El Presidente José Antonio Kast descartó este miércoles, tras participar en la primera tronadura del embalse Zapallar en la Región de Ñuble, que su gobierno impulse un plebiscito para resolver las diferencias que la reforma constitucional de seguridad ha generado incluso dentro de su propia coalición. Esta columna, que ya documentó en detalle el "no me hago cargo" con que Kast respondió a las críticas de Boric y Vallejo, examina ahora esta definición adicional, que confirma la solidez institucional con que el gobierno enfrenta tanto la presión interna de sus propios socios como la ofensiva externa de una izquierda sin autoridad moral para exigir referéndums.

"No es algo que vayamos a impulsar como gobierno"

Consultado directamente sobre un posible referéndum frente a la reforma, Kast fue categórico: "nosotros tenemos que enfocarnos en lo que planteamos durante nuestra campaña. Un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia en temas de seguridad, en temas económicos, en temas sociales". Agregó, con la misma firmeza: "dentro de nuestro programa no consideramos la alternativa de realizar plebiscitos. Ello no obsta a que parlamentarios, presidentes de partido, puedan plantear distintas ideas. Nosotros siempre estamos abiertos a que haya discusión sobre distintos puntos de vista. Pero el tema del plebiscito no es algo que nosotros vayamos a impulsar como gobierno en distintas materias".

La vía institucional: el Congreso, no la calle

Esta columna considera especialmente valiosa la precisión institucional que ofreció el propio Mandatario: "creemos que hoy día con la representación parlamentaria que existe y con la institucionalidad que nos rige, el camino para el gobierno es plantear proyectos de ley y la resolución democrática se realiza en el Parlamento". Esta columna respalda sin reservas este criterio, que contrasta abiertamente con la estrategia que esta misma columna ya documentó en su cobertura sobre la nueva presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien definió explícitamente la movilización callejera como "sello" de su conducción. Que Kast reafirme, frente a la presión de sectores como el PC y el propio Frente Amplio, que la vía legítima para resolver diferencias políticas en democracia es el debate parlamentario y no la calle ni el plebiscito extra-institucional, confirma una madurez republicana que esta columna ya reclamó en su análisis sobre "queremos la calle", la estrategia declarada de desgaste institucional que caracteriza a la izquierda chilena desde hace décadas.

Reitera el "no me hago cargo" frente a Boric y Vallejo

Esta columna recuerda que, en la misma instancia, Kast reiteró íntegramente la respuesta que ya documentamos ante las críticas de Boric y Vallejo: "no me hago cargo de los comentarios que puedan hacer autoridades que no siempre estuvieron cuidando la seguridad de nuestros compatriotas". Y remató con un argumento electoral que esta columna considera contundente: "Chile eligió una línea, eligió la seguridad, eligió el crecimiento, eligió el trabajo, eligió el progreso. La alternativa que fue apoyada por otras autoridades fue derrotada en las urnas". Esta columna considera que esta frase final —recordar que la alternativa de la izquierda fue derrotada democráticamente— es, precisamente, el argumento que el Frente Amplio y el PC prefieren evadir cuando insisten en cuestionar la legitimidad de una agenda que la ciudadanía chilena ya respaldó en las urnas.

Apertura al debate parlamentario, sin ceder en la urgencia

Sobre los cuestionamientos de legisladores que han pedido modificar el estado de excepción o apoyar un indulto general, Kast fue conciliador en la forma, pero firme en el fondo: "nosotros hemos estado abiertos siempre a escuchar el debate parlamentario. Lo que sí hemos señalado es que tiene que ser con urgencia". Añadió: "estamos planteando resguardar la seguridad pública. La Constitución requiere modificaciones. Si el Parlamento decide que no, bueno, está en legítimo derecho. Ese es el debate democrático que se debe dar en una república (...) ellos serán los que tendrán que decirle a la ciudadanía si quieren más seguridad o menos seguridad". Esta columna considera que esta última frase traslada, con precisión, la responsabilidad política a cada parlamentario que decida bloquear esta agenda: cualquier rechazo deberá explicarse directamente ante los electores.

Las amenazas de muerte: "esas personas tendrán que hacerse cargo"

Esta columna considera relevante el pasaje final de la entrevista, en que Kast fue consultado sobre las amenazas recientes en su contra —que ya derivaron en al menos una detención—. El Presidente fue mesurado pero firme: "en el tiempo se han desarrollado a través de redes sociales situaciones complejas, y es la autoridad que tiene que velar por el tema de la seguridad, quién tiene que determinar cuáles son las amenazas reales y esas personas tendrán que hacerse cargo, si son amenazas reales, de sus dichos y de sus hechos". Esta columna considera que este episodio confirma, con evidencia concreta, el clima de hostilidad que ciertos sectores de la izquierda radicalizada han normalizado contra la figura presidencial, exactamente el tipo de violencia política que esta columna ya ha denunciado en su cobertura sobre el patrón histórico de la izquierda chilena frente a gobiernos de derecha.

Lectura editorial: firmeza institucional frente a una izquierda sin argumentos

Esta columna respalda sin reservas esta doble definición presidencial: el rechazo al plebiscito confirma que Kast prioriza los canales institucionales legítimos —el Congreso, no la movilización callejera ni las consultas populares extra-programáticas— para resolver las tensiones legislativas de su propia agenda; y el "no me hago cargo" reafirmado frente a Boric y Vallejo confirma que el gobierno no está dispuesto a legitimar los reproches morales de un sector político que, como ya documentó esta columna extensamente, careció de autoridad histórica en materia de seguridad durante su propio gobierno.

Esta columna considera que la negativa al plebiscito es, además, coherente con el propio mandato electoral que Kast invoca: la ciudadanía ya eligió, en las urnas, la línea de seguridad que hoy se tramita en el Congreso, y someter esa misma decisión a una consulta adicional sería, en los hechos, una forma de desconocer el resultado electoral ya expresado democráticamente, algo que esta columna considera un despropósito institucional que el propio Frente Amplio no dudaría en explotar como herramienta de desgaste, tal como ya hizo en 2019 con el estallido social.

Conclusión: instituciones firmes, sin concesiones a la presión callejera ni al reproche moral infundado

Esta columna concluye que esta nueva definición de Kast confirma la solidez institucional de su gobierno frente a una doble presión: la de una izquierda que insiste en cuestionar su legitimidad pese a haber sido derrotada en las urnas, y la de sectores que buscan trasladar el debate legislativo hacia la calle o el plebiscito extra-institucional. VDI Global respalda esta firmeza y seguirá de cerca la tramitación parlamentaria de la reforma, confiando en que sea el Congreso, y no la presión callejera del Frente Amplio o el PC, quien resuelva democráticamente esta discusión.