Franco, Allende, el Gobierno Militar y octubre de 2019: dos países, distintas tragedias y una misma tentación de convertir la historia en instrumento de poder.

Editorial de fondo | VDI Global | 9 de noviembre de 2026

Hay una forma de contar la historia que resulta extraordinariamente cómoda para quienes viven de la confrontación política: comenzar el relato cuando el adversario comete su primer gran error y detenerlo justo antes de que aparezcan los errores propios. De esa manera se construyen memorias que sirven para ganar discusiones, movilizar partidarios y justificar proyectos políticos, pero que difícilmente permiten comprender por qué una sociedad llega a dividirse hasta el extremo de poner en peligro su propia convivencia.

España y Chile ofrecen dos ejemplos que merecen ser examinados sin consignas y sin las restricciones que imponen las interpretaciones partidistas. Son países con trayectorias históricas diferentes, pero en ambos la memoria de acontecimientos traumáticos continúa ocupando un espacio central en la discusión política. En España, la Guerra Civil y el franquismo siguen presentes en el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez; en Chile, el 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar y las violaciones de los derechos humanos continúan siendo elementos determinantes de la identidad política de importantes sectores de la izquierda.

No hay nada objetable en que una democracia investigue los crímenes del pasado, reconozca a sus víctimas y procure reparar las injusticias cometidas. El problema aparece cuando ese ejercicio se transforma en una selección interesada de los acontecimientos, cuando se recuerda con extraordinaria intensidad la violencia del adversario y se minimiza, justifica o simplemente omite aquella que provino de organizaciones y corrientes ideológicas propias. La memoria deja entonces de ser un instrumento para comprender la historia y comienza a funcionar como una herramienta de legitimación política.

La historia no puede comenzar el día en que el adversario llega al poder. Y tampoco puede terminar el día en que lo abandona.

España: cuando el pasado se convierte en una herramienta del presente

Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en junio de 2018, la memoria histórica y democrática ha adquirido una presencia cada vez más visible en la acción política de su Ejecutivo. La exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, en octubre de 2019, y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022, son dos de las decisiones más representativas de esa orientación.

La discusión no consiste en negar la necesidad de investigar los crímenes cometidos durante el franquismo ni en cuestionar el derecho de las familias a recuperar los restos de sus desaparecidos. Esas son obligaciones legítimas de una democracia. Lo que corresponde examinar es la utilización política que se hace de esa memoria y la manera en que se construye un relato que, con demasiada frecuencia, parece presentar a la izquierda como depositaria exclusiva de la legitimidad democrática.

La Guerra Civil española no comenzó con Franco como si hasta entonces España hubiese vivido una convivencia política sin conflictos. El país atravesaba una profunda polarización, con enfrentamientos entre fuerzas revolucionarias, organizaciones de derecha, sectores militares y movimientos políticos que consideraban cada vez menos posible resolver sus diferencias dentro de las instituciones republicanas. La insurrección de octubre de 1934 en Asturias, protagonizada por sectores revolucionarios de izquierda, fue uno de los episodios más graves de esa radicalización. También hubo asesinatos políticos, violencia anticlerical, persecuciones y acciones de grupos de extrema derecha.

El levantamiento militar de julio de 1936 desencadenó la Guerra Civil y condujo finalmente al régimen de Franco, cuya represión posterior dejó una huella profunda y prolongada en la sociedad española. Pero reconocer esa responsabilidad no exige borrar los antecedentes revolucionarios ni los crímenes cometidos por organizaciones del otro campo político. La historia no mejora cuando se elimina aquello que incomoda a una determinada ideología.

La pregunta que cabe formularle a la izquierda española es sencilla: ¿puede existir una política de memoria verdaderamente democrática si no está dispuesta a examinar también las responsabilidades de sus propias organizaciones? ¿Puede hablarse de reconciliación mientras el pasado se utiliza para establecer categorías de ciudadanos moralmente aceptables y ciudadanos sospechosos por sus posiciones políticas actuales?

La democracia española necesita una memoria que incluya a todas las víctimas y que no convierta a las generaciones actuales en herederas obligatorias de las culpas de sus antepasados. De lo contrario, el recuerdo de la Guerra Civil seguirá siendo una herramienta de confrontación antes que una lección histórica.

Chile: la historia tampoco comenzó el 11 de septiembre de 1973

En Chile, la discusión adquiere características particulares porque el relato político de una parte de la izquierda suele comenzar con la intervención de las Fuerzas Armadas, dejando en segundo plano los acontecimientos que precedieron al quiebre institucional. Salvador Allende llegó a La Moneda mediante un procedimiento electoral legítimo y su gobierno tenía una responsabilidad constitucional que debía ejercer dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, durante sus tres años de gobierno el país experimentó una radicalización política, económica y social que no puede comprenderse únicamente a partir de lo ocurrido el 11 de septiembre.

La Unidad Popular no era un bloque homogéneo. En su interior coexistían dirigentes que defendían una transformación socialista por vías institucionales y otros que consideraban que el proceso debía avanzar hacia una revolución que superara las limitaciones de la democracia representativa. Fuera del gobierno, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, defendía abiertamente la lucha armada como instrumento de transformación política. Esa corriente revolucionaria no apareció después del golpe militar: tenía una trayectoria anterior y una concepción del poder que cuestionaba los límites de la institucionalidad existente.

El proyecto de Allende, las disputas por la propiedad, las nacionalizaciones, las ocupaciones de fundos e industrias, el deterioro económico y la creciente confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso fueron conformando una crisis que se profundizó durante 1972 y 1973. La inflación, el desabastecimiento y la pérdida de confianza contribuyeron a un clima social extraordinariamente complejo. También hubo intervención extranjera, sabotajes y acciones desestabilizadoras de la oposición. Pretender explicar aquella crisis atribuyendo toda la responsabilidad a un solo actor es una simplificación que no resiste un examen histórico serio.

Pero existe un antecedente que merece una atención mucho mayor de la que habitualmente recibe en el debate público: el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973. En ese documento, la mayoría de la Cámara denunció graves quebrantamientos del orden constitucional y legal y exigió al Ejecutivo restablecer el imperio de la Constitución y las leyes. No fue una autorización constitucional para derrocar al presidente ni una legitimación anticipada de la intervención militar. Fue, sin embargo, una expresión institucional de la profundidad que había alcanzado el conflicto entre el Gobierno y el Poder Legislativo. Omitirlo equivale a eliminar una pieza fundamental para comprender la crisis.

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas intervinieron, pusieron término al gobierno de Allende e instauraron un gobierno de facto que VDI Global denomina Gobierno Militar. Las responsabilidades de las nuevas autoridades deben examinarse con el mismo rigor. Las violaciones de derechos humanos, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias cometidas por agentes estatales son hechos que deben reconocerse e investigarse. Pero su existencia no borra los antecedentes de violencia revolucionaria ni convierte en irrelevantes las acciones de quienes promovieron la lucha armada antes y después de 1973.

La violencia revolucionaria que precedió al Gobierno Militar

Uno de los episodios que mejor ilustra la existencia de una violencia política de extrema izquierda anterior al 11 de septiembre es el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, exministro del Interior y dirigente de la Democracia Cristiana. El 8 de junio de 1971 fue asesinado por integrantes de la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, una organización revolucionaria que había recurrido a acciones armadas y operaciones delictivas como parte de su estrategia política. El crimen ocurrió durante el gobierno de Allende y tuvo un profundo impacto en la sociedad chilena. No fue una confrontación entre fuerzas militares ni un enfrentamiento callejero: fue un asesinato político.

El caso de la VOP merece un lugar mucho más destacado en la memoria nacional, precisamente porque demuestra que la violencia revolucionaria no comenzó con el Gobierno Militar. El MIR, por su parte, había construido una organización político-militar y defendía la vía armada como una opción legítima para alcanzar sus objetivos. No corresponde atribuir a todos los partidos de izquierda las acciones de estas organizaciones, pero tampoco es aceptable ocultar su existencia o reducirlas a simples expresiones de protesta social.

La diferencia entre movilización política y violencia revolucionaria es sustancial. Una persona puede defender un proyecto socialista, participar en un partido de izquierda o reclamar transformaciones profundas sin recurrir a la violencia. Otra cosa muy distinta es organizar estructuras armadas, promover el asesinato político o sostener que las instituciones democráticas pueden ser desplazadas por la fuerza cuando no permiten alcanzar los objetivos ideológicos perseguidos.

La historia chilena debe recuperar esa distinción. De lo contrario, se termina construyendo una narración en la que toda la violencia anterior a septiembre de 1973 desaparece del relato, como si el país hubiese pasado repentinamente de una democracia sin conflictos a una intervención militar sin antecedentes.

El terrorismo de izquierda durante el Gobierno Militar

La intervención de las Fuerzas Armadas no significó el fin de las organizaciones revolucionarias armadas. Algunas continuaron desarrollando operaciones clandestinas y mantuvieron su objetivo de derrocar al Gobierno Militar mediante la lucha armada. El MIR impulsó la denominada Operación Retorno, que buscaba reconstruir su capacidad operativa en Chile mediante el regreso de militantes entrenados en el extranjero. La experiencia guerrillera de Neltume, en 1981 y 1982, fue parte de esa estrategia y terminó con la desarticulación del foco por las fuerzas estatales.

Posteriormente, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, vinculado al Partido Comunista, desarrolló una estrategia de enfrentamiento armado que incluyó asaltos, sabotajes, secuestros y operaciones clandestinas. La internación de armas de Carrizal Bajo, descubierta en 1986, fue una operación de gran magnitud que pretendía introducir clandestinamente un arsenal en territorio chileno. No se trataba de una manifestación ciudadana ni de una actividad política convencional: formaba parte de una estrategia militar revolucionaria.

El 7 de septiembre de ese mismo año, integrantes del FPMR ejecutaron un atentado contra Augusto Pinochet. La operación fracasó, pero murieron cinco integrantes de su escolta y otros resultaron heridos. Se puede discutir el contexto político, la legitimidad de la oposición al Gobierno Militar y las circunstancias de la represión estatal, pero no corresponde presentar una operación destinada a eliminar al jefe de Estado, que terminó con la muerte de personas, como si hubiese sido una simple manifestación de resistencia democrática.

Esta es una distinción que el debate político chileno necesita recuperar. La oposición a un gobierno puede ser legítima y necesaria; la defensa de las libertades y los derechos humanos es irrenunciable. Pero el asesinato, el secuestro y los ataques terroristas no adquieren legitimidad por el hecho de que sus autores invoquen una causa revolucionaria. Tampoco los delitos cometidos por organizaciones armadas pueden utilizarse para justificar los crímenes de agentes estatales. Cada responsabilidad debe ser examinada por sus propios hechos y sus propios autores.

Octubre de 2019: cuando una protesta legítima terminó acompañada por una violencia devastadora

Chile volvió a experimentar una fractura profunda en octubre de 2019. El aumento de la tarifa del transporte público fue el detonante inmediato de un malestar que llevaba años acumulándose. Las pensiones, la desigualdad, el endeudamiento de los hogares, las diferencias en el acceso a la salud y la educación, los abusos y la desconfianza hacia las instituciones eran problemas reales que afectaban a amplios sectores de la población. Reducir aquellas manifestaciones a una conspiración política sería tan equivocado como pretender que todo lo ocurrido fue una expresión pacífica de descontento social.

La movilización del 25 de octubre, que congregó a cientos de miles de personas en Santiago y en otras ciudades, fue una de las mayores manifestaciones de la historia contemporánea chilena. Miles de ciudadanos salieron a las calles sin intención de destruir, saquear o incendiar nada. Lo hicieron porque consideraban que el país debía escuchar sus demandas y corregir problemas que se habían acumulado durante demasiado tiempo. Esa protesta tenía legitimidad y el sistema político debía responder a ella.

Sin embargo, junto a esa movilización legítima se desarrolló una violencia que tuvo consecuencias devastadoras para la infraestructura, el comercio, los servicios públicos y la convivencia. Estaciones de Metro fueron incendiadas o destruidas, buses resultaron quemados, supermercados y pequeños comercios fueron saqueados, edificios públicos y privados sufrieron ataques y distintos espacios religiosos fueron vandalizados o incendiados. La magnitud de los daños no puede explicarse como un simple exceso de entusiasmo de los manifestantes. Hubo personas y grupos que decidieron utilizar el desorden para destruir, intimidar y paralizar sectores completos de la vida urbana.

El Metro de Santiago fue uno de los símbolos más dolorosos de aquella destrucción. La infraestructura que durante años había sido construida y financiada con recursos públicos terminó convertida en escenario de incendios, destrozos y saqueos. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados documentó daños en más de cien estaciones, siete de ellas completamente incendiadas y otras dieciocho parcialmente siniestradas. No fueron solamente instalaciones materiales: detrás de cada estación dañada había trabajadores, usuarios, familias y barrios que dependían de ese servicio para desarrollar su vida cotidiana.

La destrucción también alcanzó edificios comerciales, instalaciones privadas y espacios religiosos. La Fiscalía de Chile, en su informe estadístico sobre el estallido social, sistematizó más de 32.000 causas relacionadas con el período comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Entre los antecedentes aparecen causas por incendios de estaciones de Metro y de iglesias. Son cifras que reflejan la dimensión de los hechos investigados, aunque no permiten atribuir todas las acciones a una misma organización ni demostrar que existiera una dirección centralizada de toda la violencia.

Desde VDI Global consideramos que determinados episodios del estallido tuvieron un carácter insurreccional, por la intensidad de los ataques, la destrucción de infraestructura estratégica y la intención de desbordar la capacidad de respuesta del Estado. Pero sería irresponsable afirmar que cada incendio, saqueo o enfrentamiento respondió a una dirección única de la izquierda. Lo que sí corresponde examinar es la participación de grupos radicalizados, la acción de quienes aprovecharon el desorden para imponer la violencia y la utilización política posterior de una crisis que terminó alterando profundamente el escenario institucional chileno.

La destrucción no corrigió las pensiones, no mejoró la atención de salud, no redujo el costo de la vida ni creó mejores oportunidades para quienes reclamaban. Por el contrario, dejó daños que debieron financiarse con recursos públicos, afectó a comerciantes que perdieron sus negocios y perjudicó especialmente a quienes dependían del transporte colectivo. El ciudadano que debió buscar otra forma de llegar a su trabajo no era responsable de las desigualdades que originaron las protestas, pero terminó pagando parte de las consecuencias de los incendios y destrozos.

La violencia estatal también debe examinarse sin indulgencias. La respuesta de las fuerzas de orden produjo graves denuncias de violaciones de derechos humanos, lesiones oculares y uso excesivo de la fuerza, hechos que deben investigarse y sancionarse cuando corresponda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó tanto esos abusos como los saqueos, ataques y destrucción de infraestructura. Esa simultaneidad es importante: no hay que escoger entre condenar la violencia de los manifestantes y exigir responsabilidad al Estado. Una democracia debe hacer ambas cosas.

Gabriel Boric y los indultos: la señal política que recibió el país

La llegada de Gabriel Boric a la Presidencia fue, en buena medida, una consecuencia política del proceso abierto en octubre de 2019. Su generación había construido buena parte de su identidad pública alrededor de las movilizaciones estudiantiles, la crítica al modelo económico y la promesa de transformar profundamente las instituciones chilenas. Su triunfo electoral representó una expectativa de cambio para millones de ciudadanos, pero también instaló una responsabilidad particularmente importante: demostrar que las transformaciones prometidas podían desarrollarse dentro de un marco de respeto institucional y sin relativizar la violencia.

El 30 de diciembre de 2022, Boric anunció trece indultos particulares: doce correspondientes a condenados por delitos vinculados a los acontecimientos del estallido social y uno a Jorge Mateluna, antiguo integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por un asalto bancario anterior a 2019. La decisión generó una fuerte controversia, no solamente por la identidad de los beneficiarios, sino por el mensaje que transmitía a una sociedad que todavía intentaba recuperarse de la destrucción y de las consecuencias de aquellos meses.

El indulto es una facultad presidencial reconocida por la legislación chilena y no equivale a declarar inocente a una persona ni a borrar el delito por el cual fue condenada. Pero la existencia de una facultad legal no elimina la responsabilidad política de quien la ejerce. El Ejecutivo debía explicar por qué consideraba conveniente conceder esas gracias, qué antecedentes había evaluado y cómo conciliaba su decisión con el reconocimiento de las víctimas de los incendios, los saqueos y los ataques a bienes públicos y privados.

La controversia se agravó cuando se conocieron antecedentes de los expedientes y el propio presidente reconoció que el proceso había sido desprolijo. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, dejó su cargo y la oposición cuestionó la decisión ante el Tribunal Constitucional. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes problemas políticos del gobierno de Boric y dejó una pregunta que continúa siendo pertinente: ¿qué mensaje recibe una sociedad cuando el Estado concede beneficios a personas condenadas por hechos violentos mientras todavía existen ciudadanos que esperan reparación por los daños sufridos?

No se trata de negar el derecho a la reinserción ni de afirmar que todos los condenados tenían idénticas responsabilidades. Se trata de exigir que las decisiones presidenciales tengan coherencia con el compromiso de restablecer la convivencia. La protesta pacífica merece protección; el delito debe tener consecuencias; y las víctimas no pueden desaparecer de la consideración del poder político cuando llega el momento de conceder beneficios.

La responsabilidad de gobernar: derechos, promesas y recursos que no aparecen por decreto

La discusión entre España y Chile también permite abordar un asunto que suele quedar relegado frente a las disputas ideológicas: la relación entre la ampliación de derechos sociales y la capacidad real de las economías para financiarlos. La política contemporánea ha desarrollado una tendencia a presentar cada necesidad social como una obligación inmediata del Estado, sin explicar con suficiente claridad cuáles serán los recursos permanentes que permitirán sostenerla. El problema no está en reconocer derechos ni en mejorar las condiciones de vida de quienes tienen menos oportunidades. El problema aparece cuando se confunde la declaración de una aspiración con la existencia de los medios económicos necesarios para cumplirla.

Las pensiones requieren cotizaciones o impuestos; la salud necesita hospitales, profesionales, medicamentos y tecnología; la educación demanda docentes, infraestructura y recursos permanentes. La vivienda social requiere suelo, inversión y capacidad de construcción. Ninguna de esas prestaciones aparece por el solo hecho de incorporarla a un programa de gobierno. Detrás de cada compromiso existe una obligación financiera que debe ser asumida por trabajadores, empresas, contribuyentes o generaciones futuras.

La experiencia chilena de 1970 a 1973 demuestra los riesgos de una economía sometida a fuertes desequilibrios fiscales y monetarios, controles de precios, conflictos de propiedad, distorsiones productivas y pérdida de confianza. La inflación alcanzó niveles extraordinarios y el abastecimiento se deterioró gravemente. No sería serio atribuir toda esa crisis a una sola decisión o a un único actor: también existieron sabotajes, conflictos políticos, intervención extranjera y acciones desestabilizadoras. Pero tampoco puede excluirse la responsabilidad de las políticas económicas del propio gobierno.

En España, por su parte, sería incorrecto afirmar que los ocho años de Pedro Sánchez han sido un período continuo de decrecimiento económico. El país registró crecimiento en distintos ejercicios y una recuperación importante del empleo después de la pandemia. Lo que corresponde discutir es la sostenibilidad del gasto, la deuda pública, la productividad, la evolución de los salarios reales y las dificultades estructurales de una economía que debe responder al envejecimiento de su población y a compromisos sociales cada vez mayores.

Hay una diferencia entre ampliar derechos y prometer prestaciones sin explicar cómo se financiarán. El Estado puede redistribuir riqueza, pero no puede reemplazar indefinidamente la actividad productiva que la genera. Cuando el gasto crece por encima de la capacidad de financiamiento, aparecen las consecuencias: más impuestos, mayor endeudamiento, inflación o reducción de otros servicios. Y cuando esas decisiones se presentan como conquistas irreversibles sin discutir sus costos, se termina trasladando la responsabilidad a quienes todavía no han nacido.

La justicia social necesita una economía capaz de sostenerla. Esa es una discusión que debería ocupar mucho más espacio en España y Chile que la permanente disputa sobre quién tiene el derecho exclusivo a interpretar los acontecimientos de hace cincuenta, ochenta o cien años.

La memoria no puede ser patrimonio de una sola corriente política

Hay una cuestión que une buena parte de estas experiencias y que merece una reflexión más profunda: la facilidad con que determinados sectores políticos exigen una responsabilidad histórica absoluta a sus adversarios mientras consideran que las actuaciones de sus propias corrientes ideológicas deben interpretarse a partir de sus intenciones, de las circunstancias o de la supuesta nobleza de sus objetivos.

En España, la izquierda tiene pleno derecho a recordar a las víctimas del franquismo, exigir investigaciones y defender políticas de reparación. Pero también debe aceptar que las insurrecciones, los asesinatos políticos y la violencia revolucionaria de sectores de izquierda forman parte de la historia que precedió a la Guerra Civil. En Chile, la izquierda tiene derecho a recordar a las víctimas del Gobierno Militar y exigir justicia por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Pero no puede pretender que la historia nacional comience el 11 de septiembre de 1973, ni que desaparezcan del relato el asesinato de Pérez Zujovic, la actuación de la VOP, la estrategia armada del MIR, las operaciones del FPMR y la violencia destructiva de octubre de 2019.

Tampoco corresponde establecer equivalencias automáticas entre todos esos acontecimientos. Las circunstancias fueron diferentes, los protagonistas no tuvieron las mismas responsabilidades y las consecuencias institucionales y humanas deben examinarse individualmente. Precisamente por eso es necesario abandonar las simplificaciones. Una víctima no pierde su condición de tal por la identidad política de quien la asesinó, y una organización no queda exenta de responsabilidad porque sus integrantes se consideren revolucionarios o defensores de una causa social.

Lo que España y Chile necesitan no es una memoria más intensa, sino una memoria más completa. Necesitan gobiernos que sean capaces de reconocer los errores de sus propias tradiciones políticas, que no conviertan las tragedias nacionales en instrumentos de legitimación permanente y que comprendan que la convivencia democrática exige aceptar la existencia de ciudadanos que piensan diferente. La democracia no pertenece a la izquierda, a la derecha ni a quienes han conseguido instalar con mayor eficacia su interpretación del pasado.

Desde VDI Global creemos que los países no pueden permanecer indefinidamente administrando sus heridas mientras postergan los problemas que afectan a sus ciudadanos. Las generaciones actuales no son responsables de las decisiones de quienes protagonizaron la Guerra Civil española ni de quienes participaron en la crisis chilena de 1973. Tampoco tienen por qué heredar como obligación política las confrontaciones ideológicas de sus antepasados. Su responsabilidad es construir instituciones mejores, economías sostenibles y sociedades en las que la discrepancia no termine convertida en enemistad.

La memoria merece respeto, las víctimas merecen justicia y los ciudadanos merecen gobiernos que respondan por sus resultados. Recordar no puede significar absolver a los propios y condenar exclusivamente a los adversarios. La historia debe servir para comprender cómo se llegó a las tragedias, quiénes contribuyeron a producirlas y qué decisiones permitieron que la violencia sustituyera a la política.

España no puede vivir eternamente de Franco. Chile no puede vivir eternamente del 11 de septiembre de 1973. Ambos países tienen una obligación mucho más importante: construir un futuro en el que sus ciudadanos no tengan que seguir pagando las consecuencias de las fracturas del pasado.

VDI Global | Dirección Editorial

Fuentes documentales

Para acompañar la publicación y permitir que el lector contraste los antecedentes:

1. Agencia EFE — Madrid en guerra: imágenes de la Guerra Civil española.
2. Ministerio de Cultura de España — Archivo Fotográfico de la Guerra Civil.
3. Eugenia Palieraki — La opción por las armas del MIR (1965-1970).
4. Investigación sobre la Vanguardia Organizada del Pueblo (1970-1971).
5. Estudio sobre el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic.
6. Biblioteca del Congreso Nacional — Chile y la crisis de 1970-1973.
7. Memoria Chilena — Historia del MIR y Operación Retorno.
8. Memoria Chilena — Lucha armada y FPMR.
9. Fiscalía de Chile — Informe estadístico del estallido social, 2025.
10. CIDH — Comunicado sobre las protestas y la violencia en Chile, diciembre de 2019.
11. Cámara de Diputados — Acuerdo del 22 de agosto de 1973.
12. España — Ley de Memoria Democrática.