El abogado Luis Hermosilla entregó, el 27 de agosto, una declaración de 20 páginas ante la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich, en el marco de la investigación por corrupción judicial que indaga presuntas irregularidades en el nombramiento de jueces. En ese testimonio, al que accedió La Tercera, Hermosilla reveló pagos mensuales en efectivo que él y el abogado Samuel Donoso habrían recibido por instrucción del expresidente Sebastián Piñera, y detalló una red de conversaciones sobre candidatos a cargos judiciales en la que menciona reiteradamente al abogado Gabriel Zaliasnik, hoy embajador de Chile en Israel.

Los pagos que contradicen la versión de 2019 y 2020

Hermosilla explicó primero su remuneración regular como asesor externo del Ministerio del Interior durante el gobierno de Piñera: un millón de pesos mensuales, pagados por transferencia, contra la entrega de un informe genérico de actividad profesional.

Pero describió un segundo circuito de pagos, de naturaleza distinta. Según su relato, el propio Piñera decidió coordinar a un grupo de abogados que ejercían la defensa penal de altas autoridades políticas en causas vinculadas al 18 de octubre y a la pandemia, porque quería conocer en detalle las estrategias de esas defensas. Por esa labor, Hermosilla y Donoso habrían recibido 100 UF mensuales cada uno, en efectivo, entregados indistintamente a uno u otro y luego repartidos entre ambos. Según su testimonio, ese dinero nunca se pagó por transferencia ni depósito, se acumulaba y liquidaba trimestralmente, y se lo entregaba primero Benjamín Salas y luego Andrés Sotomayor. Sobre el origen de esos fondos, Hermosilla fue tajante: dijo desconocerlo por completo.

El propio medio señala que esta versión contradice lo que Hermosilla y Donoso habían declarado públicamente en 2019 y 2020, cuando describieron ese trabajo como prestado "ad honorem". Según su testimonio actual, los pagos se extendieron incluso después de que Piñera dejara La Moneda en marzo de 2022, esta vez entregados en la oficina privada de Sotomayor.

La red de nombramientos: quiénes conversaban, y sobre qué cortes

La parte más sensible de la declaración es la que describe cómo, según Hermosilla, operaba la definición de nombres para cargos judiciales. Dijo que hablaba por teléfono, en pasillos o en audiencias con ministros de corte que llevaban causas de su interés, y que en ocasiones esos mismos ministros les pedían favores, como suspender audiencias.

Consultado específicamente por un asunto vinculado a la administradora de fondos Sartor —época en la que Zaliasnik era abogado de esa firma—, Hermosilla amplió la respuesta más allá de ese caso puntual: afirmó que Zaliasnik tenía, en sus palabras, más acceso que él a ministros de la Corte de Apelaciones e incluso de la Corte Suprema, y que con Zaliasnik y Donoso conversaba sobre quiénes eran candidatos idóneos para asumir cargos judiciales.

Según su relato, esas conversaciones sobre nombramientos las sostenía principalmente entre Donoso, Zaliasnik y él mismo, con participación recurrente del abogado Héctor Mery, y en algunos casos de Salas, Sotomayor y Pablo Urquízar. Las cortes que más les interesaban, dijo, eran Santiago, San Miguel y Valparaíso. Hermosilla precisó además que Zaliasnik era muy cercano a Mery, y que Zaliasnik y Donoso eran, según su percepción, más cercanos entre sí que cualquiera de los dos con él.

Cuando la Fiscalía le preguntó por qué un abogado litigante tendría interés en intervenir en nombramientos judiciales, Hermosilla respondió que existía un interés político en instalar jueces de una determinada orientación, pero que además los abogados litigantes podían tener interés en colocar a personas cercanas a quienes acceder para causas específicas.

El nombramiento de Letelier, la visita a Sabaj y un mensaje sobre Yáber

Hermosilla detalló ejemplos concretos. Sobre el nombramiento de la exministra suprema María Teresa Letelier, dijo no haber tenido trato personal directo con ella, pero relató haber transmitido su opinión favorable a Héctor Mery y a Andrés Chadwick, considerando que se trataba de una jueza "parca y severa" y "políticamente cercana a la derecha", con un nombramiento de bajo riesgo por la cercanía de su límite de edad. Sobre la exjueza Verónica Sabaj, reconoció gestiones a través de Chadwick para que este hablara con el exministro Hernán Larraín.

El pasaje más delicado del testimonio es el que reconstruye, sobre la base de mensajes de WhatsApp exhibidos por la propia Fiscalía, una conversación sobre el entonces candidato a ministro Danilo Quezada, a quien Hermosilla había descartado por considerarlo "de izquierda". En ese intercambio, según relató, Zaliasnik comentó sobre "el negocio de Yáber" —en referencia, según la interpretación de Hermosilla, al negocio de los propios nombramientos judiciales que manejaría el abogado Sergio Yáber— y agregó una frase que Hermosilla interpretó como una referencia directa a la conveniencia de controlar nombramientos para incidir después en causas de interés: "nosotros deberíamos tener el nuestro solos".

Lectura editorial

Es imprescindible situar este testimonio en su verdadero lugar dentro del proceso judicial: es la declaración de un imputado que responde preguntas de la Fiscalía en su propia causa, no una sentencia ni una acusación formal contra Zaliasnik, Donoso o cualquiera de las personas mencionadas. Un imputado que relata en detalle la conducta de terceros, en el marco de una negociación con el Ministerio Público sobre su propia responsabilidad penal, tiene motivos evidentes para matizar su propio rol y repartir protagonismo hacia otros actores del mismo círculo. Eso no invalida su testimonio, pero exige que se lea con ese filtro, y exige sobre todo que se espere la corroboración documental —los propios mensajes de WhatsApp que la Fiscalía exhibió durante el interrogatorio— antes de sacar conclusiones definitivas.

Dicho esto, la gravedad de lo descrito no admite minimización. Si se confirma que un grupo reducido de abogados con intereses litigiosos activos coordinaba, de manera sistemática y con injerencia directa sobre las cortes de Santiago, San Miguel y Valparaíso, qué jueces llegaban a esos tribunales, eso constituye exactamente el tipo de captura institucional que corroe la confianza pública en el Poder Judicial, la misma confianza que hemos documentado en caída sostenida a lo largo de esta cobertura, incluido el propio proceso de remoción de jueces por licencias médicas que sigue pendiente en la Corte Suprema. Que el propio testimonio reconozca pagos en efectivo no rastreables, ordenados directamente por un expresidente de la República para monitorear causas judiciales que lo involucraban políticamente, agrava el cuadro de manera considerable, independientemente de cómo termine calificándose jurídicamente esa conducta.

Sobre Gabriel Zaliasnik en particular, corresponde exactamente el mismo estándar que hemos aplicado a cada persona mencionada en investigaciones judiciales a lo largo de esta cobertura: presunción de inocencia plena hasta que exista una resolución judicial firme. Su actual cargo como embajador de Chile en Israel no lo blinda de este escrutinio ni tampoco lo convierte, por sí solo, en culpable de lo que un tercero relató sobre él ante la Fiscalía. Será la propia investigación, con la evidencia documental que exhiba, la que determine si estas conversaciones descritas por Hermosilla constituyeron o no una intervención indebida en la integridad del sistema judicial.

Conclusión

El testimonio de Luis Hermosilla abre un frente judicial de gran magnitud sobre cómo se definían, durante años, los nombramientos en algunas de las cortes más relevantes del país, con pagos en efectivo de origen no esclarecido de por medio y una red de abogados con intereses litigiosos activos participando de esas decisiones. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación, con el mismo rigor y la misma presunción de inocencia que exige cualquier proceso en curso, sin excepciones para nadie.