Las dos grandes confederaciones del transporte de carga dijeron que no. La principal asociación gremial del sector pidió despejar las carreteras. Y aun así, desde la madrugada de este martes, la Ruta 5 amaneció con camiones atravesados, tránsito restringido y esperas de hasta cuatro horas. El paro indefinido convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, con apoyo de la Confederación Centro-Sur, es la expresión de una parte minoritaria del gremio. Pero su impacto no es menor: afecta el abastecimiento, el traslado de carga a la minería, los puertos y a miles de personas que solo quieren llegar a su destino. Y llega en el peor momento para el gobierno de José Antonio Kast, que ya enfrenta la crisis por las rebajas de penas, una desaprobación del 68 %, un desempleo de casi 10 % y la menor producción de cobre en dos décadas. Una pequeña parte de los camioneros logró lo que la oposición no ha conseguido: poner al gobierno a la defensiva en la carretera.

El paro

La movilización comenzó oficialmente a las 00:00 horas del martes 10 de noviembre, aunque desde la noche del lunes ya había bloqueos en distintos puntos del país. Fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, encabezada por Cristian Sandoval, con el apoyo de la Confederación de Camioneros Centro-Sur. Sus dirigentes anunciaron que abarcaría desde Arica hasta Magallanes y que tendría carácter indefinido.

Los principales puntos afectados en las primeras horas fueron:

• Tarapacá: cortes en la Ruta 5 Norte y la Ruta A-65 en Pozo Almonte, que conectan con Arica, Antofagasta y las faenas mineras. Una protesta impidió el ingreso de carga al Puerto de Iquique y obligó a suspender el arribo de un crucero.
• Región Metropolitana: bloqueos parciales en la Ruta 68, en Pudahuel, y en la Ruta 5 Sur a la altura de Linderos y Paine.
• Maule: al menos cincuenta camiones en la Ruta 5 Sur a la altura de Talca y movilizaciones en Romeral.
• O’Higgins: interrupciones en San Fernando.
• Biobío: manifestaciones cerca de Los Ángeles y en el cruce Cabrero, con esperas de hasta cuatro horas para los automovilistas.
• La Araucanía: cortes en Victoria.

Las demandas

Los convocantes protestan por el alza sostenida del diésel, que acumula un aumento de más de 50 % en el año, y por la falta de reajustes en las tarifas de los fletes. Sostienen que muchos pequeños transportistas ya no pueden cubrir sus costos y que algunos están quebrando.

El alza del diésel es consecuencia directa de la guerra en Medio Oriente y del cierre parcial del estrecho de Ormuz, que dispararon los precios del petróleo y, sobre todo, la diferencia entre el valor del crudo y el de los combustibles refinados. El gobierno ha traspasado esas alzas a los precios internos de forma escalonada, a través del mecanismo de estabilización de precios, para evitar un costo fiscal insostenible.

La respuesta del gobierno

Antes del inicio del paro, el Presidente Kast anunció que el alza del diésel prevista para este jueves 12 de noviembre se limitará a 40 pesos por litro. El gobierno también impulsa un proyecto de ley que permitiría a los camioneros ajustar sus tarifas según las fluctuaciones del precio del combustible.

Los convocantes consideraron insuficientes esas medidas y mantuvieron la paralización. Equipos de gobierno se desplegaron en algunas regiones para conversar con los manifestantes.

Un gremio dividido

El dato más importante de este paro es quiénes no están. Las dos principales organizaciones del transporte de carga, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), que preside Juan Araya, y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), que encabeza Sergio Pérez, descartaron adherir.

La CNTC ha privilegiado durante todo el año el diálogo con el gobierno. En marzo, tras la histórica alza de los combustibles, los cuatro principales gremios acordaron no movilizarse. En abril, la CNTC envió una carta al Presidente con tres exigencias y fijó un plazo, pero descartó el paro. En septiembre, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el patriotismo de los transportistas por privilegiar el diálogo. Pérez, histórico dirigente del sector y cercano a la familia Kast, se reunió con el Presidente en octubre y ya había marcado distancia de las movilizaciones impulsadas desde el norte.

También se desmarcó la Asociación Gremial de Transportistas Chile Transporte, que pidió al gobierno adoptar las medidas necesarias para restablecer la circulación en las carreteras.

Incluso entre los propios camioneros hubo críticas. Algunos dirigentes cuestionaron que el paro no aporta a la solución, en medio de un alza acumulada del diésel que afecta a todo el sector.

En otras palabras: el paro no representa al gremio de los camioneros. Representa a una parte, minoritaria, que decidió tomar las carreteras.

El segundo conflicto en semanas

El paro llega pocos días después de que el gobierno cerrara otro conflicto con transportistas: el de los camioneros del puerto de San Antonio, que mantuvieron una movilización durante más de una semana hasta alcanzar un acuerdo. Que en menos de un mes se sucedan dos paros muestra que el malestar en el sector es real, aunque la forma de expresarlo divida al gremio.

Un gobierno con demasiados frentes

El problema para La Moneda no es solo el paro. Es la suma de frentes abiertos:

• La crisis Rabat, por las rebajas de penas a abusadores de menores, que lleva casi tres semanas y ya tiene una acusación constitucional en camino.
• La aprobación, con un 68 % de desaprobación en la última encuesta Cadem.
• El desempleo, que llegó a 9,8 %.
• El cobre, con la menor producción en veinte años y el escándalo de la producción inflada en Codelco.
• La inflación, que volvió a subir a 4,5 % anual, impulsada por los combustibles.
• Los aliados, que piden un nuevo diseño político.

Cada uno de esos frentes, por separado, sería manejable. Juntos, configuran el momento más difícil del gobierno. Y el paro de camioneros, aunque sea minoritario, tiene un efecto que ningún otro conflicto tiene: se ve en la carretera, afecta a la gente de forma directa y pone a prueba la promesa central del gobierno, la del orden.

El dilema del orden

Kast llegó a La Moneda prometiendo orden y respeto a la ley. Durante la campaña, la derecha criticó con dureza la forma en que gobiernos anteriores enfrentaron los bloqueos de carreteras. En 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, un paro de camioneros terminó con detenidos y querellas por la Ley de Seguridad del Estado.

Hoy, el gobierno enfrenta el mismo dilema, con una dificultad adicional: los camioneros han sido parte de su base de apoyo. Si actúa con firmeza, arriesga un conflicto con un sector cercano. Si no lo hace, arriesga su credibilidad ante la mayoría de los chilenos que esperan que las carreteras estén libres.

Lectura editorial

VDI Global reconoce que el malestar de los camioneros es legítimo. El alza del diésel golpea con fuerza a los pequeños transportistas, muchos de los cuales trabajan con márgenes mínimos y no pueden traspasar los costos a sus clientes. El gobierno debe buscar soluciones, y algunas de las medidas anunciadas, como limitar la próxima alza y permitir ajustar las tarifas al precio del combustible, van en la dirección correcta.

Pero el derecho a protestar no incluye el derecho a bloquear las carreteras del país. Cuando una minoría del gremio decide atravesar camiones en la Ruta 5, no solo presiona al gobierno: castiga a los trabajadores que no pueden llegar a su empleo, a las familias que viajan, a los productores que necesitan despachar su carga, a la minería que mueve la economía y a los propios camioneros que decidieron seguir trabajando. Las dos principales confederaciones del sector entendieron eso. Fuerza del Norte, no.

El gobierno tiene la obligación de dialogar con quienes tienen demandas legítimas. Y tiene, también, la obligación de garantizar la libre circulación. Ambas cosas no son contradictorias. Un gobierno que prometió orden no puede permitir que una minoría paralice la principal ruta del país, por muy cercano que sea el sector o muy justa que parezca la demanda.

Al mismo tiempo, el paro vuelve a mostrar el problema de fondo de este gobierno: la falta de anticipación. La tensión con los camioneros se arrastraba desde hace meses, con alzas sucesivas del diésel, advertencias públicas y un paro reciente en San Antonio. Un gobierno con oficio político habría construido antes una solución con todo el sector, para quitarle espacio a los grupos más radicales. Otra vez, el gobierno reacciona en lugar de conducir.

La salida pasa por dos carriles. En el primero, firmeza para restablecer la circulación, con los instrumentos que da la ley. En el segundo, una mesa de trabajo con las organizaciones representativas del sector, la CNDC y la CNTC, que demostraron responsabilidad, para acordar medidas de fondo frente al costo del combustible. Premiar a quienes bloquean y castigar a quienes dialogan sería el peor mensaje posible.

Lo que viene

El paro se mantiene de manera indefinida y los puntos de bloqueo pueden cambiar durante el día. El jueves 12 de noviembre se aplicará la nueva alza del diésel, limitada a 40 pesos por litro. El gobierno deberá decidir cómo restablecer la circulación y si abre una mesa de trabajo con el sector. Y en paralelo, la oposición se prepara para presentar la acusación constitucional contra el ministro Rabat.