Cuando la fiscal Constanza Encina y funcionarios de la PDI ingresaron al Congreso Nacional en octubre de 2024, en el marco de una causa que involucraba al entonces diputado Joaquín Lavín León (UDI en ese momento), había que retroceder 16 años para encontrar un hecho similar: el allanamiento al entonces diputado Maximiano Errázuriz (RN), según explicó el secretario de la Cámara, Miguel Landeros. Esta columna, que ya documentó extensamente la investigación por coimas en Junaeb desde sus primeras aristas, confirma ahora, con el expediente completo, que aquello que en 2024 parecía una excepción histórica de 16 años se ha convertido, en menos de dos años, en un patrón que se repite: los fraudes suman y siguen, y esta vez el Congreso vuelve a quedar en el centro de la escena.

Los 14 imputados y las 112 cuentas bancarias

Esta columna reproduce, con la precisión numérica que exige este expediente, el alcance completo de esta causa: la investigación cuenta con 14 imputados, y se autorizaron diligencias intrusivas en ocho domicilios y 112 cuentas bancarias distintas. Esta columna considera que estas cifras confirman que esta investigación no es un hecho aislado, sino la continuación de un ciclo de fraudes al erario público que, lejos de detenerse tras el caso Lavín León de 2024, sigue sumando episodios con una frecuencia que ya no puede calificarse de excepcional.

El mecanismo: información reservada a cambio de favores

Esta columna reproduce, con la literalidad que exige la resolución judicial de la jueza Francisca Patricia Fell, la caracterización jurídica exacta de esta red: "dichos antecedentes dan cuenta de un mecanismo sostenido en el tiempo, a través del cual se intercambiaba información reservada, se instruía la ejecución de determinados actos administrativos en favor de un particular, se gestionaba la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada y se presionaba por la remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización, a cambio de beneficios económicos y de índole laboral". Esta columna considera que esta descripción confirma, una vez más, que el fraude a los recursos públicos en Chile no es un fenómeno esporádico, sino un patrón estructural que sigue sumando nuevos episodios mientras las instituciones tardan años en desarticularlo por completo.

"Incluso miembros del Congreso Nacional": la propia resolución lo confirma

Esta columna considera revelador que la propia resolución judicial incluya, entre los responsables del esquema, a "miembros de la gerencia y del directorio de la empresa Soser S.A., lobistas informales, funcionarios de Junaeb, e incluso miembros del Congreso Nacional", respecto de personas naturales y jurídicas vinculadas a la comisión de delitos de cohecho, soborno, revelación de secreto, tráfico de influencias y lavado de activos, además del estatuto de responsabilidad penal de la persona jurídica respecto de Soser S.A.

Los senadores bajo la lupa: Gahona y Calisto, sumando una segunda causa cada uno

Esta columna considera indispensable el antecedente que confirma, con la mayor claridad, por qué esta cobertura habla de fraudes que "suman y siguen": los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente-Demócratas) ya se encontraban investigados en otra causa por fraude al fisco, según esta misma columna ya documentó. Que ambos parlamentarios acumulen ahora una segunda causa penal simultánea, esta vez vinculada a coimas en Junaeb, confirma exactamente el patrón acumulativo que titula esta cobertura: no son investigaciones aisladas, sino expedientes que se suman uno tras otro sobre las mismas figuras políticas.

Se incautaron aparatos tecnológicos a Gahona, Calisto y al exdiputado Gutiérrez

Esta columna reproduce, con la precisión técnica que exige este operativo, el detalle de las diligencias específicas: se incautaron aparatos tecnológicos a los senadores Gahona y Calisto, y al exdiputado Hugo Gutiérrez (PC). Ya durante junio se habían visado tres medidas intrusivas diferentes, siendo necesario, precisar y detallar, que la revisión de los teléfonos celulares incautados —debidamente autorizada— hallaron antecedentes graves que permiten presumir la comisión de delitos de cohecho, soborno, revelación de secreto, tráfico de influencias y lavado de activos, respecto de personas naturales y jurídicas vinculadas a la empresa Soser S.A. en la ejecución de contratos de licitación pública, relativos a la prestación de servicios de alimentación a distintos establecimientos educacionales de la Región de O'Higgins.

Los investigados niegan: "estoy tranquilo", "nunca he sido objeto de coima"

Esta columna reproduce, con la misma fidelidad que exige cualquier declaración de defensa, las palabras textuales de los propios investigados. El senador Gahona sostuvo: "estoy tranquilo. He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad". El exdiputado Hugo Gutiérrez fue igualmente enfático: "siempre perseguí la corrupción y tuve la activa preocupación por el buen funcionamiento de la Junaeb, particularmente por la alimentación de nuestros niños y niñas (...) quiero ser enfático que nunca he sido objeto de coima ni tampoco nadie me ha coimeado". La defensa del senador Calisto, a cargo del abogado Nelson Salas, evitó referirse al hecho. La propia empresa Soser S.A. declaró: "manifestamos una vez más nuestra completa disposición a colaborar con la investigación y a entregar toda la información requerida para esclarecer los hechos".

Un segundo fraude dentro del mismo expediente: cinco funcionarios que omitieron una denuncia

Esta columna considera que el hallazgo más grave de todo este expediente, y el que confirma con mayor fuerza que los fraudes efectivamente suman y siguen dentro de una misma institución, es un segundo eje de esta misma investigación: cinco funcionarios de Junaeb, entre ellos la exdirectora nacional Camila Rubio, omitieron una denuncia pese a existir una orden judicial expresa que los obligaba a presentarla. Según reconstruye esta columna a partir de los documentos judiciales, los antecedentes de la denuncia original de un juzgado de San Fernando daban cuenta de que se había instruido una investigación contra Rubio porque "la directora del programa alimentación estudiantil solicitaría a las manipuladoras informarle más raciones de las que se preparan a diario, y que luego los funcionarios se repartirían aquellos alimentos sobrantes, por así decirlo, del programa de alimentación".

La resolución judicial es categórica sobre el incumplimiento de ese deber legal: "se puede presumir fundadamente que la directora del programa alimentario estudiantil, Pedro Bello Villablanca, Germán Labbé Espinosa, Marcelo Camiruaga Medina, Camila Rubio Araya y Karen Espinoza Vargas tomaron conocimiento efectivo del oficio remitido por el 2° Juzgado de Letras de San Fernando y que, no obstante, omitieron dar cumplimiento a su deber legal de denuncia dentro del plazo".

El actual director de Junaeb: "no podemos descartar nada"

El actual director de Junaeb, Fernando Peña, fue explícito sobre la centralidad de Camila Rubio en esta trama: "ella es una pieza fundamental en la investigación que está llevando la fiscal Encina y será la justicia que determine la responsabilidad que le cabe a todo esto". Y advirtió, sobre el resto del país: "no podemos descartar nada, porque seguimos auditando distintos contratos y licitaciones. Este es un proceso complejo y lento" —una frase que esta columna considera confirma, con la voz de la propia autoridad a cargo, que este expediente probablemente no será el último.

Lectura editorial: un ciclo de fraudes que ya no puede llamarse excepción

Esta columna considera que este expediente confirma, con evidencia judicial difícil de rebatir, que el fraude a los recursos públicos en Chile dejó de ser el hecho excepcional que representó en 2024 el caso Lavín León —cuando hubo que retroceder 16 años para encontrar un precedente comparable—, y se ha convertido en un patrón que suma nuevos episodios con una frecuencia alarmante. Que el propio director actual de Junaeb reconozca que "no podemos descartar nada" mientras la auditoría de contratos y licitaciones continúa a nivel nacional, confirma que esta columna no exagera al titular esta cobertura con la advertencia de que los fraudes siguen sumándose.

Esta columna exige que ambos ejes de esta investigación —el de las coimas parlamentarias y el del encubrimiento funcionario por parte de la propia exdirectora del gobierno anterior— se persigan con el máximo rigor y celeridad, sin que la envergadura política de involucrar a senadores en ejercicio retrase, ni un solo día, el avance de la justicia.

Conclusión: mientras la auditoría continúe, seguirán apareciendo nuevos casos

Esta columna concluye que este expediente confirma que Chile enfrenta hoy un problema estructural de fraude a los recursos públicos que trasciende ampliamente un caso puntual, y que la propia autoridad de Junaeb ya anticipa que la lista de irregularidades podría seguir creciendo. VDI Global seguirá de cerca cada nuevo capítulo de esta investigación, en la certeza de que, como confirma el propio título de esta cobertura, los fraudes suman y siguen.