Los dichos del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien el domingo aludió en un podcast a la "soberanía" y a la necesidad de "hacer presencia" en el Estrecho de Magallanes, volvieron a poner sobre la mesa un problema que Chile no puede seguir tratando como un episodio aislado: la insistencia de ciertas autoridades militares trasandinas en sembrar dudas sobre un territorio cuya soberanía chilena es indiscutible, fundada en los tratados de 1881 y 1984 suscritos por ambos países.

Para VDI Global, lo relevante de este episodio no es solo la declaración en sí —que la propia Cancillería argentina debió salir a desmentir, ratificando que los tratados "rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina"—, sino la reiteración del patrón: hace apenas cuatro meses fue el jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, quien sostuvo una versión que incluso pretendía atribuir a Argentina la boca del Estrecho. El patrón, más que la anécdota puntual, es lo que exige una respuesta de Estado.

Lo que dijeron unos y otros

Valverde afirmó en el podcast que "Magallanes, el sur, el Paso Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica". Frente a la molestia generada, la Cancillería de Chile reiteró su posición histórica, y el Gobierno argentino confirmó formalmente, a través de un comunicado, que su posición es la que establecen los tratados de 1881 y 1984, calificándolos como "plenamente vigentes" y "definitivos".

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, señaló que al Gobierno chileno "le llamó la atención" que este tipo de declaraciones se repita periódicamente, y llamó a Argentina a hacer "su trabajo de ordenamiento interno" para evitar que voces aisladas generen un manto de duda sobre tratados vigentes. El senador Iván Moreira (UDI) fue más categórico, calificando estos hechos como "una constante" que ya se empieza a sentir "como provocaciones", mientras que el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, pidió a las autoridades chilenas no minimizar estas declaraciones y redoblar los esfuerzos para defender los intereses nacionales en Magallanes y la Antártica chilena.

El diagnóstico de fondo: Chile no tiene una política de Estado en las zonas extremas

Más allá de la respuesta diplomática puntual, distintos analistas coincidieron en que la raíz del problema está en la debilidad de la presencia efectiva de Chile en la región. El propio senador Moreira lo planteó sin rodeos: Chile "no tiene una política de Estado en las zonas extremas, como sí lo ha tenido Argentina", y llamó a dejar de quedarse "con el discurso". El analista Eric Latorre, de la Universidad Autónoma, calificó como "bastante débil" la posición chilena actual en la región, y sostuvo que Magallanes y el Estrecho deberían ser el polo de potenciación para todo el territorio antártico chileno, área en la que —a su juicio— el país está fallando.

El académico Carlos Alsua, de la UNAB, resumió la fórmula que este medio comparte plenamente: la respuesta más inteligente para Chile es "menos retórica y más presencia efectiva": inversión, infraestructura, desarrollo económico, ciencia, conectividad y una estrategia de largo plazo tanto para el Estrecho de Magallanes como para la proyección antártica del país. En la misma línea, Aldo Casinelli, de la Universidad Autónoma, y Guillermo Holzmann, de la PUCV, apuntaron a la necesidad de fortalecer el uso del paso como corredor bioceánico internacional, potenciar la investigación científica en la zona, y proyectar capacidad logística y de seguridad hacia la península antártica.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, este episodio confirma que la seguridad y la soberanía nacional no se limitan al combate contra el crimen organizado en las zonas urbanas: también incluyen la capacidad del Estado chileno de proyectar presencia efectiva en sus fronteras y territorios extremos. La reiteración de declaraciones de autoridades militares argentinas que cuestionan, aunque sea retóricamente, tratados vigentes y ratificados por ambos países, no debe tratarse como un simple malentendido diplomático que se resuelve con un comunicado de Cancillería. Es, como bien señalan el senador Moreira y el alcalde Radonich, un patrón que exige una respuesta más firme y sostenida en el tiempo.

Este medio respalda la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, y considera que esa agenda debe extenderse naturalmente a una política de Estado para las zonas extremas del país, con la misma determinación con que se ha abordado la seguridad interior. Que expertos de distintas universidades coincidan en que Chile exhibe hoy una posición "débil" en Magallanes frente a la estrategia histórica más consistente de Argentina en la zona es una señal de alerta que amerita una respuesta concreta: más inversión, más infraestructura, más ciencia y más presencia naval y logística, no solo protestas diplomáticas reactivas cada vez que una autoridad trasandina hace una declaración desafortunada.

Lo que corresponde exigir

• Que el Gobierno de Chile diseñe e implemente una política de Estado de largo plazo para las zonas extremas, con financiamiento sostenido en infraestructura, conectividad y desarrollo económico en Magallanes.
• Que se fortalezca la presencia naval, logística y científica chilena en el Estrecho de Magallanes y su proyección hacia la Antártica, consolidando a la región como la puerta de entrada al continente blanco.
• Que Cancillería mantenga una postura activa y no solo reactiva frente a este tipo de declaraciones, presentando las protestas diplomáticas que correspondan de manera sistemática, y no solo cuando la controversia ya escaló públicamente.
• Que el Gobierno argentino cumpla su propio compromiso de realizar el "ordenamiento interno" que evite que autoridades militares de alto rango sigan generando este tipo de controversias evitables entre ambos países.

Conclusión

La soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes no está jurídicamente en disputa: los tratados de 1881 y 1984 son claros, y el propio Gobierno argentino los ratificó nuevamente esta semana. El problema real, como coinciden analistas de distintas universidades y parlamentarios de gobierno y oposición, es que Chile no ha acompañado esa certeza jurídica con una presencia efectiva y sostenida en el territorio. Para VDI Global, la mejor respuesta a las provocaciones retóricas no es solo el desmentido diplomático, sino la construcción de una política de Estado real para las zonas extremas, que haga innecesario tener que repetir, una y otra vez, algo que los tratados ya establecen con claridad.