El gobierno argentino modificó un artículo clave del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, después de que Estados Unidos objetara su alcance. El texto original permitía sancionar no solo a las empresas que operan en las islas sin autorización argentina, sino también a sus filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. Con los cambios, el proyecto obtuvo dictamen en comisiones y se votaría en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre. Lo que Washington consiguió para sus inversionistas es exactamente lo que Chile necesita para sus navieras.

Qué cambió

El proyecto, impulsado por la Casa Rosada y asociado al asesor presidencial Santiago Caputo, busca endurecer las sanciones a las empresas que participan sin permiso argentino en la exploración y explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas. Su objetivo de fondo es Sea Lion, el proyecto petrolero al norte de las islas que Buenos Aires considera ilegal.

La versión original tenía un alcance amplio. Las penalidades podían llegar a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas. Eso encendió las alarmas en Washington, preocupado por el impacto sobre inversiones estadounidenses. Las objeciones ganaron peso tras la visita a Buenos Aires del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.

La nueva redacción concentra la responsabilidad en las empresas que intervienen directamente en las operaciones: las responsables del proyecto, las proveedoras y los accionistas con participación relevante. Las multas también se ajustaron y quedaron entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido.

No fue solo Washington. Hasta la semana pasada, el oficialismo no tenía las firmas de sus aliados ni para emitir dictamen. Para conseguirlas, aceptó otros cambios. Incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad que crea la ley y revisó un artículo cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que había advertido sobre la ambigüedad de conceptos como “desinformación” o “manipular la opinión pública”.

Con esas concesiones, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores aprobó el dictamen el 27 de octubre.

Por qué importa en Chile

La Ley Malvinas no es un asunto solo argentino. En la primera semana de diciembre, el carguero chileno Danstar, de la naviera Easter Island, inaugurará la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas. Llevará frutas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada.

En Argentina, la principal objeción a esa ruta es que podría terminar abasteciendo a Sea Lion. Un centro de excombatientes ya pidió al canciller Pablo Quirno aplicar las sanciones previstas para actividades hidrocarburíferas no autorizadas. Y según fuentes diplomáticas chilenas, Buenos Aires evalúa detener, escoltar o multar al Danstar, aunque no lo ha confirmado.

La versión corregida de la ley sigue incluyendo a las empresas proveedoras que intervengan directamente en las operaciones. Una naviera que transporte insumos para el proyecto petrolero podría caer en esa categoría. La diferencia es que, a diferencia de Washington, Chile todavía no ha conseguido que nadie le aclare dónde está la línea.

Lectura editorial

Hay que reconocer el realismo de Milei. Su gobierno entendió que una ley que espantara a los inversionistas estadounidenses era un costo que no podía pagar, y la ajustó. En una relación tan estrecha como la que tiene con Donald Trump, era lo previsible.

Pero el episodio deja una lección que Santiago no puede ignorar. Washington no esperó a que la ley se aprobara para defender sus intereses. Objetó el texto, envió a un subsecretario y obtuvo cambios en la redacción antes del dictamen. Chile, en cambio, sigue en modo prudencia. El subsecretario de Relaciones Exteriores evita especular sobre lo que pasará con el Danstar y la Cancillería deja que los trascendidos hablen por ella.

Esa diferencia no es casual: refleja peso y voluntad. Chile no tiene el peso de Estados Unidos, pero sí tiene algo que Washington no tiene: un tratado. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a Argentina a garantizar el paso libre de buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Ninguna ley interna argentina puede pasar por encima de ese compromiso.

La Cancillería tiene una oportunidad concreta. Antes de que la Ley Malvinas llegue al pleno el 12 de noviembre, puede pedir por escrito a Buenos Aires una aclaración: que el comercio legítimo entre Chile y los habitantes de las islas, incluido el transporte de alimentos, materiales y repuestos, no quedará alcanzado por las sanciones. Si Milei pudo ajustar el texto para tranquilizar a los inversionistas estadounidenses, puede hacer lo mismo con su principal socio en el Cono Sur.

La alianza entre Kast y Milei es valiosa. Comparten agenda económica, visión regional y una posición firme frente a las dictaduras. Pero las alianzas se prueban cuando los intereses chocan. Esta es la primera vez que ocurre en serio, y Chile no puede limitarse a esperar.

Lo que viene

El proyecto se debatiría en la Cámara de Diputados argentina el 12 de noviembre. Después deberá pasar al Senado. En paralelo, el Danstar se prepara para zarpar la primera semana de diciembre.

Las dos fechas están más cerca de lo que parece. Si la ley se aprueba sin aclarar el caso chileno, el primer barco en ponerla a prueba podría llevar bandera chilena.