La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó que el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tiene la calidad de imputado en la investigación por presuntas irregularidades en nombramientos judiciales. "Tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas", precisó. La oposición exige su salida del cargo y el Gobierno, lejos de cerrar filas, respondió con una fórmula de manual.

Qué se confirmó, y qué no

Ser imputado significa que una persona es investigada. No significa que haya sido acusada, formalizada ni, menos, condenada. La propia fiscal lo dijo: las causas no están formalizadas.

La investigación apunta a una eventual influencia indebida en nombramientos judiciales. Según la declaración del abogado Luis Hermosilla, Zaliasnik habría mantenido comunicaciones con él y con Samuel Donoso sobre candidatos, y habría tenido más acceso que el propio Hermosilla a ministros de cortes de apelaciones. Esa declaración, hasta ahora, es lo que la defensa deberá enfrentar y lo que la Fiscalía deberá probar. Hermosilla, además, está siendo investigado en otras causas, y lo que dice sobre terceros no es una sentencia.

El abogado defensor de Zaliasnik, Jorge Gálvez, está a cargo de su caso.

Lo que pide la oposición

La presidenta del Frente Amplio, Emilia Schneider, exigió su salida y lo llamó "un activista de Israel". El diputado socialista Daniel Manouchehri y la senadora socialista Daniella Cicardini también pidieron su renuncia.

Conviene mirar con atención esa frase. Que a un embajador se le descalifique por ser "activista de Israel" dice más de quien lo afirma que del cuestionado. El embajador representa a Chile ante Israel. Quien se lo reprocha, ¿habría pedido lo mismo si tuviera la misma situación judicial y estuviera destinado en otro país?

La respuesta del Gobierno

El canciller Francisco Pérez Mackenna y el ministro Claudio Alvarado respondieron que los cargos de confianza "están siempre siendo evaluados". No defendieron a Zaliasnik ni anunciaron su salida. En junio, el Gobierno había dejado abierta la posibilidad de retirar el nombramiento si el embajador era formalizado. Eso no ha ocurrido.

Lectura editorial

La presunción de inocencia no se negocia con las encuestas ni con los tuits. Mientras no haya formalización, y menos condena, el Estado de derecho exige esperar. Ese principio vale para Zaliasnik como vale para cualquier otro chileno.

Al mismo tiempo, un embajador con una investigación abierta es un flanco, y el Gobierno lo sabe. Lo que no puede hacer es administrarlo con la ambigüedad de "lo estamos evaluando". Le debe a Chile, y al propio Zaliasnik, un criterio claro: se mantiene mientras no sea formalizado, o se lo retira. Cualquiera de las dos decisiones es defendible. La indefinición no lo es.

Y a la oposición hay que decirle algo simple: pedir la salida de un funcionario por lo que ha dicho un tercero investigado, y por una supuesta militancia, no es defender las instituciones.

Conclusión

Hoy hay un imputado sin formalizar, un testimonio por probar y un Gobierno que no se decide. La próxima semana puede haber más información. Mientras tanto, lo único que se sabe con certeza es lo que dijo la fiscal.