La escena fue breve, tensa y elocuente. En la Ruta 68, a la altura de Pudahuel, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se plantó frente a los camioneros que bloqueaban la vía hacia la costa y les dijo lo que millones de chilenos querían escuchar: «Usted no puede llegar y cortar una ruta». Fue la advertencia más directa del gobierno desde que comenzó el paro indefinido convocado por una fracción minoritaria del gremio. Pero la respuesta de los manifestantes fue igual de clara: no se iban a mover. Y en paralelo, el biministro de Economía, Daniel Mas, admitió que en algún momento habrá que despejar las carreteras, sin decir cuándo ni cómo. El gobierno ya dijo lo correcto. La pregunta ahora es si está dispuesto a hacerlo.

La escena en la Ruta 68

Los camioneros se instalaron a la altura de Ciudad de los Valles, en Pudahuel, frente a una estación de servicio, y bloquearon parcialmente la Ruta 68 en dirección a la costa, dejando una sola pista habilitada para la principal vía entre Santiago y Valparaíso.

Hasta allí llegó el delegado Germán Codina, quien protagonizó un tenso diálogo con Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile. Según el relato de BioBioChile, Codina explicó que su presencia tenía por objeto garantizar el orden público, y que manifestarse interrumpiendo el tránsito no era correcto porque perjudicaba al resto de las personas.

Los manifestantes pidieron que el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, llegara al lugar para negociar. Codina respondió que había ido a trabajar con ellos para facilitar la circulación y que no se comprometería más allá de sus atribuciones.

Bernales advirtió que venían más camiones en camino y pidió que el subsecretario interviniera antes de que eso ocurriera. Horas después, tras un nuevo diálogo con el delegado, los camioneros anunciaron que no se moverían de la ruta.

La advertencia de Mas

En paralelo, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado en una radio sobre si el gobierno seguiría negociando o despejaría las carreteras. Su respuesta fue que «en algún momento habrá que despejar las carreteras», aunque lo primero ha sido dialogar.

Mas no precisó cuándo podría adoptarse esa medida ni anunció una intervención policial. Insistió en el llamado al diálogo y en el costo económico del paro: con los niveles de desempleo actuales, dijo, el país necesita más actividad, no menos.

El ministro también marcó una distinción importante. Explicó que el gobierno mantiene conversaciones desde comienzos de año con las principales organizaciones del transporte de carga, las de Sergio Pérez y Juan Araya, y que el paro responde a grupos locales. Agregó que equipos de Hacienda, Transportes y Economía trabajan para alcanzar acuerdos.

La oferta del gobierno

El gobierno ha puesto sobre la mesa varias medidas para contener el alza del diésel. Anunció que el aumento de este jueves 12 de noviembre se limitará a 40 pesos por litro, y según BioBioChile, el Ejecutivo propone además limitar las alzas futuras a 20 pesos por litro. Impulsa también un proyecto de ley para que los camioneros puedan ajustar sus tarifas según el precio del combustible.

El contexto internacional, además, podría ayudar. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó esta semana que la guerra con Irán está prácticamente terminada tras una reunión en Qatar, lo que hizo caer el precio del petróleo. Si esa tendencia se consolida, la presión sobre el diésel podría aliviarse en las próximas semanas.

Los convocantes del paro, sin embargo, consideran insuficientes las medidas.

Un paro que no representa al gremio

Hay que repetirlo, porque es la clave del conflicto: este paro no representa al gremio de los camioneros. Las dos principales confederaciones, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), no adhirieron. La asociación gremial Chile Transporte pidió al gobierno restablecer la circulación. Y en regiones, organizaciones como la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno se desmarcaron y apostaron por el diálogo.

El paro fue convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, con apoyo de la Confederación Centro-Sur y de agrupaciones locales como la que encabeza Bernales en la Ruta 68. Son grupos con demandas reales, pero que no hablan por el conjunto del sector.

Eso cambia la naturaleza del problema. El gobierno no enfrenta una rebelión del transporte de carga, sino a grupos minoritarios que han optado por la presión en la carretera mientras la mayoría del gremio negocia.

Las palabras y los hechos

La frase de Codina tiene el valor de lo evidente. Nadie puede llegar y cortar una ruta. Es una regla básica de convivencia, que protege a quienes necesitan llegar a su trabajo, a los enfermos que deben ir a un hospital, a los productores que despachan su carga y a los propios camioneros que decidieron seguir trabajando.

Pero las palabras tienen un límite. Cuando una autoridad advierte que algo no se puede hacer, y quienes lo hacen responden que no se moverán, la autoridad queda ante una disyuntiva: o hace cumplir lo que dijo, o pierde credibilidad.

Eso es lo que hoy está en juego. El gobierno de José Antonio Kast llegó al poder con la promesa del orden. Sus votantes esperan que esa promesa se cumpla también en la carretera. La declaración de Mas, que habla de despejar «en algún momento», refleja una prudencia comprensible, pero también una ambigüedad que los manifestantes pueden leer como debilidad.

Lo que dice la ley

Bloquear una vía pública no es un derecho. Las normas chilenas sancionan la interrupción del tránsito, y la autoridad tiene facultades para restablecer la circulación a través de Carabineros. En casos graves, que afecten el abastecimiento o la seguridad, la legislación contempla herramientas más severas, como la Ley de Seguridad del Estado, que fue utilizada por el gobierno anterior en el paro de camioneros de 2022.

El derecho a manifestarse está garantizado, pero no incluye el derecho a impedir que los demás circulen. Esa distinción es la que Codina expresó en la Ruta 68.

El riesgo de premiar el bloqueo

El mayor riesgo para el gobierno no es la paralización en sí, sino el mensaje que deja su resolución. Si los grupos que bloquearon las carreteras obtienen más que las organizaciones que optaron por el diálogo, el incentivo será perverso: la próxima vez, todos bloquearán.

Por eso, la negociación debe hacerse con las organizaciones representativas del sector. Las medidas que se acuerden deben beneficiar a todo el gremio, y no aparecer como una concesión a quienes paralizaron las rutas.

Lectura editorial

VDI Global valora la claridad de Germán Codina. En un gobierno al que se le ha criticado su falta de oficio político, el delegado mostró algo que hacía falta: presencia en el terreno, firmeza en el mensaje y respeto por los manifestantes. Fue a la Ruta 68 a dar la cara, explicó los límites y no prometió lo que no podía cumplir. Eso es autoridad.

Pero la autoridad no se agota en la palabra. Una advertencia que no se cumple es peor que no haberla dado, porque enseña a los que bloquean que pueden desafiar al Estado sin consecuencias. El gobierno tiene que decidir, y rápido, en qué momento la paciencia se convierte en permisividad.

El camino correcto tiene dos carriles. En el primero, el diálogo con las organizaciones representativas, la CNDC y la CNTC, para acordar medidas de fondo frente al costo del combustible, que beneficien a todo el sector. En el segundo, la restitución del orden en las carreteras, con proporcionalidad, con diálogo previo, pero con decisión. Ambas cosas no son contradictorias: son las dos caras de un gobierno que respeta las demandas legítimas y, al mismo tiempo, hace respetar la ley.

El gobierno prometió orden. La frase de Codina lo recordó. Ahora debe cumplirse.

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Lo que viene

Los camioneros de la Ruta 68 anunciaron que no se moverán y esperan la llegada del subsecretario de Transportes. En Biobío, los manifestantes advierten posibles bloqueos de puertos. El jueves 12 de noviembre entra en vigencia la nueva alza del diésel, limitada a 40 pesos. Y el gobierno deberá definir si mantiene la vía exclusiva del diálogo o si, como advirtió el ministro Mas, llega el momento de despejar las carreteras.