¿Qué opina usted, ciudadano que convive día a día con el temor a ser víctima de un delito violento cometido por un adolescente? Esa es la pregunta que esta columna plantea directamente a sus lectores frente a la carta pública titulada "Responsabilidad penal adolescentes", publicada este martes en El Mercurio y suscrita por diez alcaldes de la Región Metropolitana, de sectores políticos completamente opuestos entre sí. Esta columna, que ha seguido de cerca la agenda de seguridad del gobierno de Kast, examina ahora esta postura transversal, que rechaza tanto rebajar la edad de responsabilidad penal a 13 años como aplicar justicia de adultos a los adolescentes, proponiendo en cambio un enfoque considerablemente más preciso y basado en evidencia.

Los diez firmantes: una coalición verdaderamente transversal

Esta columna considera indispensable, antes de cualquier análisis, dejar constancia de la amplitud política de esta carta, algo poco habitual en el debate público chileno actual: firman Camila Merino (Evópoli) de Vitacura, Claudio Castro (independiente) de Renca, Carol Bown (UDI) de San Miguel, Gustavo Toro (DC) de San Ramón, Sebastián Sichel (independiente) de Ñuñoa, Karina Delfino (PS) de Quinta Normal, Isabel Valenzuela (UDI) de Colina, Tomás Vodanovic (FA) de Maipú, Jaime Bellolio (UDI) de Providencia y Christopher White (PS) de San Bernardo. Esta columna pregunta a sus lectores: ¿qué opina usted cuando ve a alcaldes de la UDI y del Frente Amplio, de Evópoli y del PS, firmando el mismo documento sobre seguridad? ¿No es, acaso, la señal más clara de que este problema ya trascendió cualquier frontera ideológica?

Lo que rechazan con claridad: ni 13 años, ni justicia de adultos

Esta columna precisa, con el rigor que exige un debate de esta sensibilidad, la posición exacta que estos diez alcaldes sostienen, y que corrige cualquier lectura simplificada del debate: rechazan expresamente la idea de rebajar a 13 años la responsabilidad penal adolescente, y rechazan igualmente aplicar la justicia de adultos a los adolescentes. Sus propuestas, presentadas ya ante el Senado, "parten de no disminuir la edad de imputabilidad ni de tratar a los jóvenes como adultos". Esta columna considera este punto de partida especialmente relevante frente a las voces más duras del propio debate público, que sí han planteado bajar la edad penal como solución: estos diez jefes comunales, pese a gestionar comunas directamente afectadas por la violencia juvenil, optan por un camino distinto.

El dato que cambia el enfoque: no es un problema generalizado, está concentrado

Esta columna considera que el elemento más valioso de esta carta es su fundamento estadístico, que exige ser reproducido con precisión: según cifras de la propia Fiscalía, el 10% de los adolescentes infractores concentra el 43% de los delitos, mientras que el 67,2% presenta trayectorias de baja intensidad y desistimiento temprano —es decir, dos de cada tres adolescentes que cometen alguna infracción abandonan esa conducta de manera natural y no vuelven a reincidir—. Esta columna pregunta a sus lectores: ¿qué opina usted frente a este dato? ¿Cambia su percepción saber que el problema no es "los adolescentes" en abstracto, sino un núcleo duro y minoritario de reincidentes concentrados?

Los propios alcaldes son categóricos sobre la implicancia práctica de este dato: "tratar a todos por igual no es firmeza: debilita la intervención donde más se necesita". Esta columna respalda plenamente ese razonamiento: una política de endurecimiento indiscriminado, que no distinga entre el adolescente que comete una infracción aislada y el que integra ese núcleo reincidente de alta intensidad, corre el riesgo de gastar recursos estatales escasos donde menos se necesitan, dejando desprotegido precisamente el 10% que concentra casi la mitad de los delitos.

Las tres propuestas concretas: régimen cerrado, escalamiento y reinserción real

Esta columna reproduce con precisión las tres medidas específicas que plantea la carta. Primero, para delitos violentos cuya sanción supere los tres años, que "se aplique régimen cerrado con programas de reinserción efectivos". Segundo, que la reiteración de delitos de la misma especie tenga "consecuencia efectiva en la pena, con un aumento de hasta un grado, siempre dentro del sistema adolescente" —es decir, un escalamiento proporcional a la reincidencia, sin salir del marco especializado de justicia juvenil—. Tercero, que la reinserción esté "en el centro", incluyendo "tratamiento de adicciones, continuidad de estudios, salud mental y formación laboral", advirtiendo que "sin esas herramientas, el adolescente egresa y el sistema vuelve a fallarles a las víctimas".

"No basta con expresar indignación": la frase que resume el reclamo

Esta columna considera que el pasaje más contundente de toda la carta es el que enmarca su fundamento moral: "cuando un adolescente comete un delito violento, no basta con expresar indignación ni con aprobar penas que parecen duras en el papel. Las víctimas necesitan algo concreto: que la sanción se cumpla y sea proporcional al daño, que el joven sea reinsertado y que el Estado evite nuevas víctimas". Esta columna pregunta a sus lectores: ¿qué opina usted de esta distinción entre penas "que parecen duras en el papel" y sanciones que efectivamente se cumplen? ¿No es, acaso, la brecha entre ambas la que ha generado la sensación de impunidad que hoy recorre buena parte de la ciudadanía chilena?

El cierre: "no necesitamos nuevas instituciones, sino coordinarlas"

Esta columna reproduce, por su relevancia práctica, la conclusión de los diez alcaldes: "los municipios conocemos lo que ocurre antes de que un joven ingrese al sistema y cuando regresa a su comunidad. No necesitamos nuevas instituciones, sino coordinarlas. La verdadera firmeza es intervenir con mayor intensidad donde existe mayor riesgo: sancionar y reinsertar para que el delito no se repita".

Lectura editorial: la pregunta que esta columna deja abierta a sus lectores

Esta columna considera que esta carta transversal ofrece, hasta ahora, el planteamiento más equilibrado y técnicamente fundamentado de todo el debate sobre responsabilidad penal adolescente en Chile: rechaza tanto la mano dura indiscriminada de bajar la edad penal, como la laxitud de no exigir cumplimiento efectivo de las sanciones ya dictadas. Esta columna respalda ese equilibrio, coherente con la propia agenda ACOT del gobierno de Kast que hemos seguido extensamente, y considera que la evidencia estadística citada —10% concentra 43% de los delitos— debería orientar cualquier reforma legislativa futura hacia la focalización, y no hacia el endurecimiento genérico.

Pero esta columna quiere devolver la pregunta directamente a quienes nos leen: ¿qué opina usted, si ha sufrido en carne propia el flagelo de un delito cometido por un menor de edad? ¿Coincide con estos diez alcaldes en que la solución está en el cumplimiento efectivo y la reinserción focalizada, o considera que se necesitan medidas más drásticas, incluida la reducción de la edad de imputabilidad que esta carta rechaza expresamente?

Conclusión: un debate que la ciudadanía debe protagonizar, con datos y no solo con indignación

Esta columna concluye que la carta de estos diez alcaldes, de sectores políticos opuestos, ofrece un estándar de rigor que el debate público chileno sobre seguridad debería replicar en otras materias: partir de la evidencia disponible, distinguir entre el problema real y su percepción, y proponer soluciones proporcionadas antes que consignas. VDI Global invita a sus lectores a compartir su propia opinión y su propia experiencia sobre este debate.