El paro de camioneros terminó su segundo día sin acuerdo. La reunión del martes por la tarde entre el gobierno y los convocantes no logró destrabar el conflicto, y los dirigentes anunciaron que la movilización sigue en todo el país. Pero detrás del bloqueo de carreteras hay una historia más profunda: la de un gremio partido en dos. De un lado, Fuerza del Norte y la Confederación Centro-Sur, que optaron por la presión en la ruta. Del otro, las dos grandes confederaciones históricas, la CNTC de Sergio Pérez y la CNDC de Juan Araya, que se negaron a sumarse y privilegian el diálogo. Y en medio, un fenómeno nuevo: movimientos como No Más TAG, buses interurbanos, operadores de grúas e incluso motociclistas, que transforman una demanda sectorial en algo más amplio. El conflicto ya no es solo por el diésel. Es una disputa por la representación, y el gobierno debe entenderla bien para no equivocarse.

Dos bandos

Los que convocan. La Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, encabezada por Cristián Sandoval, impulsó la convocatoria nacional. La respaldó la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, liderada por Freddy Martínez, que agrupa principalmente a pequeños y medianos transportistas. Sus exigencias incluyen medidas frente al precio del diésel, el impuesto específico a los combustibles y los cobros de TAG y peajes, además de la dificultad para traspasar el aumento de costos a las tarifas de los fletes.

Los que no convocan. La Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), históricamente encabezada por Sergio Pérez, aclaró que no había llamado a movilizaciones. Ha mantenido durante todo el año una postura de búsqueda de soluciones a través de conversaciones con las autoridades. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya, también descartó adherir, y sostiene que las dificultades del sector deben abordarse mediante acuerdos.

Los nuevos actores

Lo que distingue a este paro de otros anteriores es la incorporación de actores que no son camioneros. La convocatoria fue apoyada por el movimiento No Más TAG, representantes de buses interurbanos, operadores de grúas, transportistas de carga especializada y motociclistas.

El vocero de No Más TAG, Andrés Alarcón, fue duro con las grandes confederaciones. Tras la reunión con el gobierno, sostuvo que Pérez y Araya siempre han buscado beneficios solo para sus propias organizaciones, y que «nunca han buscado soluciones para toda la ciudadanía». Según él, el movimiento actual busca beneficios para todos los que transitan por las autopistas.

Esa ampliación tiene dos caras. Por un lado, le da al paro una base social más amplia, conectada con el malestar por el costo de vida. Por otro, diluye la naturaleza sectorial de la demanda y la convierte en una protesta difusa, con exigencias que van desde el diésel hasta los peajes urbanos.

El antecedente de 2022

Las diferencias no son nuevas. En noviembre de 2022, durante el gobierno de Gabriel Boric, un paro de camioneros se extendió por varios días para exigir más seguridad en las carreteras y una rebaja en el precio de los combustibles. Las principales confederaciones alcanzaron entonces un principio de acuerdo con el gobierno, pero Fuerza del Norte decidió mantener las movilizaciones porque consideró que los compromisos no respondían a sus demandas.

El patrón se repite: las organizaciones nacionales negocian; Fuerza del Norte presiona en la carretera.

La disputa de fondo: la representatividad

El conflicto expone una tensión que el gremio arrastra hace años. Fuerza del Norte y Centro-Sur cuestionan que las grandes confederaciones representen realmente a los pequeños propietarios y operadores independientes, que son los que más sufren el alza de costos porque no tienen espalda financiera para absorberla.

Las grandes confederaciones, en cambio, argumentan que su estrategia de diálogo ha logrado resultados concretos, como la limitación de las alzas del diésel, la posibilidad de ajustar tarifas según el precio del combustible y la atención directa del gobierno, sin perjudicar al resto del país.

Ambas tienen parte de razón. Los pequeños transportistas sí están en una situación más vulnerable. Pero la forma de defenderlos no puede ser paralizar al resto de los chilenos.

Sin acuerdo

La reunión del martes por la tarde entre el gobierno y los convocantes terminó sin acuerdo, y los dirigentes anunciaron que el paro continúa. El gobierno ya había ofrecido limitar el alza del diésel de este jueves a 40 pesos por litro e impulsar un proyecto para que los camioneros puedan ajustar sus tarifas según el precio del combustible. Para los convocantes, no basta.

En paralelo, crece la presión política. Diputados de la UDI pidieron al gobierno rebajar en 50 % el impuesto específico a los combustibles. Desde Renovación Nacional advirtieron que el gobierno no puede esperar a que haya una movilización para atender las demandas. Y los representantes de buses interurbanos anunciaron que podrían sumarse si no se les concede una reunión urgente.

El riesgo para el gobierno

El gobierno enfrenta un dilema de manual. Si cede ante quienes bloquean, deslegitima a quienes dialogaron y envía la señal de que la presión en la carretera funciona. Si no cede, el paro puede prolongarse, ampliarse a otros sectores y convertirse en un problema de orden público y de abastecimiento.

Hay además un riesgo político mayor. Cuando un conflicto sectorial se transforma en una protesta amplia contra el costo de vida, con movimientos ciudadanos, transportistas de distintos rubros y demandas difusas, puede escapar al control de cualquier negociación. Chile conoce ese riesgo.

Lo que el gobierno debería hacer

Primero, distinguir a los interlocutores. Las grandes confederaciones, que representan a la mayoría del transporte de carga y han actuado con responsabilidad, deben ser el eje de cualquier acuerdo de fondo. Premiarlas es premiar el diálogo.

Segundo, atender lo legítimo de las demandas de los pequeños transportistas. La dificultad para traspasar costos a las tarifas es real. El proyecto que permite ajustar fletes según el precio del combustible va en la dirección correcta y debería acelerarse.

Tercero, separar las demandas. Los peajes urbanos, el TAG o el impuesto específico son debates legítimos, pero no pueden resolverse bajo la presión de un bloqueo. Merecen una discusión técnica y legislativa, no una negociación en la carretera.

Y cuarto, restablecer la libre circulación. Como dijo el delegado presidencial de la Región Metropolitana, nadie puede llegar y cortar una ruta.

Lectura editorial

VDI Global cree que el paro de camioneros revela algo más importante que el precio del diésel: la fragmentación de la representación social en Chile. Las grandes organizaciones gremiales, que durante décadas canalizaron las demandas de sus sectores a través del diálogo, enfrentan hoy la competencia de grupos más pequeños, más radicales y más dispuestos a la presión directa. Ocurre en el transporte, y ocurre en muchos otros ámbitos.

Ese fenómeno exige al gobierno una conducción inteligente. No se trata de ignorar a los nuevos actores, sino de no premiar sus métodos. Las demandas de los pequeños transportistas son atendibles; el bloqueo de carreteras, no. Y la respuesta del Estado debe dejar claro que en Chile los acuerdos se construyen en la mesa, no en la ruta.

Sergio Pérez y Juan Araya pueden ser criticados por muchas cosas, pero esta vez actuaron con responsabilidad: plantearon las demandas de su sector sin paralizar al país. Si el gobierno termina concediendo a Fuerza del Norte lo que les negó a ellos, el mensaje será devastador para cualquier organización que quiera dialogar en el futuro.

La salida pasa por un acuerdo de fondo con todo el sector, construido con las organizaciones representativas, que incorpore las necesidades reales de los pequeños transportistas. Y por la restitución firme del orden en las carreteras. Ambas cosas a la vez.

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Lo que viene

El paro se mantiene en todo el país. El jueves 12 de noviembre entra en vigencia la nueva alza del diésel, limitada a 40 pesos por litro. Los buses interurbanos podrían sumarse a la movilización. Y el gobierno deberá decidir si abre una mesa con todo el sector o si, como advirtió el ministro Daniel Mas, llega el momento de despejar las carreteras.