Mientras los camioneros bloquean las carreteras por el precio del diésel, el desempleo bordea el 10 % y millones de familias hacen malabares para llegar a fin de mes, el Estado de Chile seguía pagando, además de la dieta vitalicia, las oficinas, el personal y los traslados de los expresidentes de la República. Este martes, la Cámara de Diputados dijo basta. Por 75 votos en contra, 54 a favor y 7 abstenciones, rechazó en el Presupuesto 2027 la asignación que financia esos beneficios adicionales para Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. La dieta que les garantiza la Constitución se mantiene. Lo demás, que lo paguen ellos. VDI Global lo dice sin rodeos: se les acabó la gratuidad. Ahora el Senado tiene que confirmarlo.

La votación

La indicación fue presentada por el diputado Javier Olivares, del Partido de la Gente, y buscaba eliminar el financiamiento de gastos como el arriendo de oficinas, el transporte y la movilización de los expresidentes, manteniendo únicamente la dieta que les corresponde constitucionalmente.

El resultado fue claro: 75 votos en contra de la asignación, 54 a favor y 7 abstenciones. La bancada del PDG lo celebró como un triunfo en su compromiso con la austeridad en el gasto público.

Olivares justificó la medida en el contexto económico del país. Cuando todos los chilenos deben apretarse el cinturón, con un paro de camioneros en curso y un costo de vida que no deja de subir, se preguntó por qué el Estado debería seguir entregando más y más platita a personas privilegiadas. Y fue más allá: los expresidentes, dijo, deberían buscar trabajo para pagar sus oficinas, pero ya no con la plata de todos los chilenos.

La bancada del PDG precisó que la iniciativa no desconoce los derechos constitucionales de los exmandatarios, sino que busca terminar con beneficios adicionales que considera injustificados.

Cuánto cuesta un expresidente

Para entender la magnitud del debate, hay que mirar los números.

Según los antecedentes conocidos en el debate del año pasado, cada expresidente recibe una dieta vitalicia de unos 7,3 millones de pesos brutos mensuales, más alrededor de 10,3 millones adicionales en asignaciones para oficinas, personal y traslados. En total, cerca de 17,6 millones de pesos al mes por cada uno.

Un ejemplo concreto: en mayo de 2025, el expresidente Eduardo Frei recibió más de 7,3 millones por dieta, 1,8 millones por traslados y casi 8,5 millones por funcionamiento de oficina, en un total que superó los 19,5 millones de pesos en un solo mes.

Para 2027, el gobierno había propuesto destinar unos 915 millones de pesos a los cuatro expresidentes, poco más de 19 millones mensuales para cada uno, según la bancada UDI.

Para ponerlo en perspectiva: lo que un expresidente recibe en un mes, solo por concepto de oficina y traslados, equivale a más de 20 sueldos mínimos.

La dieta y las asignaciones: no es lo mismo

Hay que distinguir dos cosas.

La dieta es la renta vitalicia que la ley de 2000 sobre el estatuto de los expresidentes les garantiza, equivalente a la de un parlamentario. Está amparada por una norma permanente y no puede recortarse en la Ley de Presupuestos. Esa no se tocó.

Las asignaciones son los recursos adicionales para oficinas, personal y traslados. No están fijadas en una ley permanente: dependen de lo que apruebe cada año el Congreso en el presupuesto y de acuerdos internos del Senado, que es quien las paga. Son esas las que la Cámara rechazó.

Boric, 40 años y de por vida

El debate tiene un nombre propio. Gabriel Boric dejó La Moneda en marzo con 40 años de edad. Desde entonces recibe la dieta vitalicia y, hasta ahora, las asignaciones, beneficios que podría mantener durante décadas.

A eso se suma una crítica que ha crecido en el oficialismo: el uso político de esos recursos. La bancada UDI presentó una indicación para prohibir que las asignaciones de los expresidentes se usen con fines proselitistas, tras el protagonismo político que han asumido Boric y Bachelet. Los expresidentes, argumentan, rompieron la tradición de mantenerse al margen de la contienda partidista, mientras sus oficinas y traslados los sigue pagando el Estado.

No es la primera vez

Hay que ser prudentes. El año pasado, durante la discusión del Presupuesto 2026, la Cámara también rechazó estas asignaciones. Pero en el resto de la tramitación, el gobierno de entonces logró reponer los fondos, y los recursos para los expresidentes terminaron sin recortarse.

Por eso, la votación del martes es una señal importante, pero no definitiva. El Presupuesto 2027 sigue su tramitación en el Senado, que paga estas asignaciones y donde los expresidentes tienen más aliados. Si hay diferencias, la decisión final quedará en una comisión mixta.

La dignidad del cargo

Quienes defienden las asignaciones sostienen que un expresidente sigue siendo una figura pública, que recibe invitaciones, representa al país en el extranjero y necesita un equipo mínimo para atender esas obligaciones. Es un argumento razonable, y en muchos países los exmandatarios cuentan con apoyos de ese tipo.

Pero hay una diferencia entre representar al país y hacer política partidista. Cuando un expresidente usa su oficina para posicionarse en la contienda política, ya no está ejerciendo un rol de Estado: está haciendo campaña. Y eso no deberían pagarlo los contribuyentes.

Además, la dieta vitalicia, de más de 7 millones de pesos al mes, ya es un ingreso suficiente para cubrir una oficina modesta y los traslados de cualquier persona. La mayoría de los chilenos vive con una fracción de esa cifra.

Lectura editorial

VDI Global respalda la decisión de la Cámara. En un país con casi 10 % de desempleo, camioneros en paro por el precio del combustible y un Estado que pide austeridad a todos, no hay justificación para que los expresidentes reciban, además de una dieta vitalicia generosa, millones de pesos mensuales para oficinas, personal y traslados.

La dieta está bien: es el reconocimiento que la República hace a quienes la dirigieron y les permite vivir con dignidad sin depender de intereses privados. Pero las asignaciones son otra cosa. Son un privilegio que se fue acumulando sin una ley que lo respalde, que se paga gracias a acuerdos internos del Senado y que hoy financia, en algunos casos, la actividad política de exmandatarios que no han dejado la primera línea.

El mensaje es simple: se les acabó la gratuidad. Si un expresidente quiere tener oficina, asesores y viajar por el país o por el mundo, que lo pague con su dieta, como lo hace cualquier chileno con su sueldo. Y si quiere hacer política, que la financie como cualquier otro actor político, no con la plata de todos.

Ahora la pelota está en el Senado. Los senadores tienen la oportunidad de demostrar que la austeridad que piden a los chilenos también vale para la élite política. Si reponen los fondos, como ocurrió el año pasado, el país sabrá quiénes defienden los privilegios.

Lo que viene

El Presupuesto 2027 continúa su tramitación en el Senado, donde se discutirá la partida del Congreso Nacional. Si el Senado repone las asignaciones, la decisión pasará a una comisión mixta. La ley debe estar despachada antes de fin de mes. En paralelo, sigue pendiente en el Congreso el proyecto que busca reformar el estatuto de los expresidentes, incluida la edad para recibir la dieta.