Después de una semana de vacilaciones, desmarques y declaraciones cruzadas, la UDI eligió un lado. Su Comisión Política rechazó por unanimidad la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y lanzó una dura ofensiva contra la oposición: acusó a la extrema izquierda y a los partidos del Socialismo Democrático de usar el dolor de las víctimas de abuso sexual infantil para dañar al gobierno de José Antonio Kast. Es la señal de lealtad que La Moneda pedía. Pero hay un problema: según trascendidos, cerca de la mitad de los 19 diputados de la bancada aún no se compromete a votar en contra del libelo.

La declaración

El texto aprobado por la Comisión Política es uno de los más duros que ha emitido el partido en lo que va del gobierno.

La UDI sostuvo que, en lugar de actuar con la responsabilidad que exige un tema de esta gravedad, las bancadas de extrema izquierda y los partidos del Socialismo Democrático optaron por una ofensiva política que, a su juicio, refleja desprecio por el sufrimiento de los menores y sus familias.

El partido advirtió que la acusación puede convertirse en una de las actuaciones más mezquinas del sector opositor, y acusó a sus impulsores de instrumentalizar el dolor ajeno con el único propósito de infligir un daño político al gobierno. Recordó que el fin nunca justifica los medios.

El golpe al Socialismo Democrático

El blanco principal fue el centroizquierda. La UDI acusó a los partidos del Socialismo Democrático, entre ellos el Partido Socialista, de haberse dejado arrastrar por la imprudencia de la izquierda más radical, y los calificó como «vagones de cola» de ese sector.

Para reforzar su argumento, el partido recordó que un diputado del Partido Comunista votó en contra de una ley para impedir que los violadores de menores puedan volver a salir en libertad. Renovación Nacional, por su parte, ya había emplazado al PC a respaldar una solución legislativa.

El llamado

La UDI sostuvo que no existen antecedentes jurídicos que justifiquen la destitución del ministro. Llamó a todos los sectores a rechazar la acusación y a concentrar sus esfuerzos en medidas concretas para evitar que una situación así vuelva a ocurrir. Y concluyó que el dolor de las víctimas debe ser respetado y atendido con soluciones, no convertido en una herramienta de confrontación.

El problema de la bancada

La declaración de la directiva contrasta con lo que ocurre en la Cámara. Según trascendidos, cerca de la mitad de los 19 diputados de la UDI aún no se compromete a rechazar la acusación.

Varios de los que dudan son independientes que integran la bancada, como Hotuiti Teao, Marlene Pérez y Macarena Santelices, sobre quienes el partido no tiene herramientas de disciplina. Teao llegó a decir que, si hoy se votara, apoyaría la acusación. Y la exalcaldesa Evelyn Matthei, militante del partido, dijo públicamente que la votaría a favor. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lo calificó como una opinión personal.

La unanimidad de la Comisión Política es, por lo tanto, una declaración de principios. Falta saber si se convertirá en votos.

El contexto

La oposición necesita 78 votos en la Cámara para aprobar la acusación. Con unos 64 propios, el resultado depende del Partido de la Gente, que anunció que votará en bloque, y de los posibles descolgados del oficialismo. Al mismo tiempo, La Moneda prepara un cambio de gabinete que, según trascendidos, podría incluir la salida del propio Rabat. La Fiscalía mantiene al ministro como imputado por presunta prevaricación administrativa. Rige plenamente la presunción de inocencia.

Lectura editorial

La UDI hizo lo que VDI Global venía planteando: dejar de vacilar y alinearse con el gobierno del que forma parte. Criticar al ministro en privado es legítimo; votar con la oposición para destituirlo es otra cosa. La declaración de la Comisión Política pone al partido del lado correcto de esa línea.

Hay que reconocer también que el argumento de fondo tiene peso. La acusación constitucional es una herramienta para sancionar infracciones a la Constitución o la ley, no para castigar errores de gestión, por graves que sean. El gobierno se equivocó con los decretos, el Presidente lo reconoció y el subsecretario responsable ya salió. Si el ministro cometió una ilegalidad, lo determinará la Fiscalía con pruebas. Convertir una acusación en un juicio político por el costo de un error sienta un precedente que, mañana, podría usarse contra cualquier gobierno.

Pero la UDI debe cuidar el tono. Acusar a la oposición de despreciar a las víctimas puede ser eficaz en una declaración, pero empobrece un debate que ya está cargado de dolor. Ningún sector tiene el monopolio de la indignación ante el abuso de menores, y las víctimas no merecen ser usadas como argumento por nadie, ni para acusar ni para defender. La mejor respuesta no es el adjetivo, sino la ley: impulsar de inmediato la reforma que impida que algo así vuelva a ocurrir y emplazar a todos los partidos a votarla.

Y hay una tarea pendiente en casa. Una declaración unánime de la directiva vale poco si la mitad de la bancada no la sigue. La UDI tiene que convertir su palabra en votos, y eso exige conversación, no solo comunicados. La lealtad que el partido pide a sus diputados es la misma que el gobierno pide a la UDI. Ahora toca demostrarla en la Cámara.

Lo que viene

La oposición presentará la acusación en los próximos días. La Cámara sorteará la comisión revisora y la votación en la sala se proyecta para la segunda quincena de noviembre. En paralelo, el Presidente Kast regresa de Europa y se espera el cambio de gabinete. Cada diputado de la UDI tendrá que decidir si la unanimidad de su partido también es la suya.