Este 28 de agosto se cumplen seis meses desde que Estados Unidos e Israel bombardearon instalaciones nucleares iraníes, desatando un conflicto que remeció la economía mundial y que, según reconstruye Emol, no dejó a Chile exento de sus efectos. La consecuencia más visible para los hogares chilenos llegó a fines de marzo, cuando la interrupción del tráfico energético en el estrecho de Ormuz disparó el precio internacional del petróleo y el Gobierno de José Antonio Kast decidió traspasar íntegramente esa alza a los precios locales, en lo que se conoció como el "bencinazo".

Para VDI Global, este episodio exige un análisis en dos planos que conviene no confundir: por un lado, la legitimidad y necesidad de la acción de Israel y Estados Unidos contra el programa nuclear iraní, que este medio ha respaldado sin ambigüedades; por otro, el costo económico real que ese conflicto —como cualquier conflicto de esta magnitud en una región tan relevante para el mercado energético mundial— terminó imponiendo sobre economías importadoras de combustibles como la chilena.

Los números del "bencinazo"

El jueves 26 de marzo se registró el mayor salto de precios de combustibles en la historia reciente de Chile: cerca de $372 por litro en la gasolina de 93 octanos y unos $580 en el diésel. El expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara explicó que el impacto fue más allá de encarecer el llenado del estanque: según su análisis, las expectativas económicas de los consumidores sufrieron una caída muy pronunciada a mediados de marzo, en gran medida porque los combustibles representan una porción significativa del gasto de los hogares y su alza afecta directamente el ingreso disponible de las familias.

El economista Juan Ortiz, del OCEC-UDP, cuantificó el fenómeno: antes del shock, las proyecciones de inflación para 2026 estaban relativamente alineadas con la meta del 3% del Banco Central. Tras el alza de marzo, esas expectativas se instalaron persistentemente en torno al 4%. Según sus cálculos, cerca de un cuarto de la inflación acumulada durante 2026 hasta julio se explica directamente por el alza de la gasolina y el diésel.

Recesión técnica y el debate sobre la respuesta de política económica

El Banco Central confirmó esta semana que el PIB cayó 0,2% interanual en el segundo trimestre, tras una caída revisada de 0,3% en el primero, dejando a la economía en recesión técnica con dos trimestres consecutivos de contracción. La minería retrocedió 6,4% y también cayeron pesca, construcción, transporte, el sector agropecuario-silvícola, la industria manufacturera, los servicios empresariales y la administración pública.

El exministro de Hacienda Mario Marcel puso el acento en el deterioro de expectativas más que en el alza directa de precios como principal motor de la debilidad de abril, mayo y junio, señalando que las encuestas de esos meses retrotrajeron las expectativas de los consumidores a niveles de al menos dos años atrás. Por su parte, el también exministro Nicolás Grau fue más crítico con la respuesta del actual Gobierno, sosteniendo que el rol de la política macroeconómica frente a un shock externo negativo es amortiguar su impacto sobre la actividad, el empleo y los sectores más vulnerables, y que a su juicio eso no ocurrió en esta oportunidad.

La defensa del Gobierno

Desde el Ejecutivo, Tomás Bunster, coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, relativizó la magnitud del impacto inflacionario de los combustibles, sosteniendo que ha sido considerablemente menor al que se anticipaba originalmente y que el traspaso hacia la canasta básica y los alimentos también resultó acotado. El economista Óscar Monett, de Faro UDD, aportó un matiz técnico adicional: a su juicio, el principal canal de impacto en Chile no proviene directamente del precio internacional del petróleo, sino del mecanismo de traspaso del Mepco, que hoy transmite esos precios al consumidor con mayor volatilidad. Monett advirtió, además, que la combinación de mayores costos con dos trimestres de crecimiento negativo deja a las empresas sin margen para traspasar completamente esos costos a sus precios, presionando sus utilidades.

La brecha entre el precio local y la referencia internacional del diésel se mantiene, según cifras del propio Ministerio de Hacienda, en torno a $250 por litro, lo que deja abierta la puerta a nuevas alzas si las condiciones internacionales no se revierten.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de traspasar íntegramente el precio internacional del petróleo a los consumidores locales, en lugar de subsidiar artificialmente los combustibles, es la decisión técnicamente correcta desde una perspectiva de responsabilidad fiscal y de funcionamiento eficiente de los mercados. Los subsidios generalizados a los combustibles distorsionan precios, generan gasto fiscal regresivo —porque terminan beneficiando proporcionalmente más a quienes más consumen— y postergan artificialmente el ajuste que tarde o temprano la economía debe hacer frente a un shock externo real.

Dicho eso, este medio reconoce, con el mismo rigor técnico que exige a cualquier gobierno, que la crítica de Nicolás Grau sobre la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables frente a un shock de esta magnitud merece una respuesta seria por parte del Ejecutivo. No se trata de revertir la decisión de traspasar los precios —que este medio respalda—, sino de evaluar si existen mecanismos focalizados, como subsidios directos a los sectores de menores ingresos o al transporte público, que permitan amortiguar el impacto sin distorsionar la señal de precios para el conjunto de la economía.

Es importante, además, no perder de vista el origen de este shock: la guerra contra el programa nuclear iraní fue una acción necesaria para la seguridad de Israel y de la región, y sus costos económicos globales —incluido el impacto sobre Chile— son el precio que el mundo paga por enfrentar una amenaza real, no el resultado de una decisión arbitraria. Ese costo, sin embargo, no debe ser motivo para que el Gobierno se exima de diseñar la mejor respuesta posible de política económica interna frente a sus efectos.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio de Hacienda evalúe mecanismos focalizados de apoyo a los hogares de menores ingresos y al transporte público, sin renunciar al traspaso completo de los precios internacionales de combustibles.
• Que el Banco Central y Hacienda transparenten sus proyecciones actualizadas de inflación y crecimiento para lo que resta de 2026, considerando la persistencia de la brecha de precios del diésel respecto de su referencia internacional.
• Que se profundice el debate técnico sobre el mecanismo del Mepco, dado que, según plantea el economista Óscar Monett, buena parte de la volatilidad que enfrenta el consumidor chileno proviene de ese mecanismo de traspaso y no directamente del precio internacional del petróleo.

Conclusión

Seis meses después del inicio del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, sus efectos económicos siguen sintiéndose en Chile: recesión técnica, inflación por sobre lo proyectado y una brecha de precios de combustibles que todavía no se cierra. Para VDI Global, la legitimidad de la acción contra el programa nuclear iraní no está en discusión, pero corresponde exigir al Gobierno de José Antonio Kast que complemente su correcta decisión de traspaso de precios con una respuesta focalizada que proteja a los sectores más vulnerables frente a un shock que, aunque externo, ya lleva medio año golpeando los bolsillos de las familias chilenas.