El cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, de 30 años y padre de un niño de nueve meses, murió la noche de este domingo en la Clínica Las Condes, después de recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización en la población Las Dunas, en Lo Espejo. Según la Fiscalía, quien le disparó era un hombre de nacionalidad venezolana, con antecedentes policiales, que ese día habría efectuado cerca de veinte disparos con un arma de cargador extendido. Otro carabinero respondió y lo abatió en el lugar.

Lo que pasó en Las Dunas

Funcionarios de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas hacían trabajo preventivo cuando se acercaron a un grupo de unas siete personas. Uno de los hombres sacó un arma y abrió fuego. Aguilera recibió el impacto en la cabeza y fue trasladado a la Clínica Las Condes, donde ingresó cerca de las 17:30 con un traumatismo encefalocraneano por arma de fuego. Murió a las 21:48.

El médico jefe de Cuidados Críticos, Jorge Dreyse, lo confirmó con una frase corta: un nuevo mártir de Carabineros. El general subdirector Enrique Monrás usó las mismas palabras. La institución, en su comunicado, habló de un funcionario "cobardemente asesinado".

La Fiscalía levantó una treintena de evidencias balísticas y periciará el arma. Con lo reunido hasta ahora, el atacante aparece como la única persona involucrada en la secuencia de disparos.

El hombre que ya había pasado por la policía

Aquí está lo más grave de la historia. El fiscal Cheuquiante explicó que el sujeto tenía detenciones anteriores por porte de arma cortante y por cohecho. Cooperativa agrega un detalle: el 13 de abril lo detuvieron en una fiesta clandestina en Pirque, donde se incautaron armas de fuego y drogas. En esa ocasión intentó sobornar a los funcionarios para evitar el arresto. Igual quedó libre por resolución judicial.

Emol, por su parte, informó que se trataba de un extranjero en situación migratoria irregular. Ese dato aparece atribuido a los antecedentes que maneja Carabineros y falta que lo confirme la investigación.

Consultado sobre por qué ese hombre circulaba por la calle con esos antecedentes, el fiscal respondió que "son antecedentes que se están recabando". Es la pregunta que hoy no tiene respuesta oficial.

Un funcionario de 30 años

Cristopher Aguilera patrullaba Las Dunas, un sector difícil de Lo Espejo. Tenía un hijo de nueve meses y estaba casado. Murió haciendo lo que hacen todos los días los carabineros: parar a un grupo sospechoso en la vía pública. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue a la clínica a acompañar a la familia.

Kast pidió acelerar, y el Congreso tiene un antecedente reciente

El Presidente reaccionó esa misma noche con un mensaje directo al Legislativo: "le pido al Congreso que aceleremos el paso".

El contexto pesa. Hace pocos días la Cámara rechazó, por un solo voto, el proyecto que ampliaba el plazo de detención de migrantes con orden de expulsión: 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. Dos diputados que habían anunciado su apoyo en la sala terminaron sin votar, y seis del PDG se abstuvieron. Conviene ser precisos: hasta ahora no se sabe si este hombre tenía una orden de expulsión, así que no corresponde afirmar que ese proyecto lo habría sacado de circulación. Lo que sí se puede decir es que el país acaba de ver cómo se cae, por un voto, una herramienta de control migratorio, y a los pocos días muere un carabinero a manos de alguien con este historial.

Lectura editorial

Hay dos responsabilidades y no se mezclan. La primera es de quien apretó el gatillo, y esa ya no se juzga en tribunales porque murió en el lugar. La segunda es de un sistema que tuvo a este hombre en su poder en abril, con armas y drogas incautadas, con un intento de soborno de por medio, y lo devolvió a la calle.

Dejamos algo claro para que nadie lo tergiverse: lo que hizo un individuo no lo hace un pueblo. La culpa es del hombre que disparó y de las decisiones que permitieron que siguiera armado. Los cientos de miles de venezolanos que trabajan, pagan arriendo y crían hijos en Chile no cargan con esto, y quienes intenten usar la tragedia para eso hacen un flaco favor a la causa de fondo.

Y la causa de fondo es el control. Chile necesita saber quién entra, quién se queda, y qué pasa con quienes son detenidos con un arma en la mano y quedan libres a las pocas horas. Si un juez lo dejó salir, el país tiene derecho a conocer los fundamentos. Si hubo una falla de coordinación entre Fiscalía, tribunales y Extranjería, hay que nombrarla. Y si el Congreso rechazó por un voto una herramienta migratoria semanas antes, los parlamentarios que se abstuvieron o no votaron deberán mirar de frente a la familia de Aguilera.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio Público explique por qué este hombre estaba en libertad tras la detención del 13 de abril y qué resolvió el tribunal, con nombre del juez y fundamentos.
• Que se transparente su situación migratoria exacta: fecha de ingreso, si tenía o no procesos de expulsión abiertos y en qué estado.
• Que la Cámara reponga con urgencia real el proyecto de expulsiones, y que cada diputado vote a la vista de todos, sin abstenciones de trámite.
• Que el Gobierno informe qué medidas concretas adoptará para proteger a las patrullas en sectores como Las Dunas.

Cristopher Aguilera dejó un hijo que todavía no habla. Lo mínimo que le debe el Estado es una explicación clara de cómo llegó ese hombre armado hasta esa esquina.