El presidente José Antonio Kast pidió al Congreso aprobar las leyes de seguridad y advirtió que quienes voten en contra «deben hacerse cargo» ante la ciudadanía. Habló el martes 20 de octubre en el Foro Regional del Desarrollo, en Atacama. Mencionó la ampliación del plazo de retención de migrantes, la reforma constitucional contra el crimen organizado y las reglas del uso de la fuerza. La reforma migratoria cayó en la Cámara el 22 de septiembre con 88 votos, uno menos de los 89 necesarios.

Qué dijo

En el foro organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, Kast mezcló una invitación al diálogo con un reproche a quienes se oponen.

Dijo que su gobierno ha estado abierto al diálogo con el Congreso en seguridad y citó como resultado un acuerdo minero. Afirmó que retiró una reforma constitucional para abrir conversaciones y que la mayoría de los senadores trabaja ahora en una versión mejor. Reconoció que habrá desacuerdos y probables votos en contra.

Pero advirtió: «Los que voten en contra de la seguridad, que se hagan cargo».

Pidió a los diputados no «cobrar cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos» ni «pasar facturas políticas para hacerle un daño al gobierno».

Retención de migrantes

Kast se refirió a la ampliación del plazo para retener a migrantes irregulares con orden de expulsión, que algunos parlamentarios rechazaron. Dijo que el plazo actual, cinco días, es insuficiente para buscar, retener y expulsar: «es imposible hacer el trabajo en solo cinco días».

Lo vinculó con cinco personas que, según él, causaron daño en Chile el domingo anterior, sin nombrarlas. Es una referencia al 18-O. Como informamos, Migraciones identificó a seis extranjeros entre los detenidos de ese día.

Cómo cayó la reforma

La reforma es constitucional y modificaría el artículo 19 número 7. Hoy la ley permite retener cinco días a un extranjero con orden de expulsión. La propuesta permitiría a una ley fijar un plazo de entre cinco y sesenta días, renovable dos veces por sesenta días más; los 180 días son el máximo teórico, no un plazo fijo. Las prórrogas requerirían justificación y control judicial.

El 22 de septiembre, la Cámara la rechazó con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. Se necesitaban 89, cuatro séptimos de los diputados.

Faltó un voto, y el gobierno no pudo evitarlo. José Montalva (PPD), que había comprometido su apoyo, no votó. Seis diputados del PDG y Marcos Ilabaca (PS) se abstuvieron. Además, los permisos de los diputados republicanos Stephan Schubert y Felipe Ross, que iban a acompañar al Presidente a la ONU, se presentaron tarde, lo que afectó el quórum.

El secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, dijo que asegurar votos se hace con cuidado, pero que los diputados pueden ausentarse o cambiar su voto a último momento. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que no personalizaría el revés.

El camino que queda

Un proyecto rechazado en general en su cámara de origen no puede renovarse por un año. El gobierno optó por el mecanismo de insistencia: pedir al Senado que lo apruebe y lo devuelva a la Cámara.

El 30 de septiembre, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), fijó en 29 los votos necesarios, es decir, cuatro séptimos de los senadores en ejercicio. Hasta entonces se estimaba que se necesitaban dos tercios de los presentes, unos 33. La oposición criticó la decisión y planteó recurrir al Tribunal Constitucional.

Una versión del proyecto, que lleva el plazo de cinco a treinta días, aparece en las notas de ese momento. El texto que consulté de septiembre habla de cinco a sesenta días; la diferencia se debe a que se informó de dos propuestas distintas. Habrá que verificar cuál es la vigente.

Reglas del uso de la fuerza y crimen organizado

Kast preguntó, a propósito de las reglas del uso de la fuerza: «¿a los terroristas o a los carabineros y policías?». Dijo que la mayoría de los senadores respaldó esas medidas.

Mencionó que algunos parlamentarios presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional, algo que dijo que tienen derecho a hacer, pero que deben «dar la cara frente a la ciudadanía».

Dijo que cinco carabineros han sido asesinados este año, lo calificó de inaceptable y prometió ir «uno por uno» tras los responsables. Afirmó que «ya los hemos capturado casi a todos» y pidió a los restantes entregarse.

Cerró con un llamado a la unidad: «no hay ideología que nos pueda separar».

Reacciones

Ninguna de las tres notas incluye respuestas de la oposición ni de parlamentarios. La única versión de su postura es la caracterización que hace Kast.

Lectura editorial

El discurso tiene un doble movimiento. Pide unidad y, a la vez, anuncia cobro político. Ese mensaje no es nuevo en Kast, pero la frase «que se hagan cargo» es más directa que lo habitual.

Hay un dato que complica el reproche. La reforma de la retención no cayó por un bloque opositor sino por un voto, con ausencias y permisos tardíos de la propia coalición oficialista. Una parte del problema fue organizativa. Si la responsabilidad es de «los que votaron en contra», también es de quienes no estuvieron o no votaron.

Además, el discurso mezcla tres proyectos de naturaleza muy distinta. Una reforma constitucional sobre retención de migrantes, una reforma contra el crimen organizado y las reglas del uso de la fuerza no tienen las mismas razones de oposición. Presentarlas como «seguridad contra no seguridad» simplifica un debate donde hay objeciones legales concretas, como el control judicial de las retenciones o los límites del uso de la fuerza.

Por otro lado, la estrategia tiene lógica electoral. Con 28% de aprobación, la seguridad es uno de los pocos temas en que el gobierno puede movilizar apoyo. Fijar el marco de «quién protege a los carabineros» obliga a la oposición a explicar sus votos, y esa explicación es incómoda.

Y hay una advertencia de método. Citar el 18-O como justificación de una reforma que lleva meses tramitándose, y que se rechazó por un voto antes de ese día, es retrospectivo. Es válido políticamente, pero no es una causa.

Conclusión

Kast elevó el tono contra la oposición y pidió que quienes se opongan a las leyes de seguridad rindan cuentas. La reforma que amplía la retención de migrantes quedó a un voto, y el Senado debe decidir si la reactiva con 29 votos. Los discursos seguirán, pero lo que decidirá el resultado son los números en la sala.

Si quieres recibir el análisis de VDI Global sobre la política chilena directo en tu correo, únete gratis a nuestro newsletter: https://informes.vdiglobal.org/#/portal/signup