La fiscal Ximena Chong dejará, a partir del 14 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada de la Región Metropolitana Centro Norte, la unidad desde la cual encabezó, desde 2019, las causas más emblemáticas derivadas del estallido social. Esta columna examina un episodio que exige una pregunta directa: ¿por qué una fiscal que acumuló derrotas judiciales significativas y contradicciones sobre el origen de su propia designación permaneció, durante casi siete años, prácticamente inmutable al frente de causas de esta trascendencia institucional, hasta que un cambio administrativo —no una evaluación pública de su desempeño— finalmente la desplazó?

El correo que anunció el cambio: 14 líneas para reordenar la Fiscalía Centro Norte

Pasadas las 19:00 horas del lunes, los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte recibieron un correo del fiscal regional Francisco Jacir, titulado "Informa nuevas jefaturas". En apenas catorce líneas, el sucesor de Xavier Armendáriz comunicó que, a contar del 14 de septiembre, la fiscalía anticorrupción que hasta ahora dependía de Chong pasaría a ser encabezada por la fiscal Alicia Ascencio —quien participó en el caso contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex RN)—, mientras la fiscalía local Centro de Justicia pasaría a depender de Ulises Berríos. Chong fue reasignada a la Fiscalía Local Santiago Centro. En el correo, adelantado por La Segunda, Jacir reconoció "la labor de las fiscales Alika Sukni y Ximena Chong, por su entrega y compromiso en el desempeño de sus funciones" —una fórmula protocolar que esta columna considera insuficiente frente a la magnitud de lo que este cambio realmente encubre—.

La cuestionada: dos derrotas que exponen un patrón, no un accidente

Esta columna considera indispensable exponer, sin eufemismos, el patrón de cuestionamiento judicial que rodeó la gestión de Chong en estas causas específicas. La primera derrota fue la absolución, en 2024, del excarabinero y hoy diputado Sebastián Zamora (independiente-Republicano) de la acusación de homicidio frustrado en el caso de la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono en 2020, proceso en el que el propio Ministerio Público debió pagar $25 millones en costas —un castigo económico directo por una persecución penal que los tribunales consideraron infundada—. La segunda, apenas este mes, fue la ratificación por la Corte de Apelaciones de Santiago de la absolución del excomandante de Carabineros Claudio Crespo por el cargo de apremios ilegítimos, vinculado a los disparos que el 8 de noviembre de 2019 cegaron al hoy diputado Gustavo Gatica (independiente-PC). Esta columna considera que dos absoluciones confirmadas en instancias superiores, con pago de costas incluido en un caso, no son un simple traspié procesal aislado: son un patrón que exige rendición de cuentas pública, algo que —hasta este cambio administrativo silencioso— nunca ocurrió de manera transparente.

Los triunfos que sí existieron, sin que ello anule el cuestionamiento de fondo

Esta columna precisa, con el rigor que exige cualquier balance, que Chong también obtuvo dos triunfos relevantes: la condena a tres años contra el mayor de Carabineros Tomás Rodríguez, ratificada por la Corte Suprema, por disparar perdigones contra el rostro de la actriz María Paz Grandjean; y la sentencia a siete años contra el capitán Pablo Carvajal. Esta columna reconoce ese balance mixto, pero insiste en que la existencia de triunfos puntuales no exime a la propia institución de explicar por qué, durante casi siete años, ninguna evaluación pública y transparente del desempeño de esta fiscal en causas de tan alta sensibilidad institucional se produjo antes de este movimiento administrativo repentino.

La inmutabilidad: la propia Chong ya reconocía la incomodidad de su posición en 2024

Esta columna considera que el elemento más revelador de esta cobertura, y el que sustenta con mayor fuerza el título de esta pieza, es que la propia Chong ya había declarado en 2024, en una causa por obstrucción a la investigación del caso Pío Nono, que la asignación de los casos del 18-O a su fiscalía no había sido una decisión que ella hubiera solicitado: "la decisión de asignar estos casos a la fiscalía de alta complejidad se toma el viernes 25 de octubre (de 2019), en una reunión de fiscales jefes (...). No es una asignación que yo haya pedido". Esta columna pregunta: si la propia fiscal ya reconocía públicamente, hace más de un año, cierta distancia respecto de la carga política que estos casos representaban para ella, ¿por qué la institución permitió que permaneciera al frente de ellos durante todo ese tiempo adicional, incluida la formulación de cargos contra los generales Yáñez, Olate y Rozas en octubre de 2024, sin que mediara una revisión formal de su continuidad?

La causa que queda en el aire: el alto mando de Carabineros, a días de una audiencia clave

Esta columna considera el elemento de mayor gravedad institucional de todo este episodio el hecho de que este cambio saca a Chong, justo ahora, de la causa más importante y todavía pendiente de todo el 18-O: el proceso contra el alto mando de Carabineros, donde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional y firma quincenal para los generales en retiro Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, tras la formulación de cargos por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio. Esta causa sigue abierta, con una audiencia programada para el 8 de septiembre —apenas seis días antes de que Chong deba dejar formalmente el cargo— destinada a discutir el aumento del plazo de investigación. Esta columna considera intolerable que una decisión de esta trascendencia institucional se resuelva, en los hechos, mediante un correo administrativo de catorce líneas, sin que el Ministerio Público haya explicado públicamente y con anticipación por qué la fiscal que llevó este caso durante casi dos años queda apartada justo en su etapa más decisiva.

El precedente Corpesca: la trayectoria que contrasta con este desenlace silencioso

Esta columna recuerda, por contraste, que Chong ya había demostrado capacidad técnica probada en causas de alta complejidad institucional: hace una década, el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán le encomendó personalmente el diagnóstico del caso Corpesca, investigación que ella terminó encabezando y que culminó con la condena del exsenador UDI Jaime Orpis a cinco años y 600 días de prisión por fraude al fisco y cohecho. Esta columna considera que esa misma fiscal, capaz de sostener con éxito una causa de esa envergadura contra un senador en ejercicio, merecía una evaluación pública y transparente sobre su desempeño en los casos del 18-O —con sus aciertos y sus fracasos igualmente expuestos—, en lugar de una salida gestionada exclusivamente a través de un reordenamiento interno sin mayor explicación pública.

Lectura editorial: la transparencia que el Ministerio Público le debe al país

Esta columna exige, con la misma firmeza con que ha reclamado rigor judicial en cualquier proceso vinculado al estallido social, que el fiscal regional Jacir explique públicamente y con detalle los criterios técnicos exactos que sustentaron este cambio, precisamente porque la ambigüedad actual —¿fue por las derrotas judiciales, por la exposición política acumulada, por ambas razones?— alimenta exactamente el tipo de opacidad institucional que esta columna ha denunciado en episodios comparables dentro del propio Poder Judicial. Una fiscal que estuvo "cuestionada" durante años por resultados judiciales adversos en causas de máxima sensibilidad pública no puede permanecer "inmutable" en su cargo hasta que, finalmente, un correo administrativo resuelva en catorce líneas lo que debió resolverse con una evaluación pública y fundamentada mucho antes.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que se comunique con la máxima transparencia quién asumirá específicamente la conducción de la causa contra el alto mando de Carabineros a partir del 14 de septiembre, y que ese nuevo fiscal cuente con el respaldo institucional necesario para sostener un proceso de esta complejidad sin que la audiencia del 8 de septiembre se vea afectada por esta transición administrativa tardía.

Conclusión: un cambio que llega tarde, y sin las explicaciones que el país merece

Esta columna concluye que la salida de Ximena Chong, lejos de representar una decisión oportuna y transparente de gestión institucional, confirma un patrón de inmovilidad prolongada frente a resultados judiciales cuestionables, resuelta finalmente mediante un simple reordenamiento administrativo, sin la rendición de cuentas pública que una causa de esta trascendencia —la responsabilidad penal del alto mando de Carabineros por hechos del estallido social— exige del propio Ministerio Público. VDI Global seguirá de cerca tanto la audiencia del 8 de septiembre como la definición formal sobre quién asumirá esta causa clave.