepresidente de la Convención Constitucional. Sabe perfectamente qué significa imputar a un ministro de Estado la pertenencia a una red criminal de abuso infantil. Sabe también que esa acusación, si fuera cierta, lo obligaría a denunciarla de inmediato ante el Ministerio Público. No lo hizo.

Hay que decirlo sin rodeos: el Gobierno cometió un error grave con estos decretos, y Rabat debe explicaciones que todavía no ha dado del todo. Pero entre un error administrativo, por indefendible que sea, y una red internacional de pedófilos hay una distancia que no se cruza con una frase en un punto de prensa. Ponerlos en el mismo saco no ayuda a las víctimas. Las usa.

Hay además un efecto perverso. Cada vez que un parlamentario lanza una acusación de este calibre sin respaldo, el debate se desplaza. Hoy se discute sobre Bassa, su desafuero y la Comisión de Ética. Se discute menos sobre por qué el Ministerio de Justicia cambió de criterio en mayo, quién lo decidió y qué va a pasar con los 56 condenados que ya obtuvieron el beneficio. El diputado del Frente Amplio le hizo al ministro el mayor favor posible: lo convirtió en víctima.

La izquierda chilena pasó años advirtiendo contra la desinformación y las teorías conspirativas en la política. Tenía razón en advertirlo. Ahora uno de sus rostros más visibles hizo exactamente eso, y fueron académicos cercanos a su propio mundo los primeros en notarlo.

Bassa tiene dos opciones decentes: presentar sus antecedentes a la Fiscalía esta misma semana o pedir disculpas. Cualquier otra cosa confirmará lo que hoy ya parece evidente. No había red. Había un micrófono.